La escena se ha convertido en el registro para la historia de la tragedia que vive Venezuela: estantes vacíos en los supermercados que alguna vez fueron el testimonio de los años más prósperos del país. A medida que empeora la crisis, la secuencia se complementa con las imágenes de las principales ciudades, incluida la capital, a oscuras, en medio de los constantes apagones que viven los 23 estados venezolanos. A eso se suma el retrato de las familias que intentan conseguir agua potable, una verdadera odisea en la Venezuela actual.
La represión, el caos y la inseguridad también ponen su cuota para empeorar la situación. Y esa mezcla no puede dejar otro resultado que la partida de los venezolanos, que Naciones Unidas ya calcula en más de 3 millones de migrantes.
Ante esa situación, la comunidad internacional unió esfuerzos para lograr la salida deNicolás Maduro del poder o, como la oposición lo llama, para lograr el cese de la usurpación. Las estrategias para alcanzar ese objetivo incluyen manifestaciones multitudinarias de los venezolanos en las calles, movidos por la indignación y el hambre. Varios líderes mundiales han pronunciado enérgicos discursos y ofrecieron su ayuda para restablecer la democracia en Venezuela. Las sanciones internacionales, en las que Estados Unidos lleva la delantera, son otra de las herramientas, quizás la más.
Las sanciones económicas son medidas tomadas por un gobierno, unilateral o multilateralmente, contra otro país con el objetivo de bloquear y limitar su actividad comercial. En el caso venezolano, estas sanciones están dirigidas, principalmente, a la industria petrolera, principal fuente de ingresos para la economía venezolana.
Para los venezolanos cada vez es más difícil garantizar una alimentación balanceada para sus familias. A la escasez se suma que, cuando hay oferta, los precios de los alimentos alcanzan cifras por encima del salario promedio de los trabajadores. | © CATALINA LOBOGUERRERO
Venezuela, en la mira de la Casa Blanca
Las primeras sanciones de Estados Unidos contra Venezuela se remontan a 2006, en el gobierno de George W. Bush, cuando la Secretaría de Estado acusó al país petrolero de no aportar sus máximos esfuerzos para combatir el terrorismo. Luego de eso, Estados Unidos limitó el comercio de armas estadounidenses para Venezuela.
Cuando Barack Obama ocupó la Oficina Oval ordenó un nuevo paquete de sanciones, a través del decreto presidencial 13692, que señaló a Venezuela como una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos”.
Tras esta declaración, Estados Unidos congeló los bienes y las cuentas de siete oficiales militares venezolanos, les prohibió entrar a Estados Unidos y hacer negocios con ciudadanos de ese país. Obama privilegió las sanciones individuales, que tienen consecuencias directas e inmediatas para personas y no afectan a la población en general.
Aunque fue un paso más en el distanciamiento que ha caracterizado la relación entre los dos países, a medida que aumenta el deterioro de la economía venezolana y con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, las sanciones de Obama hoy parecen solo advertencia de lo que vendría después. El objetivo de Trump, de un amplio sector de la comunidad internacional y de la oposición venezolana es el mismo: sacar a Nicolás Maduro del poder. Para lograrlo, las sanciones económicas son una de las principales herramientas.
Después de ser llamada la Venezuela saudita, Venezuela no es el mismo país que enfrentó las primeras sanciones en los años de la bonanza petrolera. Hoy está sumido en la peor crisis económica, política y social de su historia, convertido en un expulsor de su propia población después de décadas como el destino soñado para migrantes de todo el mundo.
Consecuencias de las sanciones
“Es una verdadera tragedia tener una crisis humanitaria en un país que tiene muchos recursos”, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, al anunciar las sanciones que impuso su gobierno a la industria petrolera estadounidense en enero. Lo que no dijo en esa declaración es que las sanciones también tienen un impacto en las condiciones de vida de los venezolanos.
Sanciones económicas generales, como las que ha impuesto Donald Trump contra Venezuela, buscan desoxigenar al gobierno de Nicolás Maduro, cercarlo, aislarlo y debilitarlo económicamente. Para el gobierno estadounidense y para los opositores de Maduro que las respaldan, estas medidas deben servir, además, para estimular las presiones sociales y las fracturas en sus principales soportes, especialmente en las fuerzas militares, para sacarlo del poder.
Estas medidas logran aislar a Venezuela dentro del mercado económico, al prohibir y bloquear sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Las decisiones no solo han cobijado a la estatal petrolera PDVSA, la gallina de los huevos de oro del gobierno venezolano, cuya principal fuente de ingreso es la industria petrolera. Recientemente la gama de sanciones alcanzó también a CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos. CITGO Petroleum Corporation es el activo venezolano más importante fuera del país, y se dedica a la venta de gasolina, lubricantes y petroquímicos en Estados Unidos.
Sobre PDVSA pesa una sanción que impide que empresas venezolanas contraten con ella. Aunque CITGO sigue operando en Estados unidos, las ganancias son consignadas en una cuenta del gobierno venezolano que ese país tiene bloqueada. Es decir, Venezuela no puede disponer del dinero de las ganancias de su empresa. Ante ese panorama, el presidente interino Juan Guaidó también le ha puesto el ojo a CITGO y espera tomar control de la empresa.
Aunque a primera vista las sanciones dejan de manos atadas solo al gobierno, en Venezuela los decretos presidenciales firmados en la Casa Blanca terminan convirtiéndose en un ingrediente adicional que amplifica la crisis y empeora la grave escasez de bienes y servicios que viven los venezolanos. Como explica Luis Vicente León, presidente de la firma encuestadora venezolana Datanálisis, “es absurdo pensar que las sanciones no tienen ningún impacto sobre el país, sobre su economía o sobre la gente, porque al final esto no es una bala solo mata enemigos”.
Las sanciones y la crisis energética
La crisis del servicio eléctrico en Venezuela proviene de falta de inversión, de planificación y de mantenimiento, y altos niveles de corrupción. Las primeras advertencias de un posible colapso eléctrico llegaron en 2010. Para Luis Vicente León, esto “no ocurrió antes porque la caída en la demanda eléctrica ha ayudado a que el problema no fuese tan grave”. Nicolás Maduro denunció sabotajes y ciberataques para afectar la prestación del servicio, pero las causas de los apagones son anteriores.
Sin embargo, añade León “las sanciones sí amplifican la crisis”. Venezuela no puede disponer de dinero para contratar expertos que ayuden a resolver el problema, porque hay una sanción financiera. El gobierno no puede contratar porque no puede hacer transferencias bancarias. La sanción no es la causa de la crisis energética, pero sí dificulta la solución del problema. En este caso los venezolanos sufren las consecuencias, tanto de la crisis causada por el gobierno como de las sanciones de Estados Unidos. “Ahí está la inconsistencia del proceso, en que el costo de la sanción no es solo sobre el gobierno, sino que tiene impactos evidentes en la vida cotidiana de esa población”, concluye el experto.
La crisis del suministro eléctrico ha afectado a casi todo el país. La falta de mantenimiento y la corrupción han dejado el país a oscuras. | © TWITTER @SINCEPTO
¿Un castigo colectivo?
Recientemente, un artículo del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), titulado ‘Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela’, concluyó que “la mayor parte del impacto de estas sanciones no ha recaído en el gobierno, sino en la población civil”. Además, la publicación afirma que hay una relación entre las sanciones impuestas por Estados Unidos y la malnutrición de los venezolanos, así como con el aumento de las enfermedades y la mortalidad y, en general, con el “empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación”.
Apenas unos días después, el Centro de Investigacio?n y Formacio?n Obrera de Venezuela publicó también un documento que hace un llamado a separar las causas de la crisis de Venezuela, originadas a lo largo de más de 20 años de la Revolución Bolivariana, de las consecuencias recientes de las sanciones económicas. La investigación venezolana concluyó que “el real efecto de las vigorosas sanciones apenas está tomando su rostro, con efectos considerables, pero lejos de ser la causa de la catastrófica crisis económica”.
Estas dos publicaciones resumen uno de los debates que surge con cada nueva sanción de Estados Unidos contra Venezuela: las consecuencias que pagan los venezolanos. Los discursos de Donald Trump y de Nicolás Maduro incluyen referencias a las sanciones como la única medida para ayudar a los venezolanos, en el caso estadounidense, o como la causa de la catástrofe económica del país petrolero, desde el lado venezolano.
“El gobierno venezolano está utilizando de forma discursiva las sanciones para justificar la situación en la que se encuentra Venezuela”, dice Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Para el internacionalista, los venezolanos empezaron a sentir las repercusiones más fuertes de las medidas de Estados Unidos apenas en las pasadas semanas y explica que, “si bien esas repercusiones son importantes, porque van a causar problemas a un país que ya viene con unas problemas estructurales y que van a agudizar la crisis que viven, tampoco se les puede responsabilizar por la situación actual de Venezuela”.
La versión de Nicolás Maduro, en la que Estados Unidos es el culpable del colapso de la economía y de la crisis social del país hace eco en algunos sectores de izquierda en latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. De la misma forma, el discurso estadounidense, respaldado por amplios sectores de la oposición que defienden las sanciones, muestra que esas acciones de la administración Trump son necesarias y las muestra al mundo como herramientas indispensables para lograr el restablecimiento de la democracia.
Más allá de los extremos está claro que la crisis venezolana es un problema que comenzó hace varios años, que devino en una crisis humanitaria y que se ha agudizado por la ilegitimidad que rodea al gobierno de Nicolás Maduro. Rodríguez concluye que “si bien las sanciones han sido fundamentales para el deterioro de lo que está sucediendo en Venezuela, la crisis tiene una dimensión muchísimo mayor a esa”.
La oposición venezolana, en su mayoría, respalda las sanciones económicas de Estados Unidos. Pero, ante la gravedad de la crisis, la situación cada vez desgasta más a la población civil. | © TWITTER @JGUAIDO
Si no es con sanciones, ¿cómo sacar a Maduro?
Aunque las medidas tomadas por el gobierno estadounidense para presionar la salida de Nicolás Maduro no son la causa de las dificultades que viven los venezolanos a diario, sí son un ingrediente que aumenta la crisis y desgasta a la población. Por eso, la principal reacción que generan las sanciones generales es el rechazo. En cambio, las sanciones individuales, contra empresarios, funcionarios y militares cercanos a Maduro, consiguen alentar a los venezolanos y despierta una sensación de justicia.
A lo largo de la historia, la imposición de sanciones ha demostrado no ser un instrumento eficiente y nunca han logrado resolver los problemas de los regímenes dictatoriales o totalitarios. En el caso venezolano estas medidas no deberían verse como la solución a la crisis sino como un instrumento para propiciar las condiciones que conduzcan a un diálogo entre el oficialismo y la oposición.
«Si la oposición entiende las sanciones como un mecanismo de presión a la negociación política, y no como un mecanismo para sacar al gobierno, y si es un proceso relativamente rápido, serían una energía que se puede canalizar para lograr una negociación tendría una oportunidad interesante»
Luis Vicente León
Presidente de Datanálisis
León agrega que si por el contrario la oposición sigue promoviendo sanciones pero rechaza las negociaciones, el país estaría en el peor escenario; asistiendo a la destrucción económica del país y con Maduro atornillado al poder.
Ronal Rodríguez coincide en ver las sanciones como una oportunidad para avanzar en escenarios de negociación. “Estas medidas limitan la capacidad del gobierno, obligan a que se dé un proceso de negociación pero realmente no pueden considerarse como el elemento fundamental para la salida de Nicolás Maduro”, explica. En su opinión, gran parte del problema radica en las condiciones para llegar al diálogo entre Maduro y quienes buscan su salida ya que durante durante el primer gobierno de Nicolás Maduro se dieron tres procesos grandes de negociación, que fueron utilizados e instrumentalizados para alargar los tiempos.
Con Donald Trump en la Casa Blanca no es difícil predecir que el futuro cercano para Venezuela será de más sanciones, cada vez más estrictas. Lo menos probable es que esas medidas tengan un impacto pronto y definitivo para acelerar el proceso de transición venezolana hacia la democracia.
Por: Sara Prada @pradasaraca
