En este documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica que la digitalización de procesos para solicitar asilo ha acelerado y mejorado los trámites migratorios en varios países de la región.

Entre las buenas prácticas para la protección internacional de las personas migrantes y refugiadas, la CIDH destaca las experiencias de tres países receptores: Brasil, Colombia y Perú. 

Del caso de Brasil resalta que implementó una plataforma digital para registrar y procesar solicitudes de reconocimiento de las personas refugiadas. 

Sobre Colombia, el organismo internacional enfatiza que implementó un sistema de pre registro virtual y biométrico presencial, que forma parte del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV).

El documento de la CIDH también resalta que Perú puso en marcha un sistema en línea de registro de solicitudes de refugio único en todo el país, en el cual se capturan datos biométricos, y se puede consultar vigencia de carnet del solicitante a través de un código QR.  

En otros países como México y Chile las personas extranjeras no reconocidas como refugiadas pueden obtener protección complementaria.

Por su parte, Costa Rica implementó una categoría temporal de protección complementaria para personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas a quienes se les negó la solicitud de asilo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la migración forzada de personas venezolanas representa uno de los más grandes desafíos en la historia de la región en materia migratoria y de asilo.

Además, ha expresado su preocupación por el gran número de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar a otros países de la región en los últimos años por múltiples causas, entre las que destacan la migración forzada como mecanismo de supervivencia como consecuencia de la grave crisis humanitaria que afecta al vecino país.

En particular, por los efectos que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos; la violencia e inseguridad; y la persecución en razón de la opinión política, entre otras causas.

En este contexto, la CIDH ha observado que la falta de acceso a documentos de identidad dificulta la entrada de personas venezolanas de manera regular a otros Estados, lo que conlleva una violación al derecho a la libre circulación y residencia.

Por: Milagros Palomares @milapalomares