Decepcionada de la justicia venezolana y de las presiones del poder Ejecutivo sobre el poder Judicial, Mirna Marquina prefirió salir de Venezuela y enfrentar, como muchos, situaciones desagradables.

Por Nora Sánchez – Periodista Te lo Cuento News 

Cuando entras al consultorio de Mirna Marquina, abogada penalista de profesión, pero terapeuta de oficio, sientes una paz en el ambiente que te aquieta el alma, el cuerpo y hasta los pensamientos.

Escucharla hablar es toda una experiencia de vida. Tiene 60 años, llegó a Medellín con 50 y desde ese momento comenzó de nuevo, “desde cero”, junto a su esposo e hijos.

Nació en Mérida-Venezuela, allí se formó como abogada penalista y se desempeñó como jueza penal del Circuito Judicial de esa ciudad enclavada en los andes venezolanos. Aprovechó un convenio entre Venezuela y Colombia para jueces jubilados y por medio del mismo logró la visa y por ende la cédula de extranjería, documentos que le permitieron estar con estatus regular en este país por cinco años.

Mirna, además de estudiar Derecho, también se formó en el área de la estética, estudió Cosmetología y Masoterapia en la facultad de Farmacia y la escuela de Enfermería, respectivamente, de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida. En la ciudad de San Cristóbal se formó en Quiropraxia.

Antes de jubilarse del poder judicial, ella hizo todos esos estudios, incluso de medicina China, pues no quería seguir ejerciendo la abogacía, razón por la cual abrió su propia estética en Mérida y allí comenzó a especializarse en el área terapéutica.

De cargos importantes a limpiar baños

Las lágrimas de Mirna brotaron al recordar su primer empleo en Medellín. Gracias al estatus regular encontró trabajo en un Spa, ubicado en la zona rosa de la ciudad. Allí dio masajes, hizo tratamientos, limpió baños y tiró al aseo muchos papeles del mismo lugar.

Llora porque recuerda lo difícil que fue y el impacto que tuvo en su vida, pues “no era que no lo hacía, yo lo hacía en mi casa, pero emigrar para hacer eso me hizo sentir mínima”, expresó al recordar que fue docente, jueza penal e incluso formó parte de los 35 jueces con conocimientos en Derechos Humanos en Mérida, certificados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por casi tres años Mirna trabajó en esa estética donde sus compañeras eran mucho más jóvenes que ella, tener 50 años también formó parte de su duelo migratorio. Sin embargo, comenzó a superar la tristeza repitiéndose diariamente “tengo que hacerlo, yo tengo que seguir” y logró independizarse y trabajar por su cuenta.

Negar la nacionalidad para poder comer 

Mirna Marquina comenzó a hacer domicilios, los colombianos le abrieron las puertas de su hogar, pero no podía decir su nacionalidad, fue allí cuando fue víctima de xenofobia y hasta ocultó su origen para poder generar ingresos.

“No podía decir que soy venezolana porque me estigmatizaban, me cerraron las puertas, incluso en el Spa tuve situaciones xenófobas, había clientes que al saber que era venezolana no quería que los atendiera, otras personas no me dirigían la palabra, en muchos casos no decía que era venezolana porque podía quedarme sin trabajo”, recuerda.

Su acento andino en ocasiones lo confundieron con el chileno o el argentino, cuando llegaba a una casa a hacer un tratamiento y la escuchaban a veces de una vez le preguntaban ¿eres chilena? a lo que ella respondía inmediatamente: “sí”, negaba su nacionalidad por miedo a ser rechazada o ser víctima de xenofobia.

Retroceso migratorio 

Cuando a Mirna le correspondía renovar su visa en Colombia, la misma le fue negada porque su salario como jueza penal en Venezuela no era garantía para el Estado colombiano.

Entre los requisitos para tener de nuevo la visa figuraba una constancia de salario de parte de la Magistratura como jueza jubilada y al entregarla a las autoridades de este país, el documento que le permitiría mantener el estatus regular, se lo negaron porque su salario en Venezuela es de 2 dólares (8 mil pesos aproximadamente).

Por un tiempo Mirna estuvo con estatus migrante irregular. En ese entonces se dedicó a hacer domicilios y a atender pacientes en su hogar hasta que de nuevo el gobierno colombiano abrió el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y posteriormente el Permiso de Protección Temporal (PPT).

Hoy día cuenta con ese documento que le permitirá en unos años tener una visa de residente; sin embargo, haber perdido su primera visa por su mísero salario es para ella un retroceso, el mismo en el que está sumido un país con una inflación en la que los 2 dólares de Mirna le permiten escasamente cancelar la factura de la línea telefónica de su casa en Mérida.