Las historias de Wendy* y Fabiola* son similares a las de muchas personas trans que siguen siendo identificadas por las autoridades por el nombre con que las registraron sus padres, lo que la Corte Constitucional ha señalado como una violación a su dignidad. La Ley, sin embargo, prevé mecanismos para proteger el derecho a la identidad. 

Abraham Puche** 

Wendy esperaba su turno en su EPS (Entidad Promotora de Salud) en una ciudad de Colombia. No iba a pedir cita médica, sino que aguardaba turno para informar sobre el cambio de su nombre y género en su Permiso por Protección Temporal (PPT), que había obtenido previamente. 

Sin embargo, todavía aparecía su nombre anterior en la base de datos de la EPS. Wendy iba acompañada por un amigo y ambos notaron que los empleados de atención al público llamaban a los usuarios por altavoz:  

– “¡Rafael  Mendoza… pase a la taquilla cuatro! ¡Ana Meza… pase a la taquilla dos!”.  

A medida que se acercaba el turno, Wendy comenzó a respirar profundo y sudar un poco, y le pidió a su amigo que “cuando me llamen como José, te levantarás tú como si fuera yo, y detrás de ti iré yo”. 

Esta historia real, cargada de discriminación y humillación, es la misma que a diario viven muchas personas con experiencia de vida trans en Colombia, no solamente ante prestadores de salud, sino en cualquier sitio donde son mencionadas por sus nombres jurídicos; es decir, por los nombres que les asignaron sus padres al nacer.  

Pero las barreras aumentan si también son migrantes, ya que sin un documento de regularización migratoria que los respalde ni siquiera se pueden acercar a una IPS (Institución Prestadora de Servicios de Salud).  

Un viaje largo y tortuoso por su identidad 

Wendy es oriunda del estado Lara (Venezuela) y migró a Colombia hace seis años. Desde siempre ha padecido numerosos hechos incómodos con personal de supermercados, hospitales, autoridades, etcétera, cuando ellos verifican que su nombre identitario no coincide con el que aparecía en su cédula. En esos momentos, cual espada de Damocles, ha caído sobre ella el peso del estigma y la burla: “pero tu nombre no es Wendy ni eres mujer… aquí tu cédula dice que te llamas José… ¡y eres hombre!”. 

Cuando se trasladó a Colombia en nada cambiaron los señalamientos transfóbicos. Luego que obtuvo su PPT, todavía aparecía como “José”, un nombre que ella no reconocía ni la identificaba. “Yo quería iniciar mi tratamiento hormonal para poder hacer mi reasignación de sexo, pero cada vez que iba a la IPS siempre me llamaban por el nombre que aparecía antes en el PPT, y por más que les decía que mi nombre es Wendy, nunca faltaba alguien que a todo pulmón gritaba delante de todos los pacientes: ‘Joseeeee, que pase al consultorio uno… ¿dónde está Joseeeeeee?’”. Ante tantas humillaciones, Wendy prefirió no avanzar con el régimen hormonal hasta solucionar primero la situación con su identidad. 

Según el Título V de la Resolución 971 de 2021, las personas migrantes venezolanas con experiencias de vida trans pueden cambiar los componentes de nombres y género en el PPT. 

Eso fue lo que hizo Wendy, pero el camino no fue fácil: tuvo muchas barreras para lograr una escritura notariada, la cual tuvo un costo de más 150.000 pesos, además de los 17.000 pesos por la emisión del duplicado del PPT. Pero aún teniendo su Permiso con su nombre y género identitarios, la situación no paró ahí, sino que tuvo que acudir a todas las instituciones e instancias donde aparecía su identidad anterior para hacer el cambio. “Para mí fue muy revictimizante tener que acudir a mi EPS, IPS, Sisbén, etcétera a decirles que me cambien el nombre y género, que ya no me llamo José ni soy hombre, sino que ahora me llamo Wendy y soy mujer”, relató. Incluso, tuvo que instaurar una acción de tutela para que dichos cambios fuesen reflejados en el ADRES. 

Mientras realizaba todo este calvario, Wendy tuvo que postergar su ansiada terapia hormonal, pues no quería que la llamasen en la IPS por un nombre que no la identificaba sino por su nombre real, el que ella mismo decidió: “Para mí, fue una pérdida de tiempo, porque a estas alturas ya yo estuviese bastante avanzada para dar el siguiente paso: la operación de reasignación de sexo. Durante todo este tiempo, tuve que pagar en otras clínicas privadas para recibir atención médica, porque al menos en esas clínicas me trataban como una niña que soy… claro: ¡yo estaba pagando! No tengo un sueldo fijo, trabajo como decoradora, y el día que no tengo clientes, no gano nada… ¡Imagina los sacrificios que hice pagando en otras clínicas solo para que me respeten mi identidad!”. 

Cambio de identidad… y de EPS 

Otra historia similar vivió Fabiola*, una chica trans proveniente del estado Falcón (Venezuela) y con más de cinco años en Colombia. Al igual que Wendy, también cambió los componentes de nombre y género en su PPT, pero prefirió irse a otra EPS tras muchos años de humillaciones. 

Antes de tener su PPT, la situación de Fabiola no era la mejor: en ocasiones tuvo que recurrir a médicos privados, y su ansiado tratamiento hormonal era imposible. Cuando por fin obtuvo el documento, pensó que las cosas iban a cambiar para mejor… al contrario: también se enfrentó con la barrera del prejuicio por identidad y expresión de género. 

“En mi anterior EPS e IPS tuve muchos ‘agarrones’ con el personal, tanto administrativos como médicos y enfermeras, porque insistían en llamarme por mi antiguo nombre. Yo les explicaba que soy una mujer trans, que tengo mis derechos en Colombia a ser identificada, tratada y respetada como tal, pero ellos insistían que tenían que llamarme tal como aparecía en mi PPT antes de hacer mi cambio de nombre”, explicó Fabiola. 

 “Fueron tantas humillaciones, tantos reclamos, tantas veces que les insistí que me llamaran por mi nombre identitario, pero ellos (los empleados de su EPS anterior) me decían que llamaban a todos sus usuarios por igual, tal como aparecían en sus respectivos documentos”. Fabiola asegura que, en sus nuevas EPS e IPS, desde el primer día, la tratan como lo que es, una mujer trans. “¡Me emocioné cuando vi en mi historia clínica que soy una paciente de sexo femenino! ¡Fe-me-ni-no! ¿Sabes lo que eso representa para mí y para todas las personas trans?”, apuntó. 

¿Qué pasa en los centros de salud con las personas trans? 

En el marco de esta investigación, hecha a personas con experiencia de vida trans migrantes venezolanas en Colombia, se concluye que las principales barreras que han enfrentado son: 

• Falta de acceso a servicios de salud por no poseer el Permiso por Protección Temporal, al igual que cualquier otro migrante irregular, teniendo que recurrir a servicios privados o tratamientos “alternativos” o caseros. 

• Barreras por prejuicio y el no-reconocimiento o descalificación de la identidad y expresión de género de las pacientes trans, aún contando con documentación de regularización migratoria. 

De hecho, las personas trans entrevistadas concluyeron que, salvo en la etapa de irregularidad migratoria, no han sido discriminadas en los centros de salud por ser venezolanas, sino principalmente por sus identidades y expresiones de género diversas. Ante casos como estos, hay que preguntar: ¿qué pasa con los prestadores de servicio en salud? 

Una fuente institucional de salud en La Guajira mencionó que la gran mayoría de las EPS e IPS del Departamento no incluyen los componentes de: “nombre identitario”, “orientación sexual”, “identidad de género” y “expresión de género” en los registros de los pacientes, un patrón que se repite en buena parte de los prestadores de salud del país. La fuente advierte que ni siquiera hay un registro exacto de la cantidad de personas trans usuarias de los servicios de salud en el Departamento. Si los componentes identitarios estuviesen presentes en los registros de los pacientes, aunado a una capacitación y sensibilización del personal de salud, la atención hacia las personas con experiencia de vida trans fuera diferencial y digna. No es cuestión de que ellas sean tratadas como “de primera categoría” ni con privilegios, sino que se les respete su identidad. 

En efecto, la Universidad de Los Andes, en un estudio publicado en 2022, alertó sobre las barreras que afrontan las personas LGBTIQ+ en el Sistema de Salud, que las ha llevado a buscar otras alternativas riesgosas, como procedimientos artesanales que ponen en riesgo su vida y salud. El informe insta a “promover espacios seguros para las personas trans en atención médica y en salud mental es esencial, de acuerdo con los expertos (…) Esto implica una reforma urgente al sistema de salud que elimine las barreras de acceso a procesos de afirmación de género, que incluya pedagogía al personal de asistencia y despatologización a la identidad de género”. 

Lo que no se dice no existe, dice un dicho, y esto queda en evidencia ante la falta de información oficial. Apenas el DANE registra 471.000 personas LGBTIQ+ en el país, pero no muestra una segregación de cuántas de ellas son trans, y mucho menos cuántas son venezolanas o de otras nacionalidades. Mientras estas cifras permanezcan anónimas, será difícil generar políticas públicas con enfoque diferencial de género que respete las dignidades de las personas trans nacionales y personas trans en contexto de movilidad humana. 

Mientras no se visibilicen las identidades y expresiones de género en los registros de los prestadores de salud del país, continuarán las barreras de acceso a derechos libre de prejuicios y discriminación por transfobia. En el marco de la discusión del proyecto de Ley Integral Trans en el Congreso de la República, se espera que Wendy, Fabiana y muchas otras personas trans cuenten con mecanismos que les permita llevar una vida digna. 

* Sus nombres identitarios y jurídicos fueron sustituidos para proteger la intimidad de las personas entrevistadas. 

 ** Periodista participante en los talleres de formación en narrativas periodísticas inclusivas sobre migración y salud realizados por MigraVenezuela.