Luis Daniel Álvarez V.

Doctor en Ciencias Sociales. Periodista e Internacionalista. Magister Ciencia Política y Educación

Uno de los aspectos más controversiales a los que se enfrentan los migrantes de cualquier país es a la adaptación al marco normativo que regirá sus vidas y por el cual tienen que guiarse. Eso de por sí es un dolor de cabeza. Sin embargo, en el tema de los venezolanos en Colombia la situación se torna mucho más densa, pues existe un palpable divorcio entre muchas de las directrices que emanan de los órganos del alto gobierno y su aplicación por parte de actores subalternos o sectores locales.

Ello deja al migrante venezolano en un estado de manifiesta indefensión, pues lo coloca a merced de interpretaciones y discrecionalidades que tienden en muchos casos a ser contradictorias. Si bien una máxima del derecho reza que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, existen instancias colombianas que dejan de aplicar ciertas normativas, alegando que desconocen la existencia de las mismas.

Lo delicado del asunto es que en muchos casos no se trata de ineficiencia o sabotaje por parte de la persona que atiende un caso, sino que, en efecto, quien responde no ha sido notificado de los alcances de ciertas medidas por parte de las jerarquías administrativas superiores que parecieran conformarse con dictar una resolución o realizar una reunión y firmar un acuerdo –con foto incluida- para asumir que la tarea está hecha. Si esa es la lógica que impera, entonces la posición deja mucho que desear, pues el fin no es solventar las calamidades –o al menos amainar los sufrimientos de los migrantes- sino decir ante la opinión pública que se está trabajando y hay resultados.

Más allá de lo que pueda estar tras bastidores, quien sufre es el migrante venezolano que queda a la deriva en una sociedad marcadamente legalista y que se ciñe a lo establecido en la ley.

Colombia es de los países que más se ufana de tener un sistema de atención al migrante venezolano. Sin embargo, su aplicación es totalmente cuestionable. Basta con ver los trámites de expedición del Permiso de Permanencia Temporal y el número de personas que habiendo hecho los trámites no tiene aún el documento. Otro ejemplo es lo exagerado y riguroso que resulta el ejercicio de convalidación de títulos académicos en Colombia, exigiendo una cantidad de requisitos que además de resultar onerosos para el solicitante, son sumamente complejos para encontrar. Eso por citar dos casos que repercuten sustancialmente en la posibilidad de que el migrante se inserte en la sociedad a través de un trabajo decente, el acceso a servicios básicos y cuentas bancarias y la rápida legalización.

Aunque suene polémico y evidentemente la frase cree ruido, puede pensarse que dada la complejidad para poder adecuar la situación, Colombia apuesta porque prive la irregularidad. De ser así, es una posibilidad que resulta perversa y que no se sabe qué trasfondo pueda tener. En estos momentos la conclusión pareciera que la improvisación y el desorden son los aspectos más resaltantes. 

Tiene Colombia que pensar la posibilidad de concretar políticas sólidas de atención al migrante. Solo de esta manera evitará que la situación se torne mucho más compleja y ocurra un desbordamiento como el que acontece en la frontera entre Perú y Chile. Colombia tiene la palabra y a través de sus acciones dispone de la posibilidad de encauzar el fenómeno migratorio, tratando de aprovechar lo mejor de los recursos que han llegado, excluyendo a quienes hacen daño y aplicando políticas de dignificación de la persona y promoción de opciones laborales y de vivienda.
De avanzar en esa dirección, el país podrá poner el ejemplo en el tratamiento a los migrantes y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos. De persistir en los modelos actuales, el fenómeno migratorio se convertirá en un polvorín a punto de estallar en el que las páginas web con formularios colapsados no podrán frenar una vorágine de caos y preocupación.