Percibir la xenofobia como algo ‘normal’, como algo inherente en nuestra sociedad, en quiénes somos y cómo nos comportamos, es una vía segura para el fracaso en la integración de migrantes y retornados. Es además la cuota inicial para nuevas violencias en una sociedad que se transforma irreversiblemente a partir del fenómeno migratorio desde Venezuela. Tolerar el rechazo al extranjero, por acción, omisión o desconocimiento, es darle nuevas alas al miedo y al odio como ejes conductores de la política nacional. Por eso es necesario cuestionarse cómo la percibimos y qué podemos hacer al respecto.

Todo esto viene al caso luego de los sucesos posteriores al paro nacional del 21 de noviembre. Si bien el clima de rechazo hacia migrantes y retornados venía en aumento en el día a día de las calles y las redes sociales, la campaña de expectativa gubernamental replicada por varios medios y muchos ciudadanos, y la instrumentalización de los eventos por parte de varios políticos y líderes de opinión, sentaron una ruta implícita para la ‘normalización’ de la xenofobia.

Vale la pena tomar un par de ejemplos. Por un lado, previo al paro se hicieron señalamientos públicos sobre varios venezolanos que “pretenderían afectar la seguridad ciudadana y el orden social”, por lo que fueron expulsados del país. Si bien las autoridades están facultadas para tomar este tipo de medidas, en caso de que se cuente con evidencia clara y contundente y se respete el debido proceso, eso no las exime de responsabilidades políticas frente a la forma cómo y para qué se comunican los hechos.

En la práctica, el gobierno quiso presentar estos casos como ejemplos de su capacidad y autoridad. Sin embargo, lo que muchos ciudadanos entendieron es que se legitimaba el asociar a los venezolanos con la criminalidad, en parte gracias al cubrimiento extendido de medios y las réplicas desprevenidas de usuarios de redes sociales. La asociación tácita fue que, si este era un sentimiento generalizado sobre el cual había acciones políticas específicas, entonces era algo normal.

Por otra parte, la explosión xenofóbica en redes luego de los saqueos, la violencia y el pánico colectivo en Bogotá y Cali el 22 y 23 de noviembre fue posible gracias a esta legitimidad implícita. El odio contenido por muchos se excusó en el miedo para aflorar. Entonces quedó la sensación de que era por fin legítimo decir lo que se pensaba sobre los migrantes, por más falto de argumentos que fuera. En esto es esencial ver como la aporofobia y el clasismo estructural salieron a relucir en el momento de señalar a quienes protagonizaban las imágenes de los saqueos.

Más diciente aún, dos días después la autoridad migratoria decidió expulsar a 59 personas hacia Venezuela, sindicadas de afectar el orden público y la seguridad nacional, en el marco de las marchas. El mensaje implícito para ciudadanos y políticos que se encargaron de difundir el discurso xenofóbico fue que sus acciones, de nuevo, eran algo normal y legítimo en nuestro contexto.

El problema de fondo es no tomar en cuenta las consecuencias de este tipo de acciones. Puede que tengan una razón de ser legal y se acoplen a las funciones de las entidades de gobierno. Pero su significado afecta el proceso social. Estas expulsiones, reactivas a una necesidad política del gobierno, fortalecen la normalización de la xenofobia.

Ahora, en este caso en particular hay un serio agravante. Hay indicios de irregularidades en materia de derechos humanos alrededor de los procedimientos de captura y posterior expulsión de estas personas, que han pasado virtualmente desapercibidas en medios colombianos. Esto puede terminar siendo un tiro en el pie para la legitimidad de la autoridad migratoria, que hasta el momento se había mantenido al margen de polémicas sobre instrumentalización política.

En cualquier caso, es el momento de tomar acción ciudadana frente a la xenofobia. Migrantes y no migrantes deben ser ahora quienes tomen la vocería para evitar que esto se normalice por completo. Si algo ha mostrado la reciente ola de manifestaciones ciudadanas, es que los individuos son agentes conscientes y cuentan con capacidad para impulsar cambios políticos, más en un contexto en el que es difícil alcanzar consensos mínimos.

Existen algunas acciones sencillas que evitan la normalización de la xenofobia. Una es ser un productor y consumidor responsable de información. Esto aplica también como un principio de vida en la era digital. La producción de juicios tiende a ser más informada cuando se toma un minuto para confirmar, por ejemplo, si la cifra de desempleo tiene algo que ver con la migración antes de dar un retweet, hacer un comentario en el trabajo o enviar una cadena al grupo familiar de whatsapp.

Otra es abrirse al diálogo frente a la diferencia y la autocrítica. Las diferencias, esas sí normales, derivadas de la educación, la historia, y lo que algunos llaman cultura, son oportunidades de encuentro, aunque nos falte mucho para entenderlo. En esto hay acciones tan sencillas como desescalar el lenguaje y dejar de utilizar adjetivos que describen la proveniencia, que parecen inofensivas pero que señalan y profundizan diferencias artificiales.

La tercera tiene que ver con la generalización extrema. Esto solo es sinónimo de prejuicio, y no hay sentido en creer que una persona tiende a comportarse de una forma más o menos moral o jurídicamente reprochable por haber nacido en un lugar específico. Este tipo de racionamientos solo describe la visceralidad de nuestras reacciones y lo poco profundo de nuestro actuar político.

En fin, la xenofobia se puede limitar a partir de la acción ciudadana en el día a día. Las acciones que parecen inofensivas o desconectadas tienen un peso político definitivo en esto. No obstante, hoy se cuenta con herramientas para afinar el juicio y cambiar el curso de las acciones. Señalar que la xenofobia no es una condición normal sino algo políticamente reprochable es un deber de los ciudadanos responsables en medio de las complejidades que atraviesa Colombia actualmente.
 

*Mauricio Palma es analista y profesor de Relaciones Internacionales. Investigador coctoral de la Universidad de Warwick (Inglaterra.

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