La organización venezolana Mahuampi recibe un promedio de 12 casos al mes, de familias extranjeras que no han podido inscribir a sus niños en los colegios por diferentes razones.
A pesar de que el Gobierno nacional anunció hace tres años que los niños venezolanos pueden estudiar en cualquier colegio del país, sin importar su estatus migratorio, algunas familias venezolanas denuncian que no han podido matricular a sus hijos por falta de documentos y porque en los planteles les exigen que estén afiliados a una EPS.
El Ministerio de Educación Nacional desde abril de 2018 lanzó la expedición de la circular número 16, donde estableció junto a Migración Colombia que no se puede negar el derecho a la educación de ninguna persona en edad escolar de nacionalidad venezolana, aún cuando su condición migratoria o el de sus padres sea irregular.
Una de esas familias es la de María Laura Martínez, madre venezolana de dos niñas de dos y cinco años, quienes llegaron a Colombia hace cuatro años, y desde ese entonces han intentado estudiar en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, pero no han podido hacerlo debido a los documentos que les piden en las instituciones. “Desde hace dos años he intentado matricular a mi hija mayor en un jardín, pero en las instituciones me dicen que no me la aceptan si no tiene sisben”, dice María Laura.
Esta madre, incluso, perdió en una ocasión su trabajo debido a las ausencias que debía tomar para solucionar el tema de educación de sus hijas. Aseguró que perdió un empleo porque estaba pidiendo muchos permisos para hacer estos trámites, y lástimosamente no he podido arreglar este asunto.
Las personas migrantes que tienen situación de irregularidad y que quieran estudiar, tienen el derecho a la educación, y no se les puede negar. Así lo dice la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá. “El estudiante se puede matricular si no tiene documentos, no obstante, el padre de familia o tutor legal del estudiante debe posteriormente realizar los trámites ante la autoridad migratoria para legalizar su situación en el país y de esta manera contar con el documento requerido”, señala el documento.
Gisella Serrano, vicepresidenta de la organización venezolana Mahuampi, dice que al mes le llega en promedio de 12 casos de familias venezolanas que no han podido matricular a sus hijos en el colegio. Afirma que a la mayoría de padres les exigen tener EPS, pero muchos son migrantes irregulares, entonces se tiene que ir a reclamar a la Secretaría de Educación, al ICBF o la personería. Además, la líder venezolana comentó que a muchas familias les ha tocado hacer tutelas para poder ser escuchadas, y que sus niños puedan estudiar.
Según Serrano, estos casos se han presentado últimamente en zonas rurales o municipios lejanos de las ciudades principales, sobre todo por el desconocimiento de las instituciones sobre estos decretos.
Otro caso es el de Gabriela Arape, madre cabeza de hogar venezolana, quien vive en el municipio de Chía, Cundinamarca y llegó a Colombia desde el 2018. Su hijo de cuatro años no ha podido ingresar tampoco a ninguna institución,ya que no tiene Sisbén. “Desde que mi hijo tenía dos años he intentado ingresar en alguna institución o jardín. Yo tengo Sisbén, pero mi hijo no y no me lo han querido aceptar porque solo tiene la partida de nacimiento”, lamenta esta madre.
A Gabriela le ha tocado llevar a su hijo al trabajo, ya que no tiene donde dejarlo mientras labora.“Sé que no es un ambiente para un niño, y no quiero que le toque estar así de nuevo. En las instituciones yo les digo que es un niño y que ¿cómo es posible que le nieguen la educación?, pero aún así me dicen que no”.
Ana Karina García, presidenta de la Fundación Juntos Se Puede, explica que una de las razones por las que las instituciones educativas de Colombia no matriculan niños venezolanos en situación de irregularidad es por la falta de conocimiento sobre el tema. “La barrera principalmente es el desconocimiento del personal educativo, y eso es lo que hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Educación, por lo menos en Bogotá, para que se entienda que el derecho a la educación es primordial”, sostuvo.
La Fundación Juntos Se Puede ha atendido casos similares en otras ciudades del país, como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Soacha, donde además de tener problemas al acceso a la educación, también han encontrado todo tipo de casos relacionados con la educación, como la permanencia en los centros educativos. A la semana atienden más de 150 casos, exclusivos del tema educativo. “Uno de los factores que más afecta a las familias es porque viven muy lejos de los colegios, no tienen para los uniformes, o incluso, han pasado por casos de xenofobia”, dice Ana Karina García.
Según Gisella Serrano y Ana Karina García, los casos de dificultad de acceso a la educación para la población venezolana ya se han reducido principalmente en Bogotá, pero en zonas rurales aún persisten.
Además de concederles el derecho a la educación, los estudiantes venezolanos pueden acceder, dependiendo su condición socioeconómica, al transporte gratuito y al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia a corte de octubre de 2020, estudian 363.126 alumnos venezolanos en instituciones educativas en el país, los cuales están matriculados en los 32 departamentos y en 1.056 de los 1.104 municipios que hay en Colombia. La mayoría de ellos, un 82% viven en zonas urbanas y un 18% viven en áreas de ruralidad.
Por: Laura Sierra Musse @lausierramusse
