La Corte Constitucional ha defendido su derecho a recibir atención médica, sin importar la condición en que se encuentren en el país.

Por Te lo Cuento News

Aunque aún se presentan casos en las que les son impuestas restricciones injustificadas, las mujeres migrantes que estén embarazadas en Colombia tienen una protección especial, que les permite recibir atención médica y los controles prenatales correspondientes, sin importar la condición en la que se encuentren en el país.

El sistema de salud colombiano les ofrece una atención integral y accesible desde el punto de vista económico que no encuentran en su país de origen.

Así lo afirma Heliaury Hernández Gil, migrante venezolana, que tuvo a su hijo en Medellín. Tiene 31 años y emigró a Colombia en el 2017. Hace poco más de un año estuvo en el periodo de gestación.

“Mi asistencia prenatal fue muy buena, porque cuando quedé embarazada ya tenía tiempo viviendo en la ciudad. Trabajaba, y estaba afiliada a las EPS”, dice.

Y agrega: “Me fue súper bien, nunca tuve ningún tipo de discriminación, siempre me atendieron, me asignaban mis citas. Aquí los controles son mensuales, pero las ecografías solo te hacen tres durante el embarazo. Si ven algo diferente te lo asignan y tú puedes optar por hacerte ecografías aparte en otros lugares privados. De resto todo es por parte del Estado y cuando te dan las medicinas por estar embarazada no pagas nada, ya que te lo cubre la EPS”.

Heliaury aclara que si la mujer embarazada no tiene recursos económicos para cancelar los servicios de salud, puede afiliarse al régimen subsidiado, con lo cual debe tener aprobado el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), una entidad del Departamento Nacional de Planeación de Colombia.

En algunos casos, también hay organizaciones internacionales que brindan ayuda, que puede consistir en ayudas económicas, procedimientos especiales o servicios de medicina general.

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“En mi caso, yo recibí una ayuda económica por parte de USAID. Ellos te hacen una evaluación, preguntas acerca de tu estado de vulnerabilidad, cuántos hijos tienes, si trabajas o no, dónde, cuánto ganas, con cuántas personas vives, cuántas comidas haces, el tipo de alimentos que consumes, y luego de evaluar tu situación, ellos te llaman y te piden que lleves tu documento de identidad, te asignan una ayuda monetaria de acuerdo a los datos que hayas suministrado”, explica.

Heliaury recibió una ayuda de aproximadamente 300 mil pesos por 6 meses. Luego de que las beneficiarias se registran una vez, no pueden volver a hacerlo, señala, “porque se supone que esa ayuda que te dieron en su debido momento fue para que tú mejoraras tu calidad de vida, abrieras un emprendimiento que a largo plazo te mantuviera económicamente, para que no te faltara comida ni a ti ni a tu familia, entre otras cosas”.

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En líneas generales, asegura, a los venezolanos les han brindado ayuda en algunos hospitales de forma gratuita, a diferencia de otros migrantes que sí les han cobrado para ser atendidos, ya que en Colombia conocen la difícil situación por la que atraviesa el país hermano. De hecho, el Hospital “La María” es uno de los principales que ayuda a los migrantes venezolanos.

La jurisprudencia está de su lado

Estos derechos han quedado consignados en varias sentencias de la Corte Constitucional, que ha sido clara en señalar que aún en el caso de que una mujer esté en condición de irregularidad en el país, por ningún motivo pierde sus derechos de recibir atención en salud.

“Como se puede advertir, sin desconocer la importancia de las obligaciones legales de los extranjeros relacionadas con la regularización de su situación migratoria en el territorio nacional y su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el respeto por los principios constitucionales de solidaridad y dignidad humana ha llevado a esta corporación a proteger, en casos excepcionales, las garantías fundamentales de extranjeros cuya permanencia en el país es irregular, pero que a su vez se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como ocurre con las mujeres gestantes”, manifestó la Corte en sentencia T 296 de 2022.

El alto tribunal precisó que esta atención debe incluir tanto los controles prenatales como la asistencia del parto.

“El respeto por los principios constitucionales de solidaridad, dignidad humana, interés superior y protección especial de los menores de edad, y en razón a la prevalencia de los derechos fundamentales de estos, impide a las instituciones prestadoras de servicios de salud negar la atención médica prenatal requerida por una menor de edad en estado de gestación debido a su situación de permanencia irregular en territorio nacional”, agregó la Corte.

En una encuesta de salud realizada en 2021 a 2.298 mujeres procedentes de Venezuela por el Ministerio de Salud, con el apoyo de USAID, OIM y la Universidad del Norte, 107 afirmó tener un embarazo en curso y 126 afirmó haber tenido uno recientemente. De ellas, el 66% dijo haber recibido controles prenatales en el embarazo en curso y más de 96% haberlos recibido en el que había finalizado recientemente.