Si bien fueron incontables las marchas y los cacerolazos pacíficos en distintas ciudades del país al igual que las diversas expresiones artísticas del paro nacional, los actos de vandalismo se llevaron buena parte de la atención y acapararon titulares en los medios. En las redes sociales aparecieron incluso denuncias de ciudadanos que aseguraban que los vándalos que destruyeron bienes públicos y aparentemente intentaban ingresar a los conjuntos residenciales eran venezolanos. 

La Policía no se ha pronunciado respecto a la participación de extranjeros en estos hechos, pero Migración Colombia reportó la aprehensión de 59 ciudadanos venezolanos el lunes 25 de noviembre. De acuerdo con la autoridad migratoria, capturaron a la mayoría de estos migrantes en Bogotá, cuando estaban “afectando el orden público y la seguridad nacional”. 

Uno de los detenidos, Miguel Ángel Calderón Quintero, trabajaba como domiciliario en la capital del país y lo capturaron mientras tomaba fotos y videos cerca a la residencia de la familia presidencial, en el sector de Cedritos, al norte de la ciudad.

Aunque Migración Colombia ordenó su expulsión, un equipo de abogados del consultorio jurídico de la Universidad de Los Andes interpuso una acción de tutela para amparar el derecho a la unidad familiar de este ciudadano, casado con una colombiana y padre de una menor de edad, quien además cuenta con su Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente para trabajar en el país. 

La jueza Sandra Patricia León Ovalle emitió una decisión en favor de Calderón Quintero y ordenó “la suspensión inmediata del proceso administrativo en contra de Miguel Ángel Calderón Quintero, así como no dar trámite a la expulsión del territorio colombiano respecto del mismo ciudadano, hasta que no se decida de fondo la acción señalada”.

El caso de Calderón refleja la complejidad de la expulsión de ciudadanos extranjeros. Aunque el Estado tiene la potestad de sacar de su territorio a migrantes, también debe velar por su protección y por la garantía de sus derechos. Aquí, algunas claves para entender estos casos y lo que sigue.

1. Expulsión:  una “medida discrecional y soberana del Estado”

Desde los primeros días de noviembre, Migración Colombia empezó a expulsar ciudadanos extranjeros del país con el objetivo de proteger “el orden social y la seguridad ciudadana”. Al mismo tiempo, algunos políticos y líderes de opinión en el país aseguraron que los extranjeros, especialmente venezolanos, querían alterar el orden social y desestabilizar los gobiernos de América Latina.

Aunque los representantes de la autoridad migratoria no se refirieron al supuesto plan internacional de desestabilización, señalaron que habían “intensificado las labores de verificación con el fin de evitar que ciudadanos extranjeros afecten el orden público”. 

Como muestra de ello, informaron que habían expulsado del territorio a 15 extranjeros entre los días 5 y 16 de noviembre con la misma justificación: “se encontraban realizando actividades que afectarían el orden público y la seguridad ciudadana”. La entidad no compartió las pruebas que supuestamente tenía en contra de los migrantes y defendió la expulsión como una “medida discrecional y soberana del Estado”. 

Finalmente, en la noche del 21 de noviembre, cuando al menos 200.000 personas participaron en el paro nacional, cerca de 74.000 trinos mencionaron la supuesta responsabilidad de los venezolanos en los saqueos que aterraron a los habitantes de Bogotá. Aunque la Policía y otras autoridades no indicaron si ciudadanos extranjeros participaron en estos hechos, Migración Colombia detuvo a 60 migrantes, con la pretensión de expulsarlos el lunes 25 de noviembre.

El director de la entidad, Christian Krüger, dijo que “la expulsión se hace con el propósito de mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional, así como preservar la imagen de aquellos venezolanos de bien, que se encuentran trabajando en nuestro país”. 

2. ¿Por qué se pudo suspender la expulsión de Miguel Ángel Calderón?

El caso de Miguel Ángel Calderón generó controversia entre las disposiciones de Migración Colombia y la exigencia de algunos abogados y entidades por la garantía a los derechos de los ciudadanos extranjeros en el país. Todo empezó cuando Calderón, de nacionalidad venezolana, estaba en el norte de la ciudad grabando un video durante una de las marchas del 21 de noviembre. 

De acuerdo con el testimonio de Calderón y de su familia, una persona de seguridad le dijo que estaba prohibido grabar en ese lugar. Él respondió que no sabía y entregó su celular para que borraran el video, pero la Policía lo detuvo, lo interrogó en un CAI y luego lo llevó al Centro de Traslado por Protección, donde ingresan las personas “que se encuentran en una inminente situación de riesgo o peligro”, según la Alcaldía de Bogotá.

Calderón, que está casado con una colombiana y vive hace tres años en el país, permaneció retenido desde el mediodía del viernes hasta el domingo a la 1:45 de la tarde.  Para Carolina Moreno, directora de la clínica jurídica para migrantes en la Universidad de Los Andes, se trató de una retención ilegal, pues “no conocemos el mérito para que sea privado de la libertad, no ha sido judicializado, lo retuvieron por 48 horas, nunca le permitieron consultar a un abogado y estuvo completamente aislado de su familia”.

Cuando se enteraron de la situación, los abogados del consultorio interpusieron una acción de tutela para exigir la libertad de Calderón bajo la protección a la unidad familiar, un derecho que busca mantener a las familias unidas, especialmente para proteger a los menores que dependen de sus padres. 

“Al tomar decisiones administrativas como la expulsión, deben considerar el contexto familiar, porque esos menores quedan sin la protección de sus padres o sin el sustento que les proveen, y finalmente implica una ruptura agresiva que genera daños”, explicó Carolina Moreno. 

Cuando en una rueda de prensa algunos periodistas le preguntaron a Christian Krüger por el derecho a la unidad familiar de estos 60 detenidos y de sus hijos, el director de Migración Colombia dijo que las familias podían reunirse de nuevo en Venezuela. Pero esto desconoce el contexto particular de venezolanos como Calderón, quien vive hace tres años en el país y ya tiene un proyecto de vida con su esposa y su hija, ambas colombianas, en este territorio.

Una juez admitió la acción de tutela y concedió la suspensión provisional de la medida de expulsión en contra de Miguel Ángel Calderón. Luego de permanecer 48 horas retenido, sin ver a su esposa y a su hija, este ciudadano venezolano quedó en libertad, pero apenas empieza un proceso en el que espera una decisión final sobre su permanencia en territorio colombiano.

Calderón tendrá la oportunidad de defenderse, pero al menos 70 extranjeros no tuvieron esta posibilidad y salieron del país en el último mes. Una de las preocupaciones del consultorio de Los Andes y de otros abogados consiste en que Migración Colombia no aporta pruebas y solo acusa a estos ciudadanos de atentar contra la seguridad nacional.

Moreno dijo que el concepto de seguridad nacional es abstracto. “El director de Migración Colombia dijo que las pruebas están en un documento reservado que solo llevarán ante un juez, entonces la persona destinataria de expulsión queda sin ninguna herramienta para defenderse”.

Por otra parte, Migración Colombia acató la decisión pero dijo que no la compartía y la veía con preocupación, pues “no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que además puede conllevar brotes de xenofobia al interior del país, al ser discriminados miles de venezolanos de bien por las acciones de unos cuantos desadaptados”.

Mientras la deportación se hace contra un extranjero con situación irregular, la expulsión es una sanción aplicada incluso a un extranjero que tenga regularizada su permanencia en Colombia

3. Expulsión de 59 migrantes puede atentar contra el derecho a la unidad familiar

El caso de Miguel Ángel Calderón no ha sido el único que ha generado cuestionamientos para el Gobierno y Migración Colombia. La expulsión de los otros 59 venezolanos que detuvieron el 21 de noviembre también generó el rechazo de varios juristas, así como de la población de Vichada, uno de los departamentos que comparte la frontera con Venezuela y por donde sacaron a los migrantes.

Este lunes, la Fuerza Aérea de Colombia trasladó a los ciudadanos venezolanos hasta Puerto Carreño, Vichada. Allí, pretendían entregarlos a las autoridades de Venezuela, pero cerca de 50 colombianos bloquearon la pista de despegue para que no expulsaran a los migrantes por esa zona. Incluso, la autoridad migratoria denunció que algunos pobladores retuvieron a sus funcionarios dentro de la aeronave.

Varios miembros de la comunidad señalaron que, contrario a la medida de expulsión, los ciudadanos podrían entrar nuevamente al país por las trochas (caminos improvisados) y llegarían a esa ciudad a delinquir. Sin embargo, Krüger dijo que devolverlos a su país por esta frontera haría más complejo su intento de regreso a territorio colombiano. Finalmente, la autoridad migratoria expulsó a los 59 extranjeros. 

Norbis Segura, personera de Puerto Carreño, dijo que “los funcionarios desde Bogotá trajeron a estas personas y las sacaron por un punto informal, a escondidas de las autoridades locales y departamentales, y los fueron a dejar a 5 minutos de Puerto Carreño”. Migración Colombia explicó que tomó esta decisión por seguridad.

Aunque los consultorios jurídicos de algunas universidades apenas empiezan a investigar los casos, Carolina Moreno dijo que ya representan los intereses de algunos familiares de los extranjeros expulsados, “a quienes los tuvieron incomunicados, los sacaron en la madrugada en un bus y los llevaron a la frontera, mientras que sus familias no supieron por qué los expulsaban ni a dónde los llevarían”. 

Frente a las conjeturas de algunos colombianos que asumen la expulsión como resultado del estado migratorio irregular de los venezolanos, Carolina Moreno aseguró que, así como Miguel Ángel Calderón, otros expulsados tenían sus papeles en regla. Esto significa que el proceso no responde a una medida disciplinar sobre la presencia de migrantes irregulares en Colombia.

Ante la expulsión de estos venezolanos, no habrá una investigación ni un proceso legal en su contra en Colombia. Es decir, nadie verificará las pruebas para demostrar la participación de los migrantes en los desmanes. “Nosotros trabajamos de la mano de las entidades encargadas de la seguridad e inteligencia y sus reportes son suficientes para tomar decisiones”, dijo el director.

Mientras tanto, la decisión de Migración Colombia de expulsar a estos extranjeros no deja de generar controversia. Algunos colombianos celebran estas medidas, pues creen que los venezolanos deberían irse del país. Por otra parte, los colombianos que viven en la frontera cuestionan la efectividad de las expulsiones y abogados y defensores de derechos humanos critican los procesos previos a esta decisión.

Al final, las expulsiones no resuelven la xenofobia y, según Moreno, pueden atentar contra el derecho a la unidad familiar, la presunción de inocencia y el debido proceso. “Estamos pidiendo que las autoridades revelen las razones por las cuales hay un riesgo para la seguridad -concluyó Moreno- y que se suspenda la medida de expulsión para casos como el de Miguel Ángel Calderón”.

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela