Aún cuando en los últimos cuatro años el fenómeno migratorio venezolano ha sido uno de los temas más importantes de la agenda nacional, solo hasta finales del año pasado el Gobierno presentó su plan de acción para atender la migración. En noviembre del 2018, y después de seis meses de negociación y de expectativa, el presidente Iván Duque dio a conocer oficialmente el Conpes (el documento técnico del Consejo Nacional de Política Económica y Social) que guiaría la política nacional de atención a la población migrante desde Venezuela.
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CONPES 3950: Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela
Como no hay un marco legal que regule la migración en Colombia, casi tres meses después, este Conpes es la única única hoja de ruta para atender a los migrantes. Aún así, el documento no se ha socializado lo suficiente y la información sobre migración venezolana se ha reducido al drama humano que se ve en los medios y en las calles.
Las autoridades de poblaciones fronterizas, como Maicao, en La Guajira, han hecho frente a la llegada de migrantes venezolanos y el retorno de colombianos. | © MIGUEL GALEZZO
Por eso, desde Proyecto Migración Venezuela volvimos a poner el tema sobre la mesa y consultamos algunos expertos en migración que nos dieron su concepto sobre cómo está concebido este documento. Esto fue lo que nos dijeron:
Un Conpes ‘Bogocentrista’
Para Juan Manuel Amaya, director del semillero de Derecho y Migración en Colombia de la Universidad de los Andes, uno de los vacíos más importantes de este documento está precisamente en su construcción. “Es un Conpes centralista. Solo participaron los ministerios y algunas agencias nacionales. No participaron departamentos como La Guajira, ni municipios como Cúcuta que son los que más sienten la migración, y esto tiene efectos en la implementación”.
Según Amaya, el enfoque centralista hace de este un documento sesgado y con muchas limitaciones, porque es una realidad vista desde un escritorio en Bogotá. Es decir, el Ministerio de Educación puede expedir una circular en la que ordena garantizar el derecho a la educación a cualquier venezolano en edad escolar, pero hay muchas situaciones en que se niega el acceso a pesar de las directivas ministeriales, simplemente porque, en algunos casos, sobrepasa las capacidad de los colegios.
En todo caso, ese centralismo no es un problema exclusivo de la construcción de esta hoja de ruta sobre migración. Al final, como concluye Amaya, “el Conpes tiene muy buenas intenciones, pero sufre de los mismos problemas estructurales de cómo funciona Colombia”.
¿Y los derechos?
Una de las críticas más fuertes de los expertos es que en el documento no hay una referencia clara a los derechos de los migrantes, sean o no irregulares o tengan o no algún tipo de documento. “Es un problema porque abre un espacio muy grande para los abusos”, advierte Amaya, especialmente por la condición de vulnerabilidad en la que está gran parte de los migrantes.
Para Donna Cabrera, antropóloga especializada en migraciones internacionales, una de las principales debilidades de este Conpes es que no se expresa en lenguaje de derechos porque “no hay garantía de que los procesos, desde el acceso a la salud y la educación hasta deportaciones y devoluciones, se hagan sobre la base de los derechos humanos”.
«Es irresponsable no reconocer los derechos de una población que está llegando en estas condiciones de vulnerabilidad. Es dejar la puerta abierta para el abuso de autoridad y la xenofobia»
Juan Manuel Amaya
Director del semillero de Derecho y Migración en Colombia
No está pensado a largo plazo
El Conpes reconoce a Colombia como un país de destino para los migrantes, y eso es un gran avance, pero no reconoce del todo que esta no es una situación temporal. Según Carolina Rodríguez, investigadora del Grupo de Migraciones y Desplazamiento de la Universidad Nacional, “es momento de hablar de integración real y dejar de creer que todos los migrantes van a retornar si se supera la crisis política en Venezuela”.
Por eso, los expertos están de acuerdo en que tanto la vigencia del plan de Gobierno -tres años- como la naturaleza de la mayoría de las medidas -caracterización, fortalecimiento de capacidades- responden más a la urgencia de la migración inmediata y no al inevitable panorama a largo plazo.
Para Cabrera, es labor del Estado dar respuesta a los problemas que impiden la integración. “Aún hace falta definir qué va a pasar con las personas a las que se les vence el PEP este año. La falta de un estatus migratorio regular sigue siendo la gran barrera de acceso a derechos y servicios para los migrantes venezolanos”.
Hace falta educación
“Hay que educar al país para la migración”, propone Maria Teresa Palacios, directora del Grupo de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. En efecto, el desconocimiento del tema empieza porque la mayoría de colombianos, ya no solo ciudadanos comunes y corrientes sino funcionarios y autoridades, aún no sabe ni el contenido, ni la utilidad, ni el alcance del Conpes.
Según Palacios, la pedagogía hace parte de un proceso efectivo de integración entre locales y migrantes, pero no es algo que se debe hacer únicamente desde las instituciones. “Esto empieza por no difundir solamente información negativa sobre la migración en el país. Los medios de comunicación deberían contribuir en este proceso y emitir información de interés como el seguimiento a este tipo de hojas de ruta”.
Por: Juliana Peña @Julianapg
