Andrés Boscán llegó hace tres años a vivir a Riohacha. Este periodista de Maracaibo intentó abrir una cuenta bancaria para recibir el pago por los artículos que escribió para medios locales y regionales. Aunque entró regularmente al país y tramitó el Permiso Especial de Permanencia (PEP), varios bancos le negaron el servicio. “Intenté en Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá y Bancolombia, pero en todos me pusieron barreras”, dijo Boscán. Señala que en varias sucursales los empleados no tenían información clara de los requisitos para un venezolano.
Mientras Boscán trataba de abrir una cuenta, su pasaporte expiró y, obviamente, los bancos rechazaron la solicitud. Por medio de la Resolución 0872 de la Cancillería, el Gobierno colombiano extendió una vigencia adicional de dos años para ese documento. Sin embargo, cuando el periodista intentó acogerse a esta medida, en la Defensoría del Pueblo de Riohacha le dijeron que esta resolución regía para trámites públicos y que, por ello, los bancos privados no tenían la obligación de aceptarla.
Boscán recurrió a servicios de giros de dinero, que solo exigen el número del pasaporte. “Muchos venezolanos que tenemos una vida laboral activa y logramos salir de situaciones de vulnerabilidad no podemos tener una vida plena porque nos encontramos con estas barreras”, concluyó.
De acuerdo con estudios del Proyecto Migración Venezuela (PMV), tener una cuenta de ahorros plantea, para más del 60 por ciento de los migrantes venezolanos en Colombia, uno de los retos más difíciles a la hora de integrarse a la vida nacional. Una encuesta del World Council of Credit Unions (WOCCU), adelantada en zonas de frontera, encontró que 77,50 por ciento de los migrantes quisieran acceder a una cuenta para ahorrar.
El 75 por ciento de los venezolanos en la frontera afirmaron ser usuarios
de servicios financieros en su país, según World Council Colombia | © Dinero
Ecoanalítica calcula que en 2018 entraron 2.400 millones de dólares en remesas a Venezuela | © Esteban Vega
Primer paso
El acceso a los servicios financieros podría mejorar la calidad de vida de los venezolanos porque les permitiría ahorrar para proyectos de corto, mediano o largo plazo. Pese a que eso no cubre todas sus necesidades, bien podría mitigarlas, como dice Freddy Castro, gerente de Banca de las Oportunidades. Este programa del Gobierno promueve la bancarización de los colombianos de escasos recursos y, ante la migración, estimula que los venezolanos participen en el sistema bancario.
Las autoridades nacionales dieron el primer paso para integrarlos a la vida laboral y, de paso, a los servicios financieros al crear el PEP en 2017. Ese mismo año, la Superintendencia Financiera expidió la circular 68, en la que reconoció la validez de ese documento para la identificación y lo aceptó como requisito suficiente “para que los nacionales venezolanos contraten o abran productos y/o servicios financieros en las entidades supervisadas en Colombia”.
Con esta medida, 37.819 personas accedieron a los servicios bancarios, según cifras de la Superfinanciera. O sea que existe una hoja de ruta, pero la falta de documentación, el vencimiento del pasaporte y el desconocimiento del historial crediticio dificultan el proceso para que un migrante pueda abrir una cuenta bancaria.
El 92 por ciento de los migrantes que viven en la frontera no poseen ningún servicio o producto financiero de entidades Colombianas
Los datos, una barrera
La falta de información sobre los migrantes venezolanos y los riesgos que pueden correr las entidades bancarias por no conocer los datos necesarios representan la mayor dificultad en el acceso a los servicios financieros.
Las normas que rigen al sistema bancario exigen que los bancos conozcan al cliente y los obliga a identificar a las personas, certificar los ingresos y confirmar su historial crediticio. Esta norma rige para evitar fraudes o lavado de activos.
No solo los venezolanos viven este problema. También los habitantes de escasos recursos en Colombia porque no tienen cómo demostrar sus ingresos.
Asomicrofinanzas, un gremio enfocado en la población vulnerable, atiende a migrantes con ideas productivas de negocios, pero no a asalariados. En este caso, la dificultad es la misma: datos escasos que no pueden comprobar. “No aceptamos el PEP porque no tenemos cómo identificar que no sea falso, solo recibimos pasaporte o cédula de extranjería”, dijo María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas.
Los bancos, por su parte, a la hora de hacer estudios de créditos de cualquier tipo acuden a las centrales de riesgo, que tienen información de los colombianos, pero no de los migrantes. Una tarea difícil, ya que 42 por ciento de ellos están en el país irregularmente. Por esta causa, “los intermediarios se justifican con que la actividad financiera junto con los procesos de administración de riesgos requieren información adecuada y en el momento no la hay”, explicó Freddy Castro.
Entre abril y julio de este año, 18.826 migrantes accedieron a servicios financieros | © Dinero
Marcha lenta
Hacer de la migración un fenómeno positivo depende de la capacidad institucional del país receptor, afirmó el Centro de Desarrollo Global. En el sentido económico, hay que ver al venezolano como un consumidor de productos financieros, que, además, “beneficiaría al sector bancario, ya que mientras más personas estén vinculadas financieramente, habrá mayores recursos y se reflejarían en crédito y consumo”, dijo Santiago Castro, presidente de Asobancaria.
Entidades como Banca de las Oportunidades, Migración Colombia y centrales de riesgo buscan estrategias para agilizar el proceso de integración financiera. “La idea es que desde el Gobierno obtengan más información sobre los migrantes, las entidades tengan mayor seguridad, y logren así la inclusión”, afirmó Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela.
La Superfinanciera registra hasta el momento 137.571 venezolanos afiliados al sistema bancario. De esta cifra, 45.000 están vinculados a Bancolombia. Ellos tienen otra opción en las cooperativas, que les permiten asociarse y ahorrar. Ese es el caso de Confiar, que le presta el servicio a 206 migrantes.
Migración Colombia logró también una alianza con la aplicación Movi, una billetera electrónica que les permite abrir una cuenta con pasaporte, cédula de extranjería y PEP. En ella podrán ahorrar, hacer pagos electrónicos y solicitar una tarjeta débito. La entidad migratoria colombiana confirmará la información que el extranjero suministre para que puedan usar el servicio.
Más allá del paquete sobre la integración económica, que el Gobierno planea anunciar en octubre, hay que regularizar al migrante que llegó a Colombia para quedarse. De esta manera, generar una inclusión verdadera lo beneficiaría al igual que al país. “Estas personas no son el problema, sino parte de la solución. Hay que acogerlos para ver los resultados”, dijo Tomás Páez, sociólogo experto en la diáspora venezolana.
El acceso a los servicios financieros podría mejorar la calidad de vida de los venezolanos porque les permitiría ahorrar para proyectos de corto, mediano o largo plazo | © Dinero / Esteban Vega
Experiencia internacional
Kenia: Equity Bank diseñó en 1984 servicios financieros para las familias de bajos ingresos. Hoy, 13 millones de personas, incluidos refugiados, acceden a sus productos, estrategia que lo convirtió en uno de los bancos comerciales más grandes de África, según un estudio de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
Este banco logró adaptar sus productos al contexto de los refugiados y habilitó tarjetas débito vinculadas a cuentas en las que depositaban sus ayudas las organizaciones humanitarias. Actualmente, los migrantes acceden a microcréditos, productos de ahorro y préstamos grupales.
Por: Maria Mesa Rivera @MariaMesar_22
