La falta de estadísticas es en sí misma una limitación para la defensa de los derechos humanos. Ligia Bolívar, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario expresa su preocupación por la falta de información oficial sobre migración durante el Gobierno Petro.
Por Ligia Bolívar*
Quienes hacemos seguimiento a la situación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia, vimos con agrado y entusiasmo el anuncio de la inclusión de una encuesta de caracterización socioeconómica como parte del proceso de regularización a través del Estatuto Temporal de Protección para Personas Venezolanas (ETPV), iniciado en junio de 2021.
La encuesta constituiría una mina de información indispensable para saber con mayor precisión quiénes son, dónde están, qué necesidades tienen y qué pueden aportar a la sociedad colombiana las personas provenientes de Venezuela.
Y, en efecto, en julio de 2022, cuando se cumplía el primer año del registro, Migración Colombia publicó un tuit en el que sostenía: “la encuesta de caracterización socioeconómica del ETPV, que ya cuenta con más de 2,2 millones de registros nos ha permitido brindar información certera a las diferentes entidades de Gobierno, facilitando así la formulación de estas políticas públicas” y cerraba con la etiqueta #Visibles1Año.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la etiqueta de “visibles”, que se acuñó como parte de la campaña de regularización masiva de la población venezolana en Colombia, se ha ido desvaneciendo. Al momento de escribir esta columna, la sección ETPV de la página web de Migración Colombia registra 2.384.288 personas con Encuesta de Caracterización Finalizada, pero los únicos datos disponibles en el internet profundo (no visibles) son los relativos a la edad, el sexo y el departamento de ubicación de la persona. Es decir, aunque hace ya un año se afirmaba que la encuesta de caracterización servía para contar con “información certera” que facilitaría la formulación de políticas públicas, lo cierto es que esos datos no están disponibles y mucho menos visibles.
En esas circunstancias no sorprende -aunque tampoco justifica- que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 cuente con tan escasas referencias al tema de la migración. Tampoco sorprende que la cuestión de la migración haya pasado de una gerencia adscrita directamente a la presidencia de la república, a una dirección por debajo de un viceministerio en el recién creado Ministerio de Igualdad y Equidad, bajando de esa forma cuatro al menos tres peldaños en el organigrama de la estructura administrativa del actual gobierno.
Hace algunos años tuve oportunidad de asistir a la sesión del Comité de Derechos del Niño de la ONU, cuando se examinaba a otro país de Latinoamérica. Los representantes del Estado se quejaban sobre las circunstancias de pobreza, terremotos y conflicto interno, tratando de justificar así la ausencia de estadísticas sobre la situación de la infancia en su país, al tiempo que pedían apoyo financiero de UNICEF, cuyo representante se encontraba también en la sala.
La vicepresidente del Comité no dudó en llamar la atención del gobierno, afirmando que la ausencia de estadísticas era, en sí misma, una violación de los compromisos contraídos por el país en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, ya que si el gobierno no sabía quiénes eran y dónde estaban los niños en condición de vulnerabilidad, era imposible que desarrollara políticas públicas en su favor y mucho menos que aspirara a la cooperación internacional.
Más allá de la subestimación cuantitativa y sin bases del exembajador Benedetti sobre, “el éxodo que supuestamente hay” desde Venezuela, el no publicar los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica, constituye una barrera a la elaboración de políticas públicas con fondos propios o mediante la cooperación internacional, que tiene efectos negativos para una población que supera a los habitantes del departamento del Atlántico y que en buena medida se encuentra ya en condición migratoria regular y que dejaría mal posicionada a Colombia en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Los datos de la encuesta de caracterización pueden y deben estar a disposición, de la misma manera que está la encuesta de Sisbén, es decir, anonimizada para salvaguardar datos personales. Si la información es poder, el gobierno está perdiendo una oportunidad dorada para ejercerlo y darle sustento a sus proclamadas políticas de inclusión.
* Socióloga, experta en derechos humanos y se desempeña como investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, para el área de derechos de migrantes y refugiados. Y miembro de la red Charlas de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
Para profundizar en más temas Migratorios consulta el último reporte de la Bitácora Migratoria aquí
