Un proyecto de:
Para Colombia es clave la apertura de la frontera y la aplicación del recién aprobado Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que permitirá permanecer regularmente por 10 años en Colombia a los migrantes que se encontraban en el territorio nacional antes del 31 de enero de 2021.
Que en una persona habiten derechos es una cualidad normativa que nos ha sido asignada desde hace varios siglos. Pero convertirnos en una sociedad democrática, depende de que cualquier persona se encuentre en la posibilidad de defender sus derechos.
¿De qué sirve sabernos tan cercanos? De mucho y de nada. No sirve de nada si los estereotipos siguen siendo la pauta para relacionarnos. No obstante, sirve de mucho si comenzamos a integrar desde la empatía y la conciencia de un origen compartido.
La pregunta que debe hacerse el ministro Molano es si vale la pena seguir pensando en los culpables de siempre o si, por el contrario, vale la pena pensar en la migración venezolana como un fenómeno que puede hacer parte de ese diálogo que hoy necesita el país.
En una columna de opinión, Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración y Latinoamérica en Dejusticia, considera que el Estatuto Temporal de Protección pone en riesgo el derecho al debido proceso de las personas migrantes.
Ahora presentan el Estatuto como la solución, pero la verdad es que la irregularidad es una condición producida por reglas de juego arbitrarias. Irregularizar es una técnica de control estatal y la producción de sujetos irregularizados es su resultado.
Aunque es de resaltar el esfuerzo del Estado colombiano por implementar el régimen de protección temporal, la exigencia de la entrega de los datos biométricos es riesgosa por al menos tres razones.
El número de refugiados y desplazados internos en el mundo siguió creciendo en 2020, alcanzando un nuevo récord de 82,4 millones. Los venezolanos son el tercer grupo de refugiados y Colombia es el segundo país de acogida.
¿Seguro desea cerrar la sesión?
