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Refugiados del hambre: paradoja humanitaria



Por: Julián Solórzano
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“La gente en el barrio empezó a vender masas de maíz cocido con cal, de la cual nos alimentábamos para tener algo en el estómago”, “con el último sueldo que recibí, no le miento que me alcanzó para una bolsa de pañales para mi bebé y para media cubeta de huevos”, son algunos de los miles de testimonios que se encontraría el lector, si le pregunta a una persona venezolana por qué salió de su país.

 

Según cifras del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (FAO), al menos un tercio de la población venezolana padece inseguridad alimentaria. Según indicadores del 2020 publicados en el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional la región, la prevalencia de la subalimentación en Venezuela es del 31,4%, lo que representa 9.1 millones de personas. El único que supera al vecino país es Haití con el 48,2% de subalimentación. No obstante, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han anotado que la situación podría ser más grave, en tanto no existen desde hace mucho tiempo cifras institucionales y el gobierno ha reservado el acceso a este tipo de información.

 

La prevalencia de la subalimentación se define como la proporción de personas del total de la población que carece de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa durante un año”. Y en tan solo 5 años, Venezuela ha triplicado la población subalimentada. Según proyecciones de la FAO, en el año 2030 el 61.7% de la población venezolana sufrirá de subalimentación, lo que representará 20.5 millones de personas.

 

La génesis del problema podría ser resumida en dos cuestiones: la primera, asociada a los altos niveles de inflación, que para el 2020 alcanzaron el 3.713%; la segunda, asociada a la implementación de mecanismos de distribución selectiva de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) – que generalmente son controlados por personas afines al partido de gobierno –.

 

Sobre el primer problema podemos decir que el salario mínimo en Venezuela alcanza a cubrir el 0,88% de la canasta básica alimentaria. Mientras que la canasta básica tiene un costo de 250 dólares, el salario mínimo en Venezuela representa algo más de dos dólares.

 

Entonces ¿cómo se alimenta la población venezolana? El grueso ha tenido que recurrir a tácticas como racionar las porciones de sus comidas, trabajar a cambio de comida o sacrificar otras necesidades básicas para poder acceder a alimentos que, en todo caso, tienen muy bajo contenido nutricional.

 

 

Pero a este panorama se suma la distribución selectiva de los alimentos a través del acaparamiento que ha logrado el gobierno a través de los CLAP, que son comités que abastecen y distribuyen los alimentos en determinada zona de una ciudad. Mecanismo que ha sido altamente cuestionado por la denuncia de prácticas de coacción, como tener que presentar el carnét de la patria, un instrumento que pretende registrar el estatus socioeconómico de potenciales beneficiarios de ayudas sociales.

 

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela, han evidenciado como este documento ha sido usado para beneficiar los intereses electorales del oficialismo, dado que el acceso al suministro de alimentación por intermedio de los CLAP se supedita a circunstancias como firmar iniciativas que pretenden respaldar el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

 

La desnutrición de la población venezolana ha sido siempre una preocupación de la cooperación internacional. Y no es para menos, puesto que, en niños, niñas y adolescentes, los efectos de la desnutrición son irreversibles. La desnutrición puede causar disminución en el tejido cerebral, lo que deriva en alteraciones motrices, retraso mental, dificultades de aprendizaje, afectación a la memoria en el corto o largo plazo, entre otros. Circunstancia que pone en peligro de manera inmediata la vida recién nacidos. De hecho, la mortalidad materna en Venezuela supera las 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, por causas generalmente asociadas a desnutrición y falta de acceso a ácido fólico.

 

El Decreto 1067 de 2015 parametriza quién puede considerarse como persona refugiada en Colombia, señalando que lo será la persona que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violación masiva de derechos humanos, entre otras razones. Sin duda, los Estados tienen la obligación de garantizar a su población la capacidad de acceder a alimentos, cosa que es imposible con los ingresos del promedio de la población venezolana. Sin obviar que los Estados deben garantizarlos sin ningún tipo de discriminación, como podría serlo por razones ideológicas o políticas.

 

Comer es un derecho que debemos tener por nuestra sola existencia, y sin duda el hambre cuando alcanza niveles de afectación a la salud, es una afrenta a la humanidad. Ya lo anticipaba el filósofo romano Séneca: “todo lo vence el hombre, menos el hambre”. También lo describió el político Raúl Ricardo Alfonsín cuando mencionó: “En Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos, sino porque sobra la inmoralidad”; reflexión que tiene total vigencia moral en la actualidad.  Una vida no debería ser arrebatada o puesta en peligro por el hambre, y sin duda el reconocimiento de la condición de refugiado por circunstancias asociadas al hambre representa una reivindicación moral ante la emergencia humanitaria.


* Julián Solórzano es coordinador del Nodo Centro Bogotá - Boyacá del Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional de la Corporación Opción Legal

 

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.


 






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