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Además de salir de su país, dejar a sus familias y enfrentarse a los peligros del camino, a los migrantes venezolanos que llegan a Colombia les preocupa cómo regularizar su situación para trabajar, estudiar y recibir atención en salud. Hace dos años el flujo migratorio desde Venezuela no alcanzaba las cifras actuales y la respuesta a este fenómeno empezó a concentrarse en la atención humanitaria a una situación que parecía temporal. Brindar albergue, comida y servicios básicos de salud fueron las principales acciones.
En julio de 2017 el Gobierno de Juan Manuel Santos creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para regularizar, hasta por dos años, la situación migratoria de los venezolanos en el país. Para obtener el permiso requerían haber entrado a Colombia, con pasaporte vigente y por un puesto de control migratorio, y no tener antecedentes judiciales ni medidas de expulsión o deportación vigentes.
El PEP les permite a los venezolanos acceder al sistema de seguridad social, trabajar, estudiar y desarrollar cualquier actividad legal en el país. Entre el 3 de agosto y el 31 de octubre de 2017, 68.875 recibieron el PEP. Esos documentos vencerán este año y Migración Colombia todavía no ha dado a conocer sus medidas para brindar soluciones a quienes se quedarán sin el permiso.
Una medida temporal
Lo que empezó como una respuesta temporal se convirtió en la única opción para muchos migrantes a la hora de formalizar su estadía en Colombia. Aunque existen opciones como las visas, esos trámites resultan complicados por los requisitos que deben cumplir para obtenerlas. El PEP ya completó tres rondas en las que han flexibilizado los trámites y han realizado algunos registros. En todos los casos ha permanecido la figura del PEP como una herramienta transitoria para que, durante sus dos años de vigencia, los migrantes que quieran quedarse en el país hagan los trámites necesarios para regularizar su situación.
Luego de la primera ronda del PEP, a comienzos de 2018 el Gobierno abrió un nuevo registro gracias al que, entre el 7 de febrero y el 7 de junio del año pasado, 112.617 venezolanos tramitaron y recibieron el permiso. A medida que se agrava la crítica situación social, económica y política en Venezuela, aumenta la llegada de migrantes sin documentos. A eso se suma que cada vez es más difícil para los venezolanos realizar trámites en su país como solicitar el pasaporte o apostillar documentos.
Para dar una respuesta a los migrantes irregulares en el país, el año pasado el Gobierno abrió una tercera ronda de expedición del PEP, dirigida a los 442.462 venezolanos registrados en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV).
Aunque Migración Colombia amplió el plazo para que los registrados pudieran obtener su documento, solo 281.608 lo hicieron. Como explicó el director de Migración Colombia, Christian Krüger, la variación entre el número de registrados y la cantidad de personas que solicitaron su permiso, “se debe a que, por un lado, en los departamentos de frontera fue donde más se registraron, tal vez esperando beneficios que no se habían prometido y, por otro, que muchos migrantes se están moviendo a terceros países, como Perú y Chile”.
El 27 de diciembre de 2018 la autoridad migratoria habilitó una cuarta fase del PEP hasta el 27 de abril, para los venezolanos que llegaron a Colombia hasta el 17 de diciembre, que entraron regularmente a través de un puesto migratorio habilitado y sellaron su pasaporte.
Ahora los migrantes que se quedarán sin PEP esperan las respuestas del Gobierno, pues todavía no hay directrices claras de Migración Colombia para ellos. Krüger afirmó que “en este momento se está estudiando la posibilidad de ampliar la vigencia del primer PEP. Ampliar el plazo para los permisos de las últimas rondas no es una opción, para todos es el mismo”.
El director de la autoridad migratoria también recalcó que, desde su creación, este permiso fue una medida transitoria, con el objetivo de ayudar a los migrantes durante un plazo de dos años, tiempo calculado para el trámite de visas y demás procesos de regularización.
«Durante el proceso de renovación del PEP se podría recoger más información sobre la situación socioeconómica de los venezolanos que ya tienen dos años en Colombia. Esa caracterización podría ayudar a tener una mejor idea sobre sus intenciones y su perfil para facilitar su integración al mercado laboral local»
Eduardo Stein
representante especial conjunto de las Naciones Unidas para refugiados y migrantes de Venezuela
¿Y los migrantes?
El vencimiento de los primeros PEP debe servir de llamado para que Colombia avance en la integración económica y social de los migrantes venezolanos que siguen llegando al país. Este trámite les garantiza el acceso a sus derechos y le sirve a la economía colombiana, porque significa su inserción en el mercado laboral y, de paso, sus aportes al sistema de salud y pensión. Esta puede ser una oportunidad para avanzar en la caracterización de los migrantes venezolanos.
La primera encuesta a venezolanos en las principales ciudades del país, realizada por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, reveló que 55 por ciento de los migrantes planea volver a Venezuela, aunque 81 por ciento de ellos no tiene un plazo determinado para hacerlo. En realidad, podrían pasar años antes de que regresen al país vecino. Mientras tanto Colombia tiene que brindar alternativas para que su permanencia en el país tenga un impacto positivo tanto para ellos como para el país.
LA ESTRATEGIA CHILENA
Hasta el 10 de abril, 288.233 venezolanos estaban en Chile. Regularizar a la población migrante es uno de los principales objetivos de las autoridades chilenas, y sus medidas combinan las herramientas temporales con la flexibilización de trámites. Desde el 16 de abril de 2018 los venezolanos en Chile pueden solicitar una Visa de Responsabilidad Democrática, un documento que les otorga un permiso de residencia por un año, prorrogable por una vez, y les sirve para pedir la residencia definitiva. Hasta finales de 2018, más de 91.000 migrantes venezolanos solicitaron esta visa y, según la información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, hasta marzo de este año se otorgaron 25.000 Visas de Responsabilidad Democrática. A comienzos de abril, el gobierno chileno promulgó una resolución que confiere vigencia de dos años a los pasaportes y cédulas vencidos de venezolanos, expedidos desde 2013.
Por: Sara Prada @pradasaraca
