De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el trabajo forzado, la prostitución y la incorporación a redes de contrabando o tráfico de drogas se cuentan entre las formas más comunes de explotación entre los migrantes y refugiados venezolanos.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), de Caracas, presentó el informe, De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes y refugiadas venezolanas, en los diferentes países de acogida de la Latinoamérica.
Este documento resalta la necesidad de reconocer a los migrantes venezolanos como sujetos de protección nacional, especialmente con aquello que involucre el no rechazo en frontera, el acceso a servicios, la no devolución y la reunificación familiar, para garantizarle el respeto a sus derechos fundamentales.
Denuncia el informe que la situación de vulnerabilidad de esta población los deja alarmantemente expuestos a caer en redes de trata. Mujeres, niños, niñas y adolescentes se vuelven especialmente vulnerables en este contexto migratorio y bajo las condiciones irregulares en las que se produce su movilidad.
El centro de investigación universitario cita un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), realizado en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, el cual reveló que el 21% de 4.600 venezolanos encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela.
“El 12% de los encuestados reportó que estando en Venezuela fueron contactados por una oferta de trabajo en el exterior; de estos, el al 13% se les ofrecía la cobertura del traslado con la oportunidad de hacer un reembolso en una etapa posterior. Sin embargo, a una quinta parte de la población cuya oferta de trabajo incluía el reembolso de los costos, no le pagaron según lo acordado, y el diez por ciento de los que tenían que hacer los reembolsos se vieron obligados a trabajar”, precisa el texto.
El CDH-UCAB asregura que ha registrado casos de mujeres que por cuenta propia o bajo engaño han sido trasladas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. “En Trinidad y Tobago la mayoría de las víctimas de trata han sido captadas mediante ofertas engañosas de empleo, y una vez que llegan al destino, son obligadas a prostituirse. En junio del 2021 se conoció que, una vez las víctimas se encuentran en Trinidad y Tobago, deben pagar hasta 2.000 dólares por su libertad a los líderes de las bandas organizadas de trata”.
Alerta el informe que en Norte de Santander se cuenta con registro de hombres de nacionalidad colombiana que ofrecen ayuda a mujeres venezolanas con niños (as), a cambio de situaciones que implican servidumbre doméstica y esclavitud sexual.
Por su parte, destaca el documento, en la región del Catatumbo (Norte de Santander) se pudo constatar la existencia de prácticas de explotación sexual y sometimiento de niños y adolescentes venezolanos no escolarizados a situaciones similares a la esclavitud.
El informe del Centro DDHH UCAB advierte que los tratantes prometen regularización migratoria y empleo, pero una vez que llegan al país de destino, las personas en movilidad se ven forzadas a trabajar sin percibir ninguna remuneración, y a tener sexo para poder sobrevivir.
“También existen reportes de que, en los cruces fronterizos irregulares desde Venezuela a Colombia, las mujeres que no tienen dinero para pagar a los grupos armados que controlan la zona, son forzadas a pagar con sexo, mientras que, en algunos casos, los menores de edad son reclutados por estos grupos armados. En parte, esta situación se debe a la imposibilidad que estas personas tienen para migrar a otros países por vías regulares”, denuncian investigadores de la universidad venezolana.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
