Por el solo hecho de ser migrante y venezolana, Keila González estuvo a punto de ser asesinada dentro de uno de los buses de la ruta L 25 Portal Suba de Transmilenio, el pasado 15 de noviembre. Su relato todavía está lleno de miedo y de quiebres de voz.
Eran las 9:30 de la mañana. En la estación Calle 75, en Bogotá, Keila vio cómo un hombre se subió a pedir plata. Luego, unas estaciones más adelante, un segundo hombre abordó el articulado con la misma intención, solo que — con un marcado acento venezolano— ofreció a cambio interpretar alguna canción. Keila seguramente sonrió de modo cómplice, casi patriótico.
Lo que vino después fueron los insultos del primer hombre, colombiano y de unos 25 años, indignado porque, a diferencia del otro, a él nadie le había dado dinero. “Esta hp es venezolana, porque así es como les gusta andar a ellas, con los zapaticos arreglados, bien vestidas, solo vienen aquí a quitarnos el trabajo…”. A medida que su tono iba en aumento, el hombre se acercaba hasta que pudo escupirle en la cara. “No le da miedo, sapa hp, le voy a atravesar el corazón con este puñal”.
Para ese momento, el conductor había detenido el bus y alguien más pedía ayuda a la Policía. La reacción de un pasajero, y de un uniformado que acudió al llamado, evitaron que la promesa del hombre, que ya blandía un cuchillo, se hiciera realidad. Ese día Keila burló la muerte, lo que no pudieron otros 438 venezolanos este año en Colombia, incluido un joven de 21 años que fue baleado esta semana en Corabastos, aparentemente, por hechos relacionados con xenofobia.
Según datos suministrados por la Policía al Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, el homicidio es el delito que más impacta a los migrantes venezolanos en el país. Aunque son un poco menos del 4% de la población, ellos han puesto a lo largo del 2020 el 5% de los muertos por ese delito con picos como el observado en septiembre, mes en que la cifra llegó al 6,4%.
En comparación con el mismo periodo del 2019, los homicidios contra venezolanos aumentaron en un 40,4%, un fenómeno contrario al que vive el país en general, que ha visto disminuir el homicidio un 8% en el mismo lapso de tiempo. Además este año —demuestran cálculos del Observatorio con cifras de la fuente policial — la tasa de homicidios de venezolanos viene en aumento progresivo, incluso durante los meses de cuarentena por la covid-19.
El número de asesinatos de migrantes pasó de 27 por cada millón de habitantes en febrero, a 30 por cada millón en agosto y a 41 en septiembre. Quienes huyen de Venezuela son además víctimas, cada vez, de más delitos. En el 2015, acorde con la Policía, se cometieron 17 tipos diferentes de hechos delictivos. En el 2019, la cifra ascendió a 85. En su orden, los migrantes fueron víctimas de hurto (24%), violencia intrafamiliar (23%), lesiones personales (21%) y homicidio (6%).
El otro 26 por ciento se divide entre acceso carnal violento, hurto a residencias y amenazas, entre otros. Sobre este último, precisamente, la Defensoría del Pueblo atendía una crisis humanitaria de desplazados venezolanos en Argelia, en el sur de Cauca, luego de la aparición de panfletos firmados por el ELN que les exigían a los extranjeros salir de la zona.
«Tengo miedo de salir a la calle. Cuando la Policía se estaba llevando al hombre que me atacó en Transmilenio, me dijo que si me veía por Suba me iba a atravesar el corazón»
Keila González, migrante venezolana
Cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, con cifras de la Policía
Otro de los delitos que llaman la atención es el de violencia intrafamiliar. Si bien únicamente el 2 por ciento de los casos en el país involucró a un migrante como víctima, esos acontecimientos ocurridos entre enero y septiembre de 2020 suponen un aumento del 134,7% en relación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, mientras el encierro y el miedo por el contagio detuvieron la mayoría de conductas delictivas a nivel nacional, en la población migrante ocurrió lo contrario.
La violencia de género es un claro ejemplo. Ahí, las cifras en 2020, de acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, demuestran una disminución del 40% hasta mediados de septiembre. Las cifras de violencia física contra la mujer migrante, sin embargo, aumentaron un 9% este año y la violencia psicológica un 27% respecto del 2019. Uno de los pocos delitos que sí disminuyó fue el de lesiones personales.
Entre enero y septiembre de este año, las autoridades reportaron un bajonazo del 19% en relación con el mismo periodo del año anterior, eso pese a que la cifra aumentó drásticamente de agosto a septiembre de este año. Posiblemente esto obedezca al cierre de bares por las medidas de la cuarentena, ya que este tipo de delitos está asociado históricamente al consumo de alcohol.
Más allá de ese indicador, el panorama de los migrantes como víctimas puede ser muy preocupante si se tiene en cuenta el subregistro que supone casi un millón de ellos en condición irregular en el país y quienes, por temor a ser deportados, no se atreven a denunciar. Así lo confirma Laura Dib, abogada de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, quien se refirió a un caso de abuso policial contra un menor de edad que conoció ese consultorio y que, sin embargo, no pudo ser denunciado por esa razón. “Toda acción jurídica pasa primero por una valoración para conocer las implicaciones que puede o no tener para el ciudadano dependiendo de su estatus migratorio. Lo último que queremos para nuestros usuarios es hacer una acción con daño”, aclara Dib.
En momentos en que los migrantes se perciben más como victimarios que como víctimas es urgente ponerle la lupa a una situación que parece desdibujarse por narrativas y mensajes xenófobos. Más allá de nacionalidades tienen que ver con la delincuencia, esa que por poco le quita la vida a Keila González en el Transmilenio.
Los homicidios contra venezolanos aumentaron en un 40,4%, un enómeno contrario al que vive el país en general, que ha visto disminuir el homicidio en un 8%.
“Veneco lo tenemos en la mira”
Antes de que el miedo lo hiciera renunciar, Alejandro Torres vivía amedrentado y amenazado. Trabajaba en un pequeño local de publicidad en el barrio Ricaurte, en el sur de Bogotá, y a menudo era víctima de intimidaciones por su nacionalidad, según consta en registros testimoniales de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza, de la Universidad del Rosario.
Un día, incluso, llegó a encontrarse con una calcomanía pegada en una de las paredes del local que decía: “Veneco, lo tenemos en la mira”. Con la leyenda, aparecía la imagen de una rata y la bandera de Venezuela. Ese tipo de amenazas e intimidaciones son el quinto delito con más denuncias en el país (4%). Si bien solo el 1% de las víctimas de amenaza en Colombia son venezolanas, es decir 304 personas, entre enero y septiembre de este año, se reportó un aumento de 101,3% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
