El Proyecto Migración Venezuela consultó a seis expertos sobre los aspectos infaltables de una futura ley migratoria. Al menos tres proyectos que buscan responder a esta realidad se discutirán en la nueva legislatura.
Más allá del PEP
Atender la migración demanda, entre las primeras medidas, una ley que permita a los venezolanos acceder al sistema productivo y social del país. También, un mecanismo ágil para que la Registraduría identifique a los retornados. Esta propuesta de Sergio Bueno, director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz, incluye un sistema de visado sencillo, que les conceda a los migrantes la posibilidad de demostrar su tiempo de residencia en el país para solicitar la nacionalidad colombiana. En esa misma línea, el consultor del BID José Luis López señaló que este documento no debería ser temporal, sino progresivo y permanente.
Además hay que unificar la información y aclarar los procedimientos que deben seguir los extranjeros en el país. En esta materia, según los expertos, una ley migratoria debería incluir también ejercicios de comunicación para los migrantes. Aunque existen rutas de atención y oferta de algunos servicios, muchas veces los venezolanos las desconocen y no saben cómo acceder y hacer respetar sus derechos, si es que saben que los tienen.
Fortalecer la institucionalidad
Expertos como José Luis López y el economista y sociólogo Juan Carlos Guataquí insistieron en que Colombia no tiene experiencia en el manejo de migraciones de este calado. El país debe desarrollar una nueva institucionalidad que trascienda la política internacional y que trate el tema como un asunto interno. Ese cambio requeriría coordinación en el Gobierno con las administraciones locales y con instancias diferentes a la Cancillería.
López y Guataquí consideran la migración un proceso irreversible, que representa un cambio en la demografía del país y requiere planes de largo plazo. Una ley migratoria que promueva la innovación institucional lograría hacer realidad los objetivos adoptados.
? Estudiar y reconocer las capacidades de la población migrante facilitará su integración al desarrollo del país.? La educación necesita desarrollar herramientas de nivelación escolar para los migrantes. | © GUILLERMO TORRES / SEMANA
Educar para entender la migración
Aunque todos los niños migrantes pueden acceder al sistema educativo, los expertos señalan que en la práctica hacen falta mecanismos de nivelación para los estudiantes. Estas herramientas deberán reconocer las diferencias entre los modelos educativos de las dos naciones, sin convertirse en un factor de discriminación. Asimismo, el país necesita capacitar a los profesores no solo para que comprendan este fenómeno, sino para convertirlos en agentes que faciliten la incorporación de los migrantes a la sociedad colombiana.
Para el internacionalista Ronal Rodríguez, “la gente necesita entender los conceptos y comprender que esta migración no es como la vivida en otros procesos globales”. De acuerdo con este investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la desconfianza que caracteriza las relaciones entre los colombianos requerirá esfuerzos adicionales para educar a los jóvenes en temas de migración. Por eso, la ley debería abogar por “una educación para las migraciones que inspire para lo mejor. Esto es, para la integración”.
Acceso a contratos formales
Para incluir a los migrantes en el mercado laboral colombiano, hay que comenzar por reconocer sus estudios y experiencia para alcanzar el objetivo central: un contrato formal. La ley migratoria ideal debe contemplar instrumentos que les concedan a los extranjeros autorizaciones de trabajo al margen de su situación migratoria. Los expertos sugieren reducir a los empleadores los costos de aportes a cajas de compensación, entre otros.
Germán Umaña, director de la Cámara Colombo Venezolana, recomendó que la ley elimine barreras existentes, por ejemplo, en trámites como la homologación de títulos universitarios. También habló de flexibilizar los requisitos para inversionistas extranjeros, lo que permitiría el ingreso de pequeños capitales productivos y la creación de más empleos.
Eso no solo facilitaría incorporar a los migrantes y retornados al mercado laboral, sino que promovería la respuesta a la migración venezolana en el marco del desarrollo sostenible.
La ley puede eliminar barreras existentes para acceder a los mercados formales y a los servicios sociales del Estado. Pero los expertos plantean medidas adicionales para hacer efectivo ese acceso. Concretamente, ajustar tanto en educación como en salud el reparto de los recursos del Sistema General de Participaciones para reconocer la nueva población. Los expertos resaltaron que los Gobiernos locales deberían tener facultades para manejar este proceso.
Evitar el populismo
“La población venezolana representa la migración más grande en el país, pero no es la única”, afirmó la internacionalista María Clara Robayo. Una ley migratoria integral necesita que el país avance en marcos generales que definan cómo responderá a la migración y cómo caracterizará a los migrantes, independientemente de su nacionalidad.
Los expertos coincidieron en que este asunto no se puede discutir desde los escritorios, sino que debe incluir a las poblaciones receptoras de migración y a los Gobiernos locales y departamentales, que tienen su propia experiencia y necesidades particulares.
Está claro que la situación de los venezolanos requiere medidas diferenciales, muchas de las cuales solo dependen de la voluntad del Ejecutivo. Pero limitar la normatividad a este caso podría alejar la oportunidad de una política a tono con los retos.
Resulta riesgoso, para los consultados, “venezolanizar” la discusión en un año electoral. Esto presenta otros desafíos, como el de combatir la polarización y evitar el uso político del fenómeno migratorio para conseguir votos.
Por: Sara Prada @pradasaraca
