El 20 de julio de 2017, 33 magistrados tomaron juramento ante la Asamblea Nacional de Venezuela como miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Al día siguiente, durante un discurso transmitido por televisión nacional, Nicolás Maduro los declaró traidores de la patria y los amenazó con un juicio militar, cerca de 30 años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes. No era una broma. Esa misma tarde, cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a uno de los magistrados, demostró que hablaba en serio.  

Un año y medio después de su creación, muchos no saben de dónde viene, qué hace ni cómo funciona una entidad cuyos miembros están regados por todo el mundo y que se reúne virtualmente a tomar decisiones también virtuales, pues no tienen ningún efecto en la realidad.

Ninguno de los 33 miembros del Tribunal Supremo recién elegido pudo comenzar a trabajar. Se escondieron en la clandestinidad y en cuestión de semanas huyeron de Venezuela. Algunos se refugiaron en  las embajadas de Chile y Panamá, otros viajaron a Estados Unidos y ocho atravesaron la frontera hasta llegar a Colombia. Entre ellos estabanGonzalo Oliveros y Rafael Ortega, dos reconocidos juristas que encontraron en su máximo logro profesional el motivo de su destierro.

Oliveros vivía en Puerto La Cruz y Ortega en Barquisimeto, pero hace un año y medio los dos intentan hacer una vida en Bogotá. Su tiempo como magistrados es exactamente el mismo que llevan en el exilio y para los dos ha sido difícil volver a empezar, especialmente porque nunca pensaron irse. Aunque en Venezuela eran la máxima autoridad de la justicia, en Colombia son dos migrantes más que buscan trabajo y sueñan con volver a su país.

A pesar de la persecución, las dificultades de volver a empezar y muy lejos de su hogar, los dos decidieron seguir trabajando por Venezuela.

Después de varias reuniones por Skype, Oliveros, Ortega y 24 magistrados se pusieron de acuerdo para constituir el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en el exilio apenas dos meses después de haber salido del país. Después de que 26 de los  33 juristas firmaron el documento, el 20 de septiembre de 2017, y de una ceremonia en la sede de la OEA menos de un mes después, empezó a funcionar oficialmente.

Este Tribunal es una figura inédita en el mundo, pero no ha estado exento de controversias relacionadas con su naturaleza y la función que debe cumplir. Para la oposición es legítimo, para el oficialismo es usurpador. Para Oliveros, justo después de su creación, perdió el rumbo, y para Rafael Ortega sigue siendo la única manera de contribuir a que Venezuela consiga cambiar desde afuera.

Rafael Ortega es experto en derecho laboral. En Venezuela nunca le hizo falta nada, pero aquí en Bogotá ha tenido que pedir plata prestada para poder mantenerse.  © Miguel Galezzo | Proyecto Migración Venezuela

Gonzalo Oliveros trabaja asesorando legalmente a migrantes venezolanos. Lo poco que recibe de eso lo utiliza para mantener su oficina en la capital.   © Miguel Galezzo | Proyecto Migración Venezuela

El origen del exilio
 

El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia de la justicia venezolana, y el encargado de tomar las decisiones definitivas en materia electoral y constitucional.  En la prática, Venezuela tiene hoy dos: el que trabaja desde el exilio y del que trata este artículo, y otro que funciona desde Caracas. ¿Cómo ocurrió esto?

Las elecciones parlamentarias de 2015 pusieron contra las cuerdas al gobierno de Nicolás Maduro en los primeros comicios legislativos después de la muerte de Hugo Chávez. La oposición se quedó con la mayoría de los 167 escaños de la Asamblea Nacional. Como una medida desesperada, días antes de que terminara el período legislativo de ese año, los diputados salientes nombraron un nuevo Tribunal Supremo en un proceso exprés. El nombramiento que tarda 30 días se resolvió en una tarde.

El 23 de diciembre, la Asamblea celebró una sesión extraordinaria en la que eligió prácticamente a dedo a los 33 magistrados. La mayoría de los magistrados electos no cumplía con los requisitos mínimos que exige la constitución venezolana para aspirar al cargo más importante de la rama judicial, pero compartían una característica indispensable: eran afines al gobierno de Maduro.

Un mes después se posesionó la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Desde el primer día, los diputados se dedicaron a buscar la impugnación del Tribunal que habían elegido sus antecesores. Pero cuando lograron anular la designación, los magistrados del Tribunal no acataron la decisión, y, en vez de renunciar, le cedieron al presidente las facultades de la Asamblea.

Nicolás Maduro está en el poder desde el 2013. El 10 de enero se posesionó como presidente de Venezuela hasta el 2025. © Federico Parra | AFP

El Tribunal Supremo de Justicia le concedió a Maduro el poder para “tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estimase pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción…”

Con esta jugada, Maduro obtuvo de un día para otro la libertad suficiente para legislar y construir el andamiaje que le permite hasta hoy mantenerse en el poder. 

La Asamblea continuó el proceso que establece la constituciónpara el nombramiento de los magistrados y escogió a otros 33 nuevos jueces. Pero una vez más los miembros escogidos irregularmente se negaron a dejar sus cargos, declararon nula la designación del nuevo Tribunal y acusaron a los elegidos de cometer el delito de usurpación de funciones. Ahí empezó la persecución.

“La clandestinidad es cosa seria. Lo obliga a uno a cambiar todo. Apariencia, conducta, correos, teléfonos, todo”, escribió Oliveros por esos días. Tanto él como Rafael Ortega cruzaron la frontera hacia Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar sin sellar sus pasaportes para no ser detenidos.

“Los 10 minutos más largos de mi vida” concluye Oliveros. No viajaron juntos, pero el recorrido fue prácticamente el mismo. Una vez en Cúcuta tomaron un bus hasta Bogotá, pidieron protección al Estado colombiano y en menos de tres meses fueron reconocidos como refugiados junto con otros seis juristas.

Mientras tanto, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano se convirtió en uno de los principales apoyos de Nicolás Maduro. Hoy su poder es tal que el 10 de enero reemplazó a la Asamblea Nacional en sus funciones y, frente a los ojos del mundo, sirvió de testigo para que Maduro tomara juramento e iniciara su segundo mandato. 

Nicolás Maduro tomó juramento como presidente de Venezuela ante el Tribunal Supremo y no ante la Asamblea Nacional como establece la constitución.  ©Twitter  @NicolasMaduro

Un tribunal virtual

Ninguno de los magistrados que hoy está en el exilio se imaginó terminar en esta situación. “Creo que nosotros sabíamos que algo iba a pasar y por eso ese día intercambiamos números”, recuerda Ortega.

Una semana después de huir de Venezuela, empezaron a comunicarse y a contemplar la posibilidad de seguir ejerciendo el cargo para el que habían sido designados. Una vez todos estuvieron de acuerdo en formalizar el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el siguiente paso era escoger un presidente. A través de una votación por Whastapp, los magistrados eligieron a Miguel Ángel Martín como máxima autoridad del tribunal.

En un acto inédito y que molestó a algunos de los países miembros de la OEA, el 13 de octubre los jueces se posesionaron en el Salón de las Américas en Washington. Desde entonces, empezaron una labor de embajadores ante las diferentes autoridades de los países latinoamericanos para lograr reconocimiento internacional, pero hasta ahora solo Luis Almagro, secretario general de la organización, los reconoce como legítimos.  
 

Estos son los miembros actuales del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio:

*Pase el cursor sobre cada foto para conocer a los magistrados

El Tribunal en el exilio es inédito incluso hasta en su forma de trabajar. No tienen sede y sus reuniones son vía Skype cada 15 días luego de comprobar por Whatsapp si hay quórum. “Cuando los magistrados no asisten a las reuniones no es porque no quieran, es que no es fácil. Hay uno lavando carros en Estados Unidos, entonces tenemos que entender ese tipo de cosas. Los que siempre podemos es básicamente porque no tenemos trabajo”, cuenta Ortega, vicepresidente segundo del Tribunal.

En Venezuela, él era profesor universitario. Por fuera de los salones asesoraba casos de acoso laboral y era dueño de tres pizzerías. A pesar de la crisis de su país, nunca le faltó nada. Pero en Bogotá la vida es a otro precio. Al igual que Gonzalo Oliveros, durante el primer año en el exilio Ortega fue profesor de tiempo completo en una universidad. Eso, más la ayuda de un primo hermano suyo, fue suficiente por unos meses. A finales de enero empezó nuevamente el contrato, esta vez solo es por medio tiempo. Sabe que con eso no le alcanza para él, su esposa y a sus dos hijos.

“En el día me la paso buscando trabajo y en la noche no duermo pensando por qué no consigo”, dice con cierta tristeza. Sabe que pronto le va a tocar irse a vivir a un apartamento más pequeño, pero por ahora lo que más le preocupa es que no ha pagado el arriendo del mes. “Si no nos hubieramo organizado como magistrados en el exilio, ¿qué más estaríamos haciendo si trabajo no hay?” sentencia.

La última vez que se reunieron físicamente fue en agosto del año pasado, en Bogotá. Su cita era en la sede del Congreso de la República de Colombia para “juzgar” a Nicolás Maduro luego de que la fiscal Luisa Ortega, también en el exilio, lo acusó de recibir sobornos de Odebrecht y presentó las pruebas. A Maduro le asignaron un abogado de oficio y empezó la deliberación entre los 14 magistrados que asistieron a evento. Al final, los jueces del Supremo lo condenaron a 18 años y treses meses de cárcel, a pagar una multa de 35.000 dólares y tiene que devolverle al Estado más de cinco mil millones de dólares.

El presidente Miguel Ángel Martin le dijo a Nicolás Maduro durante el juicio: “Lo que será recordado es que robaste el dinero de la nación y violaste intencionalmente los derechos humanos de todo un pueblo” © Twitter TSJ_Legitimo

Pero no todos los miembros del Tribunal estuvieron de acuerdo con este juicio. “El origen del organismo era político, no jurídico. Nosotros éramos un tribunal político y desde afuera íbamos a emitir opiniones para influir en la situación política de Venezuela, no sentencias e ilusiones”, dice con cierta decepción el magistrado desde una oficina en el centro de la capital colombiana. Oliveros ya no hace parte del Tribunal en el exilio, se retiró menos de un mes después de la instalación en la OEA.

Ahora es presidente de Asovenezuela, una organización sin ánimo de lucro que ayuda y asesora legalmente a los migrantes que están en Colombia. Durante un año alternó sus labores en la oficina con las clases que dictaba como profesor de derecho en una universidad de Bogotá. Ahora va a empezar a estudiar la especialización para volver aún más preparado a Venezuela, pues espera algún día ocupar su silla en el Palacio del Tribunal Supremo en Caracas. 

Más allá de cualquier controversia, la cuestión de fondo es que las sentencias del Tribunal tienen una particularidad: no se ejecutan en la realidad. “No se pueden cumplir ahorita porque no estamos en Venezuela. Pero las sentencias ya están firmes, hemos cumplido nuestra labor. Cuando la democracia vuelva a nuestro país se podrán ejecutar”, concluye Ortega. Por ahora, sin embargo, nadie va a capturar a Maduro, ni lo va a obligar a pagar una multa y, en concreto, no va cumplir ninguna pena por orden del Tribunal.

Los magistrados que aún hacen parte del Tribunal en el exilio están seguros que con lo que hacen están cumpliendo con la labor que constitucionalmente se les asignó. Para Rafael Ortega, el Tribunal no tan sólo es un organismo en el exilio, sino que es el verdadero órgano judicial de Venezuela.“Es cuestión de ponernos el apellido que nos diferencie del ilegítimo, del que está en Caracas. La historia nos dirá si lo hicimos bien o no”, asegura convencido de que cuando vuelva a su país todo esto tendrá sentido.

Por: Juliana Peña @Julianapg