Por Ronal F. Rodríguez
Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
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Se han cumplido dos años del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), la iniciativa que el Estado colombiano ideó para regularizar la llegada masiva de población procedente de Venezuela y que le ha valido un importante reconocimiento internacional.
Ha sido una experiencia básicamente positiva que podría abrir una ruta hacia la integración en la vida económica y social a cientos de miles de migrantes con vocación de permanencia que, de otra manera, hubieran tenido un día a día muy difícil, entre la irregularidad y la invisibilidad, al tiempo que ha permitido a las autoridades sortear los escenarios más oscuros que podría traerle al país no haber afrontado este reto con creatividad y decisión política.
Los números hablan por sí solos. A la fecha de la publicación de este informe han sido aprobados 1.839.638 Permisos por Protección Temporal (PPT), de los cuales se han entregado a sus beneficiarios 1.718.811. Estos números podrían crecer hasta un techo de 2.474.599, que es el número de personas que completaron el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), de los cuales 2.124.291 ya tienen realizado el Registro Biométrico, el paso previo para que les otorguen el documento de identificación.
Sin embargo, el proceso de entrega de los PPT se ha ralentizado en los últimos meses y se han realizado pocos operativos masivos en lugares emblemáticos de las ciudades para repartir los ya aprobados. La comunicación que Migración Colombia mantenía con los migrantes, principalmente a través de las redes sociales, también se ha visto mermada. Asimismo, la valiosa información para llevar adelante políticas públicas contenidas en la encuesta de caracterización del ETPV nunca ha sido dada a conocer en todo su contenido.
La implementación del ETPV carece de un claro liderazgo por parte del gobierno nacional y no se han adelantado acciones suficientes que incentiven la integración de la población procedente de Venezuela.
Igualmente, se ha perdido transparencia y agilidad en la publicación de cifras sobre movilidad humana; el tema migratorio no se incluyó en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo ni forma parte de la agenda bilateral con Venezuela.
Además, el Certificado de Trámite PPT, puesto en marcha en 2023 por Migración Colombia para que los migrantes que están esperando por el documento puedan acceder a servicios y adelantar gestiones ante organismos públicos y privados, no es aceptado en muchos sitios.
Algunas investigaciones periodísticas y clínicas jurídicas que asesoran a migrantes han hecho eco de que el número de PPT denegados por las autoridades ha venido en aumento, lo que aunado al hecho de que no se han realizado anuncios sobre nuevas oportunidades de regularización para migrantes que por diversas causas quedaron por fuera del proceso, pudiera generar que el número de personas en situación migratoria irregular vuelva a crecer de manera preocupante. En su último informe “Distribución de venezolanas y venezolanos en Colombia”, con corte a octubre de 2022, ya se indicaba que había 311.729 migrantes irregulares.
Un paso importante en la ruta de la integración ha sido la apertura del proceso mediante el cual quienes hayan completado cinco años de estancia en el país con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el PPT puedan acceder a una visa R de residencia, lo que sin duda les dará más estabilidad y oportunidades en el país. Sin embargo, el alto costo de esta, estimado en 455,25 dólares, puede convertirse en una importante barrera, sobre todo en los casos de grupos familiares.
