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El precio del exilio: los desafíos del alquiler para migrantes

En Bogotá se encuentran anuncios de alquiler de habitaciones y apartamentos anotando que no están disponibles a "extranjeros". (Crédito: Colprensa - Camila Rivera)
En Bogotá se encuentran anuncios de alquiler de habitaciones y apartamentos anotando que no están disponibles a "extranjeros". (Crédito: Colprensa - Camila Rivera)

Para mejorar la situación de los migrantes, es importante que Colombia continúe desarrollando políticas que fomenten un alquiler justo y seguro.

Por Te lo Cuento News.

Los procesos de renta y compra de vivienda, que suelen ser exigentes para muchas personas, lo son más aún para los extranjeros.  

Andrés Blanco y Federica Volpe explican, en el estudio ‘Alquiler en números: La tenencia de vivienda en América Latina y el Caribe’, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que el promedio de la tasa de arriendo para América Latina y Caribe, es decir, el porcentaje de personas que viven en vivienda arrendada, es del 21,2%.

Según ese mismo estudio, Colombia es el país de Latinoamérica con la tasa más alta (muy arriba del promedio con casi el 40%) y, en el otro extremo, Venezuela, con solo el 7,6% de viviendas alquiladas. 

La alta demanda de personas que desea arrendar y los requerimientos hacen que conseguir un espacio donde vivir en una ciudad colombiana sea una travesía. Esa es la experiencia de una migrante venezolana que prefirió mantenerse en el anonimato, quien explica que esto se debe a la falta de regulaciones sólidas sobre el alquiler de viviendas y la falta de educación financiera básica entre los migrantes. 

Estas condiciones a menudo incluyen alquileres excesivamente altos, plazos de alquiler extremadamente cortos, tarifas inicialmente altas por servicios públicos, cláusulas contractuales netamente favorables para el arrendador y una falta general de información sobre los derechos y responsabilidades del inquilino. 

“Estas condiciones o situaciones dificultan el acceso a viviendas seguras y asequibles para los migrantes venezolanos en Colombia”, comentó.

Aseguró que por su experiencia, muchos bogotanos no quieren alquilar ni a los mismos colombianos (por razones de regionalismo prefieren no arrendar sus apartamentos a personas provenientes de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco) y mucho menos a quienes llegan de otro estado.

“Entonces, imagínate, ¿Arrendar a un migrante venezolano? Menos. Se le hace muy complicado conseguir arriendo, lo que implica que en principio debe buscar en un barrio para que sea aceptado sin muchas condiciones”, explicó.

En un recorrido por un sector del sur de Bogotá, MigraVenezuela pudo constatar que es frecuente ver avisos con el mensaje “No se alquila a extranjeros”.

“Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar el arriendo de las viviendas o los predios van de la siguiente manera:

– En el estrato 1 se pueden conseguir arriendos entre 400 mil a 500 mil pesos

– En el Estrato 2, los alquileres oscilan entre 600 mil y 700 mil pesos.

– En el Estrato 3 piden a partir de 800 mil pesos y puede llegar hasta 1 millón 500 mil pesos

– El estrato 4 significa Medio: es a partir de 1 millón 500 mil pesos en adelante.

Desde su perspectiva, “los migrantes venezolanos que pueden, tratan de negociar directamente con el arrendador, que al final, lo que le interesa es si viene con la plata en mano”.

(También puede ser de su interés: ¿Qué tan difícil es encontrar trabajo para los migrantes venezolanos en Colombia?)

Alquiler justo y seguro

Para mejorar la situación de los migrantes, es importante que Colombia desarrolle políticas que fomenten un alquiler justo y seguro. Por ejemplo, el gobierno debe promover el uso de alquileres a largo plazo para ofrecer un mayor nivel de seguridad a los ocupantes. Además, el gobierno debe aumentar los controles sobre los precios de alquiler para evitar la explotación excesiva de los inquilinos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) explica que el indicador más importante en el momento de analizar las brechas socioeconómicas de los hogares según estatus migratorio, es el déficit de vivienda, el cual da cuenta de los diferenciales entre la demanda insatisfecha de viviendas, su oferta disponible, así como su calidad o precariedad.

Para los hogares que habitan en viviendas que se consideran en déficit cualitativo no es necesario adicionar nuevas viviendas para garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas de habitabilidad, sino realizar intervenciones que corrijan las deficiencias identificadas.

Se observa que los hogares con jefatura o pareja inmigrante de origen venezolano, así como los hogares con algún integrante inmigrante desde este país, presentan mayores niveles deficitarios de unidades de vivienda en comparación con los hogares no migrantes.

El DANE resaltó que los componentes que más contribuyen al déficit a nivel nacional son el hacinamiento mitigable y el acceso a alcantarillado sanitario o cloacas. 

“Del stock total de viviendas del país, existe una relación asimétrica entre la cantidad de viviendas adecuadas y los hogares que requieren alojamiento, tanto en las áreas urbanizadas y las rurales”. 

En el caso de las áreas rurales, las brechas según estatus migratorio son más equilibradas respecto a las cabeceras. No obstante, los niveles de déficit son significativamente más elevados al superar el 80% de los hogares.

Viviendas compartidas con familiares

Según el DANE, la mayor parte de los hogares inmigrantes habitan viviendas rentadas mensual o diariamente, y estas son compartidas con otros familiares, amigos, u hogares desconocidos. 

Esto también es evidencia de las estrategias de migración adoptadas, ya que, si los inmigrantes se establecen donde previamente se han instalado familiares, amigos y conocidos, se tendría una mayor relación de hogares por vivienda.