Un grupo de 25 niños, niñas y adolescentes de diez regiones del país llegó hasta Bogotá para pedirle al Congreso que garantice sus derechos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Los invitados hablaron de la migración como uno de los temas más importantes de la agenda nacional. Janela, Jean Fran, Yulieth y Dialuxy fueron las voces de los niños venezolanos que cerraron la conversación con un llamado a las autoridades colombianas: “acudimos a este país en busca de un apoyo que necesitamos ya”.
La iniciativa Niñez Ya fue la encargada de traer a Bogotá a 25 niños y niñas de distintas regiones del país para exigirle al Congreso de la República que se respeten sus derechos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Esta agrupa a más de 100 organizaciones que trabajan por los derechos de los niños en Colombia. | © GUILLERMO TORRES/SEMANA
Según cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2018, en Colombia hay 396.567 menores venezolanos entre 0 y 14 años. Para Lala Lovera, directora de la fundación Comparte por una vida Colombia,“los retos que enfrentan nuestros niños y jóvenes empiezan por cosas cotidianas que marcan inmediatamente una barrera, como el acento. Pero lo más grave son las condiciones humanitarias que viven, pues no han tenido escolarización por un largo tiempo, llegan en estado de desnutrición y con problemas de salud sin atención”.
Una oportunidad
Janela Matute tiene 16 años y hasta hace dos vivió en Barinas, Venezuela. Desde que ella y su familia se mudaron a El Amparo de Apure, una localidad venezolana a orillas del río Arauca, el puente internacional José Antonio Páez hace parte de su rutina. Todos los días cruza para estudiar en una escuela colombiana, pero desde hace dos meses, por el cierre de la frontera, la canoa es su única forma de no faltar a clase.
Janela Matute es colombo-venezolana. Vivió hasta hace dos años en Barinas, Venezuela, donde su papá trabajaba como albañil. | © GUILLERMO TORRES/SEMANA
Como ella, a enero de 2019, 73.118 niños venezolanos estaban matriculados en instituciones colombianas, según las cifras del Ministerio de Educación. Aunque las autoridades dieron la orden de brindar educación a los migrantes, para muchos este derecho parece inalcanzable. La encuesta del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela a 1.500 migrantes reveló que los hijos de 52 por ciento de los consultados no estudian, principalmente porque los padres no pueden costear gastos distintos a la matrícula, que es gratuita.
Para Janela no fue fácil empezar su vida en el nuevo colegio. “Todo el mundo me preguntaba de dónde venía, y decían que si era de Venezuela era floja”, cuenta. Con el tiempo la diferencia entre los sistemas educativos de los dos países dejó de ser una barrera pues, después de todo, estudiar es una oportunidad cada vez más escasa para los niños en Venezuela, según Janela.
Crecer a la fuerza
A diferencia de Janela, Jean Fran Rodríguez no ha podido estudiar desde que llegó de Maracaibo hace 4 años. Vive con sus papás, dos hermanos, su abuela, un tío y un primo en un rancho que la familia construyó en una invasión en Maicao. Ninguno de los adultos tiene un empleo estable y la necesidad lo obligó a cambiar un salón de clases por trabajos ocasionales. A veces vende agua o dulces y ayuda a su papá en sus labores como carretillero.
Jean Fran Rodríguez tuvo que dejar el colegio cuando migró a Colombia. Estaría a dos años de terminar su bachillerato. | © GUILLERMO TORRES/SEMANA
“Conseguimos, como podemos, aunque sea lo de la comida. En Maicao no hay tanto trabajo, y menos para mi papá porque es venezolano”, dice. Pero esa no es su única preocupación, pues también debe conseguir agua dulce para su hermana, que nació en Colombia hace un año y medio. En el improvisado barrio en el que viven no hay servicios básicos y por eso debe caminar hasta un molino para recoger el líquido que necesitan en su casa para la bebé y para cocinar. Los demás, incluido Jean, deben bañarse con agua salada.
A esta difícil situación hay que sumarle que la más pequeña de la casa no tiene nacionalidad. Como sus papás son venezolanos y no han regularizado su estadía en el país, el Estado no puede reconocerla como colombiana y, por barreras administrativas, como la ruptura de relaciones entre los dos países, tampoco tiene la nacionalidad venezolana. A partir de la información de la Registraduría, el Observatorio calcula que 25.137 niños están en riesgo de apatridia, lo que implica un mayor peligro para una población que ya enfrenta condiciones de vulnerabilidad. Una persona sin nacionalidad no tiene acceso a sus derechos fundamentales.
Jean Fran quiere volver a Venezuela, pero sabe que por ahora la vida allá no sería diferente.
Lo que falta
Dialuxy Durán también llegó de Venezuela a Maicao. Siente que fue afortunada porque ella y su familia obtuvieron el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Este documento les permite a los migrantes mayores de edad trabajar y a los menores, certificar sus estudios, pero tenerlo no garantiza que accedan fácilmente a esos derechos.
Dialuxy Durán llegó a Colombia con su mamá, sus dos hermans mayores y su hermano menor. Viven en una invasión donde no hay servicios básicos. De las 254 familias que viven ahí, menos de 10 tienen servicio de luz. | © GUILLERMO TORRES/SEMANA
Aun con el PEP, la mamá de Dialuxy no ha conseguido un empleo estable. La familia depende de su trabajo ocasional como manicurista y de las ayudas que Save the Children entrega a los migrantes. Con ese auxilio compraron el capó de un carro, con el que empezaron a construir su casa en una invasión, donde conviven con 254 familias más. Con el tiempo compraron láminas de zinc para las paredes, una estufa y armaron camas con asientos de carros.
Todos los días Dialuxy dedica la mañana a ayudar a su mamá en la casa y a las 3 de la tarde emprende camino con sus tres hermanos hasta la escuela. “Allá lo único que hay es arena”, dice al describir el recorrido de una hora a pie, su única opción para llegar a clase. Al terminar la jornada, a las 8 de la noche, debe repetir el trayecto para volver a casa.
A pesar de estos esfuerzos, ella podrá graduarse y recibir su diploma de bachiller, una oportunidad que, por ahora, no tienen los niños venezolanos sin PEP. Hasta febrero de 2019, Migración Colombia tenía el registro de 90.281 menores de 0 a 17 años con este documento. La cifra es pequeña frente a la cantidad de niños migrantes en el país. Por eso, en su visita a Bogotá, Dialuxy hizo la petición más específica a los congresistas que asistieron al evento: “abran el censo para que los niños sin PEP puedan estudiar”.
Lecciones desde la frontera
La migración implica cambios para los niños que llegan al país y para los colombianos que los reciben. Yulieth Castro nació en Venezuela pero siempre ha vivido en Arauca. Para ella, como para los niños que viven en zona fronteriza, la relación entre colombianos y venezolanos es algo cotidiano.
En el colegio, Yulieth Castro ha visto cómo algunos compañeros discriminan a los niños venezolanos por su nacionalidad. | © GUILLERMO TORRES/SEMANA
“Para mí da igual si ellos son venezolanos o no. Yo los trato como a unos compañeros más”, afirma Yulieth, con apenas 12 años. Ella reconoce las dificultades con las que llegan los niños venezolanos y cree que los colombianos, incluso los más pequeños, tienen la responsabilidad de ayudarlos.
Buena parte de las actitudes de los niños son réplicas de lo que ven en su entorno familiar más cercano. Colegios como el de Yulieth pueden ser espacios de integración o de discriminación, pero eso no solo depende de los estudiantes o de los profesores. El fuerte discurso político del gobierno frente a la situación de Venezuela debe ir acompañado de medidas contundentes que den respuesta a estos vacíos.
Además del desafío de garantizar los derechos de los niños venezolanos, la migración también puede ser una oportunidad para educar a una generación más incluyente. Como dice Yulieth, “la nacionalidad es lo de menos, lo importante es que nos cuiden porque somos el presente”.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
