La Corporación Dejando Huellas con Calor Humano (Corhuellas) acompaña a colombianos y colombianas retornadas a registrarse en el programa ‘Colombia Nos Une’, de la Cancillería.

Por Romina Palma, especial Migravenezuela – Proyecto Integra de USAID

En medio de una realidad de movilidad humana, caracterizada por el desarraigo y el duelo migratorio, la Corporación Dejando Huellas con Calor Humano (Corhuellas), una Organización de la Sociedad Civil (OSC) de Cúcuta, ha acompañado a 800 colombianos y colombianas retornadas a realizar el Registro Único de Retornados (RUR) que hace parte del programa ‘Colombia nos Une’ de la Cancillería colombiana.

De este grupo de 800 personas, el 63,75 % de las personas registradas como colombianas retornadas se identificaron como mujeres (510 personas) y el 36,25 % como hombres (290), por esa composición demográfica, la Corporación se animó a crear la Red de Mujeres Retornadas.

Gladys Garavito, presidenta de Corhuellas, explica que estas mujeres, en su mayoría, estaban siendo vulneradas en las garantías de sus derechos fundamentales.  “Visibilizar los derechos fundamentales de las mujeres colombianas retornadas de Venezuela es nuestra misión central. Estas mujeres enfrentan grandes desafíos al regresar, desde dificultades para obtener documentos de identificación como cédula de ciudadanía y pasaporte, así como coyunturas económicas y acceso limitado a servicios de salud y educación, hasta la necesidad de reconstruir sus vidas en un entorno muchas veces hostil”, señala la lideresa.

Para Gladys, el retorno es un proceso que está lleno de desafíos.  “Las mujeres que retornan a Colombia enfrentan varios retos significativos como la falta de acceso a empleo digno, muchas llegan sin redes de apoyo ni reconocimiento de sus capacidades laborales, lo que dificulta su reintegración económica, además, sufren discriminación y estigmatización, esto sumado a la violencia basada en género, que es una realidad para muchas mujeres en situación de vulnerabilidad”, apunta.

Estas mujeres con diversas necesidades, capacidades, saberes y formas de resiliencia en el proceso de movilidad humana, también se enfrentan a la feminización del retorno de Venezuela a Colombia, acentuándose las barreras sociales e institucionales que inciden directamente en su integración.

Mujeres que tejen legados

La Corporación Dejando Huellas con Calor Humano (Corhuellas), dinamiza el ejercicio de esta Red, gracias a la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, equidad de género y el Centro Intégrate de Cúcuta, a través de espacios de escucha con líderes y lideresas de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Juntas de Acción Comunal (JAC) en jornadas comunitarias que empodera a las mujeres de la Red como voceras en sus barrios.

Una muestra de esta gestión fue la realización del Primer Encuentro de colombianas y colombianos retornados, que se realizó en Cúcuta el pasado mes marzo, un espacio fundamental para el fortalecimiento de la Red de Mujeres retornadas.

Aura Vega, quien hace parte de la Red de mujeres retornadas en Cúcuta, manifiesta que en este grupo se ha encontrado con un apoyo para su proceso de restitución de derechos.  “En la Red, nosotras hemos encontrado apoyo, hemos socializado nuestras necesidades. Soy sobreviviente de Violencia Basada en Género (VBG) y hoy día acompaño a otras mujeres para salir adelante. Sueño con sacar adelante a mis hijos, prepararlos. Lo más bonito es que nos hemos dedicado tiempo a nosotras”, dice.

El caso de Aura refleja que es clave reforzar espacios institucionales de orientación para la identificación de rutas de atención y espacios de escucha de estas mujeres.

El derecho al retorno

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define el retorno en sentido amplio como “acto o proceso de regresar” y de forma más específica lo precisa como: “Movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país”.

En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también consagra este derecho señalando que: “Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo” (artículo 22.5). El retorno como derecho ha sido desarrollado por órganos internacionales de protección de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CTM).

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), conformada por más de 200 organizaciones, incluyendo Agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas y ONG, a corte de enero del 2024 se contabilizan en la Registraduría Nacional del Estado civil de Colombia 980.000 colombianos retornados, sin embargo, fuentes extraoficiales aseveran que esta cifra podría ser superior.

Se estima que al menos 645.000 colombianas y colombianos retornados presentan necesidades básicas por satisfacer, según (R4V), lo que demanda la urgencia de adoptar normas y políticas públicas acordes al perfil de esta población que está regresando desde Venezuela, con mayor fuerza a partir del año 2015.  

El Proyecto Integra de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Cancillería de Colombia, a través del programa “Colombia Nos Une”, suman esfuerzos para impulsar la estrategia “Colombia Tu Hogar”, implementada en nueve ciudades del país, donde 6.030 colombianas y colombianos retornados ya se encuentran registrados en el Registro Único de Retornados (RUR) a través de la Ley Retorno 1565.

Cabe señalar que, para la creación de prácticas normativas impulsadas en la Ley Retorno, se consideró el carácter forzado del retorno, lo que implica, entre otras cosas, obstáculos para obtener documentos de identificación en Venezuela, así como legalización o apostilla de acreditaciones y títulos al regresar a Colombia. Es decir, el escenario más probable es que una cifra importante de colombianos y colombianas retornadas podría no contar con cédula de ciudadanía y/o pasaporte venezolano, ni documentos colombianos.

En este contexto y específicamente en el caso de mujeres colombianas retornadas, está la prioridad de contribuir, desde la institucionalidad en la restitución de derechos fundamentales de esta población que, sin duda, influirá de manera propositiva en una sociedad cohesionada, con participación política y social de estas mujeres, con paridad política, donde el rol del liderazgo femenino encuentre equidad e influencia social en la que se respeten los derechos de todas las mujeres a una participación social igualitaria y responsable.