Toda mujer tiene un derecho inalienable: el de su salud sexual y reproductiva, un hecho que está vinculado a su autonomía, dignidad humana y derecho a la vida. En eso, todos los tratados internacionales sobre derechos humanos son coincidentes.

En el caso de las mujeres migrantes o en situación de desplazamiento, su condición de movilidad no las hace perder estos derechos. Por el contrario, los Estados deben garantizar la salud, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, atención prenatal, el acceso a métodos anticonceptivos y la atención, en caso de ser víctimas de violencias.  

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer afirma que, por ningún motivo,  se debe discriminar a niñas ni mujeres, y que las leyes y políticas deben evitarlo. Además, hace un llamado a los Estados para que, más allá de las condiciones que se impongan en sus propias fronteras, corroboren que los derechos humanos se materialicen para todas las mujeres, sin importar su ubicación o condición.

Lo que se suele olvidar es que la situación de las mujeres migrantes no es fácil. La mayoría sufren abusos, acosos sexuales o discriminación, tienen necesidades sanitarias diferentes a las de los hombres y las posibilidades de acceder a un método anticonceptivo se hacen casi nulas por las difíciles condiciones económicas y sociales que enfrentan en su país de origen o por donde transitan. Muchos de los embarazos de estas mujeres no son planeados. 

El Ministerio de Salud de Colombia, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), adaptó los estándares internacionales en la materia y elaboró una Guía práctica para la implementación del paquete inicial mínimo de servicios para la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis humanitarias.  

Finalmente, es importante señalar que, en el marco internacional vigente firmado hace 25 años durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, los Estados reafirmaron el derecho de las personas a decidir libremente si desean tener hijas o hijos, cuántos y en qué momento. Este es un derecho sexual y reproductivo, y un derecho humano, que no se pierde cuando una persona migra. 

En ese sentido, todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y el deber de respetar la normativa internacional. Las mujeres representan hoy la mitad de las personas migrantes en el mundo y lo hacen para conseguir oportunidades para su familia: su poder de transformación es tal que, al migrar, empoderan económicamente tanto al país de destino como a su país de salida. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la igualdad de género es crucial, ¡y ésta empieza por respetar todos los derechos y proteger a todas las mujeres por igual! 

*Representante para Colombia y Directora de país para Venezuela del Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA –

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.

Por: Verónica Simán @verosiman