Desde septiembre de 2020, con la reactivación de la economía en América Latina, las personas migrantes empezaron a movilizarse nuevamente a lo largo del continente. Ante esta situación, una respuesta notoria de algunos gobiernos ha sido militarizar sus fronteras. Esta medida implementada por Colombia, Perú, Chile, entre otros, ha servido para controlar la migración bajo el disfraz de proteger la salud pública.

Aunque los Estados tienen la facultad de establecer mecanismos para controlar y ordenar la migración, así como contar con la presencia de las fuerzas armadas o policía para salvaguardar las fronteras de grupos ilegales, es problemático que sean las autoridades militares quienes estén adelantando acciones de control migratorio y de respuesta a la población migrante que llegan a sus territorios en busca de protección.

En primer lugar, supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Los militares no están capacitados para realizar el control migratorio y esto se ha podido evidenciar con el uso excesivo de la fuerza que ejercen.

Por ejemplo, en enero de este año en la frontera de Perú y Ecuador, el ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar a las personas migrantes. En el caso de la frontera colombo-venezolana, en octubre de 2020 entró a funcionar “la Operación Muralla” para controlar el ingreso y salida de personas migrantes por las trochas, así como “mantener en firme la seguridad y soberanía del país frente a la crisis migratoria que se vive en la región”, según palabras del Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista. Ese uso excesivo de la fuerza por parte de la Armada Nacional provocó el volcamiento de canoas donde se transportaban personas migrantes por el río Arauca.

En el caso de Chile, desde que se declaró el estado de emergencia a causa de la pandemia las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para  participar de las labores de control migratorio prestando apoyo logístico, tecnológico y de transporte a las fuerzas de orden y seguridad en el control de las fronteras. Esto se hizo bajo el mismo decreto que regula la actuación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y crimen organizado transnacional, borrando de esta forma la diferencia entre política migratoria y de seguridad nacional.

En segundo lugar, mantener las fronteras cerradas y militarizadas para contrarrestar la crisis migratoria es contraproducente porque incentiva el cruce fronterizo por pasos no autorizados y en consecuencia convierte a las personas migrantes en potenciales víctimas de tráfico de personas, violencia sexual, secuestro, extorsión e incluso la muerte. Este tipo de medidas está afectando principalmente a las personas migrantes de bajos niveles económicos y que, ante la falta de alternativas, tienen que huir caminando para sobrevivir.

Más allá de garantizar una migración organizada y salvaguardar la salud pública, lo que subyace a los cierres de frontera y su militarización es la aporofobia de los Estados. Mientras que Colombia, Perú y Chile ya abrieron sus fronteras aéreas, sus fronteras terrestres y fluviales siguen cerradas en el caso de Chile o parcialmente abiertas en Colombia y Perú. Estas medidas parecieran estar basadas en razones discriminatorias por parte de las autoridades y no necesariamente en argumentos de salud pública. Pareciera entonces que las fronteras de estos países solo estuvieran abiertas para cierto tipo de migrantes, aquellos quienes pueden viajar en avión, pagar una visa o que son ciudadanos de ciertos países a los que no se les exige este requisito.

Es importante que los Estados tengan en cuenta que, tal y como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implementar políticas migratorias que autoricen a las fuerzas armadas a realizar el control migratorio es contrario al deber de los Estados de salvaguardar y garantizar los derechos humanos de las personas en condición de movilidad humana. Urge que los Estados de la región promuevan medidas de contención sanitaria que sean compatibles con la protección de personas que huyen de persecución, violencia generalizada, graves crisis humanitarias y otras amenazas a la vida y a la integridad física.

* Investigadora del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia / larroyave@dejusticia.org

Por: Lina Arroyave @LinaArrv