A finales de 2021 y comienzos de 2022, la Registraduría canceló 43 mil cédulas de personas en su mayoría binacionales colombo-venezolanas. Andrés Besserer, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario analiza la pesadilla que esta situación ha sido para ellas.

Por Andrés Besserer Rayas. *

Imagina que un día vas al banco y el personal dice que no puedes retirar tu dinero y que tus cuentas se cerrarán porque tu cédula “tiene un problema.” Imagina que un día te despiden de tu trabajo sin más razón que “hay un problema en tu cédula”. Imagina que un día un policía en una requisa cualquiera y sin motivo te retiene porque tu cédula “tiene un problema”.

Ahora ponte en los zapatos de alguien que lleva año y medio sin poder encontrar trabajo formal y por lo tanto no puede alimentar debidamente a sus hijos, no puede usar el banco, ni tiene acceso a crédito, no puede viajar por avión, y que ha desarrollado pánico a que una autoridad le pida mostrar su cédula.

Para decenas de miles de colombianos, estos no son escenarios hipotéticos. Esta ha sido su realidad desde que la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) canceló, de manera masiva y sin respeto al debido proceso ni a la garantía de audiencia, las cédulas de 43.000 personas (en su mayoría binacionales colombo-venezolanas). Esto sucedió a finales de 2021 e inicios del 2022 mediante la resolución 7300. Y miles de familias llevan más de un año viviendo esta pesadilla. Periodistas, defensores de derechos humanos, e investigadores como yo, hemos señalado la crisis que viven los afectados y el hecho de que era innecesario que pasaran por esta situación los afectados.

En 2022 coordiné un esfuerzo de investigación en donde mis coautores y yo buscamos entender el impacto que tuvo la cancelación masiva, repentina y arbitraria de cédulas. Lo que encontramos nos impresionó: esta cancelación trastoca la vida no sólo de los individuos afectados, sino también las de sus familias, llevando a muchos a la pobreza, causando daños sicológicos, económicos, en la seguridad alimentaria de las familias, y más. El informe da cuenta del “daño multidimensional y prevenible” ocasionado por las cancelaciones y puede leerse en línea.

La mayoría de los afectados nacieron en Venezuela de padres colombianos desplazados por la violencia, el prolongado conflicto, o en búsqueda de mejores condiciones económicas. Desde 2015, y a raíz de las múltiples crisis de Venezuela, estos hijos de colombianos han decidido migrar a la tierra de sus padres.

La pesadilla que han vivido las familias de las 43,000 personas cuyas cédulas fueron canceladas defraudó la esperanza con la que ellos llegaron a Colombia.

La Corte Constitucional hace apenas unas semanas emitió una sentencia reconociendo las faltas de garantía y de debido proceso, así como el daño sufrido por individuos y familias. Si bien hay mucho que aplaudir en esta sentencia, también es algo contradictoria. Por un lado, la Corte, apoyándose en la opinión de expertos que utilizaron los informes ya mencionados, reconoce que el modo en que se llevó a cabo la cancelación de cédulas no cumplió con las garantías adecuadas. Más aún, señala que el daño sufrido por individuos y familiares es gravísimo, diciendo: “se observa que las implicaciones asociadas a la pérdida de los documentos de identidad perduran al día de hoy y ubican a miles de personas en un escenario de desprotección en el que se ven proclives a soportar consecuencias gravísimas en su vida cotidiana”.

Pero por el otro lado, la Corte desaprovechó la oportunidad para poner fin inmediato al sufrimiento de las familias. La Corte no ordenó la restitución inmediata de la totalidad de cédulas sino que ordenó a la Registraduría que diseñe y formule un “plan de contingencia”, lo cual no pone fin inmediato a la desprotección que viven estas familia a pesar de que, en su propia sentencia, reconociera su gravedad y que surge de un proceso que no tuvo las garantías adecuadas. Hace menos de un mes, la Registraduría creó un procedimiento para responder a lo ordenado por la Corte. Está por verse aún si esta respuesta bastará para resolver la crisis prolongada que viven las personas afectadas.

Es importante recalcar que la gobernanza migratoria no es sencillamente una política frente al “otro” ni tampoco es un ámbito exclusivo de las instituciones de migración. Como muestra el caso de las cédulas canceladas, la división entre lo que es bueno para los migrantes y lo que es bueno para los colombianos no existe. Muchos inmigrantes a Colombia son retornados hijos de colombianos que emigraron; muchas familias son mixtas; y, por último, los inmigrantes son parte íntegra de la sociedad colombiana.

Se requiere, por lo tanto, una mirada integral y transversal de la movilidad humana. La defensa de los derechos de las personas en condición de movilidad y su bienestar fortalecen el estado de derecho y el bienestar social de toda Colombia.

* Doctorando en ciencia política de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, coordinador del informe “Ciudadanía cancelada, derechos arrebatados”, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela. Y miembro de la red Charlas de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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