“Nosotros vamos a pasar por la trocha, vamos a buscar la manera de seguir para Perú. Porque si nos devolvemos… ahí atrás no queda nada”, dice Robert Murillo mientras toma el desayuno que le ofrecen en un albergue, aún aturdido por el recorrido a pie que hizo entre Tumaco e Ipiales. Como él, otros mil venezolanos están varados desde el 25 de agosto, cuando entró en vigencia la exigencia de visa para entrar a Ecuador. 

A pesar de los esfuerzos para brindar un techo a esta población, 300 personas ocuparon la zona aledaña al puente internacional de Rumichaca, con la esperanza de que el gobierno ecuatoriano abriera un corredor humanitario para quienes no tienen visa. En el puente, las condiciones empeoran cada día. 

La mayoría de las familias tienen niños que sufren con las bajas temperaturas de la madrugada, solo disponen de algunos baños portátiles en horas específicas y comen gracias a fundaciones y agencias internacionales. Rodeados de carpas de la Cruz Roja, Acnur y otras agencias de la ONU, algunos conservan la esperanza de entrar regularmente a Ecuador.

Otros migrantes, principalmente los que van solos, deciden arriesgarse a cruzar por las trochas. Los coyotes aprovechan los 586 kilómetros de frontera entre los dos países y cobran entre 20 y 35 dólares cada uno  para llevarlos al lado ecuatoriano. Ante el costo del paso, muchos prefieren probar suerte y emprender solos el camino por los pasos ilegales. 

Esta carpa de la Cruz Roja se convirtió en el improvisado hogar para cerca de 300 venezolanos que quedaron estancados en Ipiales cuando entró en vigencia la nueva visa. | © BRENDA KARINA GUERRERO

En los albergues, en las trochas y en el puente, a los venezolanos los une la convicción de que a su país no regresan. Quienes asumen resignados que no entrarán a Ecuador ya hacen planes para quedarse en Ipiales. Masleidy Lizir, su esposo y sus dos hijos de 6 y 3 años, decidieron no arriesgarse a pasar por una trocha. “Ya me comuniqué con mi familia que está en Perú, pero ellos nos dicen que mejor nos quedemos aquí. Esos pasos son peligrosos, y no vamos a arriesgar a los niños”, cuenta.

Tanto ella como su pareja cuentan con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y aprovechan las ayudas que han recibido en varios albergues. Ahora tienen su prioridad en alquilar una habitación y buscar un colegio para sus hijos. “La familia que queda en Venezuela me dice que para allá todavía no coja de regreso. Es mejor estabilizarnos aquí”, dice, mientras recibe unos suplementos nutricionales para sus hijos. 

Masleidy Lizir, su esposo y sus dos hijos prefirieron no pasar por las trochas a Ecuador ni esperar en el puente. Van a probar suerte en Ipiales. | © BRENDA KARINA GUERRERO

Wilmary llegó a Ipiales con su esposo y su pequeña hija porque creyeron en una publicación que vieron en redes sociales, según la cual Ecuador había abierto la frontera. | © brenda karina guerrero

Adeiza Ramírez y sus hijos esperan poder continuar su viaje a Perú. Adeiza vive en Perú desde hace un par de años y regresó a Venezuela para acompañar a sus hijos en el camino al reencuentro con el resto de la familia. La exigencia de la visa la sorprendió, pues asegura que cuando entró a Colombia no se enteró de las nuevas disposiciones de Ecuador. | © BRENDA KARINA GUERRERO

Visas que cierran fronteras

Según Migración Colombia, hasta el 31 de agosto había 1.488.373 venezolanos en el país. Esa cifra confirma al país como el principal receptor de esa migración. Perú es el segundo destino, con más de 860.000 migrantes, seguido de Ecuador, con 330.000. En total, 10 países les exigen visas. Además de Perú y Ecuador, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Aruba y El Salvador tienen ese requisito.

Desde 2017, y por casi dos años, el gobierno peruano les entregó un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), pero el 15 de junio de este año entró en vigencia una visa humanitaria para quienes quieran entrar al país. Los migrantes deben tramitarla en los consulados generales de Perú en Venezuela y en algunas de sus sedes diplomáticas en Colombia y Ecuador. La visa tiene una duración de 183 días y les permite trabajar y acceder a servicios en Perú. Para obtenerla, necesitan pasaporte o cédula de identidad y, para los menores, partida de nacimiento otorgada por el Registro Civil venezolano apostillado.  
 

Un mes después, el gobierno ecuatoriano también anunció una visa. Así, eliminó la flexibilidad que les permitía a los migrantes ingresar a Ecuador con su cédula venezolana. Este nuevo requisito empezó a regir el 26 de agosto y en el puente internacional de Rumichaca se arremolinaron masivamente venezolanos que buscaban cruzar sin documentos antes de la medianoche. 

Exigir visa a los migrantes, más allá de empeorar la crisis humanitaria en la frontera, también incentiva las economías ilícitas. En los días siguientes a la entrada en vigencia de ese documento, las autoridades identificaron 12 pasos irregulares. Poco después, había 100. “En condiciones normales, entre 1.800 o 2.000 venezolanos pasaban diariamente hacia Ecuador, para  llegar a otros países del sur del continente. Ahora, muchos de ellos pasan irregularmente por la frontera de Colombia con el Ecuador”, dijo el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero. Además, aumenta el riesgo de trata de personas y otros peligros para los venezolanos.

Exigir visas a migrantes puede  empeorar la crisis humanitaria e incentivar las economías ilícitas. | © BRENDA KARINA GUERRERO

El remedio, peor que la enfermedad

Las medidas que toman los gobiernos de la región contradicen el discurso político de instancias como el Grupo de Lima o el Proceso de Quito. Aunque en estos escenarios los representantes diplomáticos reiteran las puertas abiertas de sus países para los migrantes, sus gobiernos parecen alejarse de ese mensaje. 

Para Sergio Bueno, director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz, “Colombia, que recibe el mayor impacto de la migración desde Venezuela, se está quedando sola frente a un tono diplomático que señala un camino de regularización e integración, pero que en la práctica termina por restringir el ingreso a otros países”. 

Aumentar las restricciones migratorias no solucionará la crisis venezolana. Por el contrario, al intentar reducir la migración, aumenta la irregularidad y expone a los migrantes a que les vulneren sus derechos, a la vez que dificulta caracterizarlos, es decir,  identificar quiénes son, dónde están, qué quieren hacer y para dónde van. Para Colombia, “la política de  barreras de los países de la región nos puede dejar en el peor escenario: con el mayor número de migrantes y sin los recursos para atenderlos oportunamente”, concluye Bueno.  

Las barreras de los vecinos podrían dejar a colombia con la mayor cantidad de migrantes y sin recursos para atenderlos. | © brenda karina guerrero

Además, estas políticas dificultan el reencuentro de las familias venezolanas. Según la encuesta Diáspora, realizada por la firma Consultores 21 en Venezuela, 49 por ciento de las familias venezolanas tienen mínimo un miembro que ha emigrado del país. La medición también reveló que 56 por ciento de los venezolanos que quieren emigrar tiene planes de hacerlo antes de que finalice este año. Chile, Colombia y Perú son sus principales destinos.  

La caracterización que hicieron las autoridades de Ipiales confirma esas cifras, pues 80 por ciento de los censados no quiere quedarse en Ecuador, sino llegar a Perú para reencontrarse con sus familiares en ese país. 

“Estos requisitos tienen un innegable impacto en el derecho de las personas -que se han visto forzadas a abandonar Venezuela- en acceder a los territorios, buscar y recibir asilo o alguna forma complementaria de protección internacional”, explica Jessica Ramírez, investigadora para asuntos jurídicos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. La atención a los migrantes venezolanos requiere esfuerzos colectivos y coordinados de los países de la región, que garanticen su bienestar y la seguridad de los países receptores.

Por: Sara Prada @pradasaraca