El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta ordenó a las entidades públicas de salud de Norte de Santander tomar acciones para garantizar la salud sexual y reproductiva de colombianas y venezolanas del departamento y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Tras una acción de tutela popular interpuesta por la organización internacional Women’s Link Worldwide, una jueza ordenó medidas cautelares para que las entidades públicas de salud de Norte de Santander garanticen a las mujeres de la región (colombianas y venezolanas) acceder a servicios de salud como la atención materno infantil, la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención a víctimas de violencia sexual.
La jueza reconoció que el departamento de Norte de Santander tiene grandes fallas en la prestación de estos servicios de salud. En su decisión, ordenó al Instituto Departamental de Salud y a la Secretaría Municipal de Salud de Cúcuta presentar informes donde se vean reflejadas las actividades que están realizando para suministrar información de interés y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mujeres, sin importar su estatus migratorio.
«Decisiones como la de este juzgado de Norte de Santander mandan un claro mensaje a la Corte Constitucional y a otros jueces y juezas del país, pues muestran la necesidad de eliminar las barreras que aún siguen enfrentando las mujeres en las regiones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva» Lucía Hernández, abogada de Women’s Link Worldwide
Según el boletín “Violencia Basada en Género en el contexto de la migración venezolana”, del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, entre enero y septiembre de 2020 hubo un incremento del 16% (123 casos) en denuncias de violencia sexual en la población migrante venezolana, principalmente en mujeres y niñas; y que Norte de Santander es el segundo departamento con mayor número de casos reportados.
La organización Women’s Link Worldwide señaló que en este departamento hacen falta controles prenatales y atención post parto, en especial para las mujeres migrantes venezolanas.
Entre las medidas adoptadas por el juzgado se ordenó la adecuada aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, y que se tengan planes de acción inmediatos que incluyan a las mujeres en condición de vulnerabilidad, con énfasis en las migrantes.
En relación con esta decisión, Valeria Pedraza, abogada de Women’s Link Worldwide, es optimista y espera que se beneficien las mujeres que viven en contextos de mayor vulnerabilidad. “Esperamos que contribuya a ayudar a las mujeres que viven en áreas rurales y en zonas afectadas por el conflicto armado, las víctimas de violencia sexual y las migrantes puedan acceder de forma oportuna y sin dilaciones a los servicios de salud sexual y reproductiva que requieren”, puntualizó.
Por: Nahomi Ruiz Moreno @Nahomiruizm
