En un mundo cada vez más globalizado, donde los flujos migratorios se han incrementado de manera significativa, cobra importancia referirse a un plan de gobernanza global que permita abordar de manera adecuada esta realidad: hay 258 millones de migrantes en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esto es precisamente lo que se buscó con la adopción del Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito por 164 países el 10 de diciembre de 2018 en Marruecos. El documento consta de 23 objetivos principales —que se desarrollan a partir de acciones  concretas y que pretenden inspirar a los Estados firmantes sobre lo que debe contener una política migratoria basada en la persona, en la cooperación internacional, en el cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, en los derechos humanos, en el respeto por la soberanía de los Estados, entre otros pilares fundamentales—.

Colombia suscribió el documento que, pese a no ser vinculante jurídicamente, toma como base de referencia un importante número de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos tienen como eje orientador el respeto por el principio de igualdad y no discriminación, motivo relevante pero conflictivo cuando se trata de abordar la situación de los extranjeros en el territorio de un país.

En nuestro contexto, el Pacto ve la luz en un momento coyuntural: el país está enfrentando la mayor diáspora migratoria como Estado de destino en la historia nacional. Es así como este instrumento debe ser un insumo fundamental para la construcción y sanción de una ley interna que permita madurar e implementar una política migratoria coherente, integral, uniforme y con enfoque de derechos humanos. En los objetivos del acuerdo hay aspectos interesantes y aplicables al caso colombiano: 

El objetivo número 1 propone que los Estados se comprometan a desarrollar una estrategia efectiva para recolectar información, lo que permite una caracterización de los migrantes —pues dicho elemento es esencial para el diseño de acciones encaminadas a brindar atención a esta población—. En el caso colombiano, aunque se han adoptado medidas para tener un conteo de quienes ingresan al país, el subregistro es una realidad que agobia al Gobierno. Cientos de personas ingresan por corredores migratorios no controlados y esto desfigura la radiografía del perfil migratorio.

El objetivo número 4 plantea que los Estados faciliten a los migrantes sus documentos de identidad, además de mejorar los servicios de registro civil y erradicar las barreras que impidan acceder a su derecho a la personalidad jurídica para disminuir los casos de apatridia, entre otros obstáculos. Vale decir que este es un reto en nuestro país y que, si bien la Registraduría ha impulsado acciones para agilizar el registro de los venezolanos, existen numerosos casos en los que las dificultades probatorias y documentales impiden que se obtenga la ciudadanía colombiana —como ocurre con los hijos de colombianos nacidos en ese país—.

Llama la atención en especial el objetivo número 5, tendiente a que los países firmantes promuevan la migración regular flexibilizando el ingreso a su territorio. Estas medidas deberán ir acompañadas del fomento al derecho a la reunificación familiar, para evitar la separación de los núcleos. Colombia ha mostrado una actitud hospitalaria en lo que se refiere a la recepción de los migrantes venezolanos. Sin embargo, lo cierto es que estas medidas no podrán circunscribirse únicamente a esta población y la normativa deberá cobijar a migrantes de otras nacionalidades con los mismos beneficios.

Por último, frente a los objetivos 9 y 10 consistentes en incrementar las acciones para combatir el tráfico de migrantes y reducir la trata de personas, se estima que estos aspectos son prioritarios en la expedición de una normativa integral migratoria en el país. De acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo, se ha incrementado el número de víctimas extranjeras con fines no solo de explotación sexual o laboral, sino en el reclutamiento forzado —que incluye a menores de edad— por parte de grupos alzados en armas y disidentes del acuerdo de paz.

Como puede apreciarse sin dificultad, los retos son numerosos y el instrumento presenta un cúmulo de objetivos para trabajar intensamente desde la posición del país como Estado de origen, tránsito y destino de migración. Sin duda, Colombia ha dado un paso adelante al comprometerse con este documento político que busca fomentar la migración desde el respeto de la dignidad humana. Es momento de construir y el Pacto Mundial será, ciertamente, una herramienta de gran utilidad para entender la migración como una oportunidad en el desarrollo del país.   

Por: María Teresa Palacios Sanabria

*Directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario.
 

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