Un proyecto de:
Todo apunta a que la respuesta al fenómeno migratorio desde Venezuela se seguirá endureciendo en Suramérica durante 2020. El tono y las acciones de las autoridades y de sectores de la sociedad civil en los países que más migrantes han recibido se han ido desligando de la solidaridad de su respuesta inicial.
Las mujeres son un grupo poblacional que presenta unos contextos particulares que muchas veces generan grandes peligros para la garantía de sus derechos.
El Gobierno colombiano debe garantizar el interés general del niño, que incluye asegurar la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, su derecho a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Si bien el clima de rechazo hacia migrantes y retornados aumentaba antes del paro nacional, la campaña de expectativa gubernamental y la instrumentalización de estos eventos por parte de varios políticos sentaron una ruta implícita para la ‘normalización’ de la xenofobia.
En días pasados, una jueza de tutela suspendió la ejecución de la decisión de expulsión que obligaría a un migrante venezolano a abandonar territorio colombiano. Esta decisión se adoptó por una acción de tutela solicitando la protección del derecho al debido proceso administrativo y a la unidad familiar.
Se llevó a cabo en Bogotá la quinta reunión del Proceso de Quito. Durante su desarrollo se supo por redes sociales que un grupo de organizaciones no gubernamentales regionales solicitó entablar un dialogo con el foro para plantear sus inquietudes sobre el tema.
Las campañas a la alcaldía de las grandes ciudades colombianas han dejado la política migratoria local por fuera de la agenda de debate, pese a que ampliarla y hacerla más efectiva es una necesidad real para migrantes, retornados, locales y, desde luego, la institucionalidad.
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