La ONG Comparte por Una Vida Colombia reveló que el 41% de las niñas migrantes provenientes de Venezuela, que está en Norte de Santander, no cuenta con productos para su higiene menstrual. Esta situación crea barreras de acceso a educación y servicios de salud.
Victoria es una adolescente migrante venezolana, de 17 años, que en vez de soñar con las cosas que anhelan las chicas de su edad, como tener un teléfono inteligente de última generación o asistir a un concierto, agradece lo que denomina el mejor regalo de su vida: una copa menstrual.
A través de este producto, Victoria pudo solventar una necesidad básica, pero no todas las niñas, adolescentes y mujeres migrantes tienen la misma suerte. La mayoría de ellas enfrentan grandes dificultades en el trayecto migratorio y en sus comunidades de acogida. La higiene menstrual es todo un desafío, las afecta y vulnera el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva, y a la educación.
Lala Lovera, directora de la ONG Comparte por Una Vida Colombia, reveló una cifra de un estudio que realizaron recientemente y que expone la magnitud del problema: El 41% de las niñas migrantes venezolanas radicadas en Norte de Santander no cuenta con productos para su higiene menstrual, y en consecuencia se registran de siete a nueve días de ausencia escolar al mes.
En el evento Espacios de Protección y Atención: Buenas prácticas para la prevención y acción ante casos de violencia hacia las mujeres refugiadas, organizado por Amnistía Internacional, y realizado recientemente en Bogotá, Lovera enfatizó el drama que viven estas niñas migrantes venezolanas en Colombia.
“Si un paquete de toallas desechables cuesta un salario mínimo venezolano (junio 2021 ) y si una mujer en Colombia gasta 15 mil pesos (cuatro dólares) al mes en tampones, ¿cómo viven su menstruación las migrantes? La respuesta es desgarradora: no pueden cubrir esta necesidad básica”, aseguró Lovera, quien describió que la mayoría de estas niñas migrantes usa continuamente pedazos de tela o papel higiénico por la menstruacióbn, al ser más económicos y siempre presentes en el hogar.
La activista advirtió que esta ausencia de recursos conduce a que las niñas y mujeres migrantes venezolanas no se sientan seguras fuera de su hogar, por lo que al mancharse o al presentar dolores incontrolables en público consideran mejor quedarse en casa: dejan de ir a estudiar o de practicar algún deporte durante cinco días cada mes.
Estas niñas migrantes muchas veces no tienen posibilidades de preguntar acerca de sus inquietudes o de pedir consejos a sus familiares, se encuentran solas para descubrirse y buscar explicaciones. Debido a este contexto, según esta organización, nueve de cada 10 niñas migrantes desconocen el funcionamiento de su cuerpo y manifiestan la necesidad de desarrollar sus habilidades.
Por eso, desde el año 2020 la ONG Comparte Por Una Vida Colombia desarrolla un programa de gestión menstrual, en donde se facilita un entendimiento integral del ciclo menstrual y de los derechos sexuales y reproductivos. Adicionalmente gracias a las herramientas brindadas desde CPUV-Colombia, las participantes logran consolidar su autoestima y ser autónomas en su gestión menstrual.
Las mujeres requerimos tanto de atención médica como de acceso a productos de higiene personal que garanticen nuestra comodidad durante la menstruación. El derecho a la salud integral se reivindica en la medida en que más mujeres puedan acceder a servicios de salud (para cuidar de su salud reproductiva, sexual y física) y, a su vez, cuentan con la información y los recursos para saber qué método usar en su higiene menstrual»
Lala Lovera, directora de la ONG Comparte por Una Vida Colombia
Después de más de siete años de movimiento migratorio constante, el departamento Norte de Santander es la primera región receptora de personas provenientes de Venezuela en situación de vulnerabilidad. Son 164.229 migrantes y retornados colombianos en esta zona fronteriza, y de ellos, el 52,4% son niñas y mujeres, que al igual que los hombres, decidieron irse de su país por la falta de alimentos, de oportunidades laborales o de acceso a servicios básicos.
Esta dinámica de movilidad que se vive en Colombia desde hace más de siete años obliga a replantearse las ideas y juicios que la sociedad mantiene con respecto a la salud menstrual de las mujeres y niñas, reflexionó Lala Lovera durante su exposición El periodo menstrual: otro flagelo de ser niña y mujer migrante en Colombia.
“Los implementos de higiene personal femenina, por ejemplo, suelen considerarse como un artículo de lujo, cuando en realidad son elementos de primera necesidad. Ser migrante y entender el proceso natural de ser mujer es un lujo que no se pueden dar miles de niñas y mujeres en Colombia”, dijo al Proyecto Migración Venezuela la directora de esta organización, enfocada en programas de niñez migrante en Norte de Santander.
Sostuvo que la garantía de la salud e higiene menstrual involucra numerosos derechos fundamentales tales como el derecho a la igualdad de género, a la salud, a la dignidad y a la privacidad, a la educación y al trabajo. “Se estima que en el mundo dos de cada cinco niñas en edad de menstruar pierden un promedio entre cinco a 25 días escolares al mes por no tener las instalaciones necesarias en las escuelas”, alertó.
Para esto, recomendó al Estado colombiano crear lineamientos normativos y políticas públicas enfocadas al acceso a lugares de trabajo y estudio adecuados con espacios de higienización en condiciones dignas y brindar diferentes opciones a las mujeres para el manejo de la menstruación en ambientes libres de discriminación y estigma.
La ONG Comparte por Una Vida Colombia señaló que el desconocimiento generalizado sobre la salud reproductiva y la higiene menstrual de la población migrante proveniente de Venezuela, también ha dificultado el acceso pleno de las mujeres migrantes a los programas disponibles para su atención.
Finalmente, Lala Lovera alertó que el derecho a la salud integral para las mujeres y niñas migrantes venezolanas, y colombianas retornadas, como el caso de la adolescente Victoria, debe formar parte de la agenda gubernamental. “En efecto, cuando faltan a la escuela, las niñas migrantes tienen más probabilidades de ser violentadas por grupos irregulares, quedar embarazadas, o desertar definitivamente del sistema educativo”, puntualizó la defensora de derechos humanos.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
