Por cuenta del covid-19, ya se va a cumplir un año desde que el Gobierno colombiano decidió cerrar los pasos fronterizos formales. Por ahora, el cierre seguirá en pie hasta inicios de marzo pero con posibilidad de ser prorrogado. Para analizar las consecuencias de esta decisión y las alternativas, el Proyecto Migración Venezuela realizó un conversatorio digital con Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República; Germán Umaña, director de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana; Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander; y Óscar Calderón, director del Servicio Jesuita para Refugiados.
Más que plantearse la medida de abrir o cerrar las fronteras, hay que resolver asuntos humanitarios y sociales de fondo como la regulación del ingreso de personas y el intercambio de bienes y servicios, sostiene Víctor Bautista, quien considera que esta línea divisoria de 2.200 kilómetros no tiene una “cremallera” que se le puede cerrar en un solo día y garantizar que no hay movimientos.
“Este es el momento adecuado para que pensemos muy bien cómo vamos a poner a funcionar los pasos fronterizos en el marco del anuncio del Gobierno sobre el Estatuto de Protección de los Migrantes Venezolanos. También hay que pensar cómo regulamos unas situaciones que desestabilizan fuertemente la zona de frontera como la presencia de grupos armados criminales”, recomendó Bautista.
«La tragedia de los ciudadanos de la frontera es igual a la de los migrantes venezolanos y por eso no se puede promover la migración a costa de la dificultad de desarrollo de las actividades productivas»
Germán Umaña
Director de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana
Para Germán Umaña —una voz clave del sector empresarial binacional— el cierre de la frontera desde el año 2015 por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro ha incidido en la ilegalidad, ha afectado las actividades productivas, el aumento del desempleo y ha incentivado la migración irregular.
“Hubo una contracción económica de cerca de un 80%, que no sólo afectó al Táchira, sino también a Cúcuta”, enfatiza Umaña tras precisar que en estos cinco años los efectos del cierre fueron devastadores, debido a que se desmantelaron las estructuras de los agentes aduaneros, empresas de transportadores y encargados de la logística fronteriza. “Se destruyó el tejido bilateral y el desarrollo de la cooperación económica, industrial y productiva; se perdió toda seguridad jurídica y finalmente desapareció la inversión y el comercio legal”, añade.
Desde otra orilla, Lucas Gómez, designado por la Presidencia para atender la crisis migratoria proveniente de Venezuela, argumenta que la motivación principal para mantener las fronteras cerradas por decreto desde Colombia obedece a una consideración de salud pública para proteger a las poblaciones de la pandemia.
De acuerdo con la línea del Gobierno nacional, Gómez afirma que siempre han hablado de un escenario de reapertura de forma segura, regulada y controlada, que permita tener garantías tanto para los colombianos que viven en territorios fronterizos como para los migrantes venezolanos. Y ante la expectativa por la implementación del nuevo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, reconoce que al reabrirse formalmente los pasos fronterizos seguramente se observará un flujo importante de migrantes en las primeras semanas y meses, que deberán tener en cuenta para tomar la decisión.
En relación con la reactivación económica entre ambas naciones, Gómez es tajante en poner la pelota en la cancha del régimen de Nicolás Maduro. “Una vez se levanten los contenedores en el Puente Internacional Simón Bolívar y en el Puente Tienditas por parte del gobierno ilegítimo de Venezuela, nosotros estamos listos para el intercambio comercial por los pasos regulares de la frontera de Norte de Santander”, expresó.
A pesar de las afectaciones a la infraestructura aduanera y a los puentes internacionales que unen el estado Táchira con Norte de Santander, los empresarios esperan que en los próximos meses se den las condiciones de diálogo y legalidad para un escenario próspero. “Desde la Cámara Colombo Venezolana estamos totalmente preparados para lograr una reactivación comercial binacional, no en 45 días, sino mucho antes”, aseveró Germán Umaña.
“La reactivación económica no puede darse de espaldas a la migración”, sostuvo el Gerente de Frontera Lucas Gómez / Por: Esteban Vega
Una reflexión bastante crítica puso sobre la mesa Óscar Calderón, director del Servicio de Jesuitas de Refugiados, ya que a su juicio resultó totalmente ineficiente el cierre de los pasos formales, ocasionando gran vulnerabilidad a los venezolanos y colombianos retornados que se exponen a cruzar por las trochas.
Calderón enumera riesgos especialmente vinculados con redes de trata de personas, tráfico de personas, violencia armada, reclutamiento de menores, desapariciones forzadas y de asesinatos, que el Servicio Jesuita de Refugiados ha visto y documentado en los pasos irregulares. Aparte de estos peligros para la población migrante, también advierte que la clausura fronteriza ha implicado la ruptura de las dinámicas de integración alrededor de las propias comunidades en ejercicios como la pesca, por ejemplo, en el el río Arauca.
Todo este contexto lleva a Calderón a exhortar a las autoridades, tanto de Venezuela como de Colombia, a que creen y mantengan corredores humanitarios que permitan prevenir y proteger a la población refugiada y migrante en tránsito. “La pandemia no puede convertirse en una excusa para seguir endureciendo las medidas de frontera, para seguir implementando medidas de deportación, como en otros países de la región”, reprocha Calderón, quien asegura que no hay un nexo causal tan evidente para asegurar que el cierre de fronteras pueda garantizar mayor protección frente al virus de la covid-19, sobre todo cuando la movilidad de personas no se ha detenido y se mantiene una migración pendular alta entre ambos países.
«Hay que comprender que la atención a la situación de la frontera requiere una mirada no solo de seguridad y políticas económicas, sino también una perspectiva de protección a la población migrante en movilidad»
Óscar Calderón
Director del Servicio Jesuita de Refugiados
¿La implementación del Estatuto traerá un efecto llamada?
De acuerdo con el borrador del decreto del Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, uno de los grupos beneficiados por la medida serían los venezolanos que ingresen a Colombia por los pasos fronterizos formales en los primeros dos años luego de que comience a regir la medida.
Por eso, una de las preocupaciones surgidas tras el anuncio del Gobierno ha sido la posibilidad de un efecto llamada que lleve a un incremento desmesurado de los migrantes en las zonas de frontera, con implicaciones en el control del contagio de la covid -19 y en las capacidades logísticas y administrativas del gobierno para atender a esta población entrante.
Al respecto, el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, señala que la experiencia internacional permite pensar que, en efecto, habrá un efecto llamada tras el anuncio del Presidente Duque. No obstante, el funcionario recalcó que las proyecciones indican que las fronteras no se enfrentarán a una migración desbordada e informó que se está trabajando para que quienes ingresen al país en los próximos dos años por los pasos legales y en busca de los beneficios del Estatuto, lo hagan de forma segura y organizada.
“Por ahora con la medida que toma Colombia —valiente y muy progresista— el mensaje que nosotros estamos enviando es que esta política de puertas abiertas, de acoger, tiene que tener unas reglas para tener una migración controlada”, puntualizó el alto funcionario, quien explicó que los migrantes que no cumplan con los requisitos exigidos no podrán beneficiarse de la iniciativa.
Por su parte, el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Victor Bautista, indicó que es clave que desde el gobierno central se refuerce el marco jurídico que determinará la ruta de acción para atender a los venezolanos que lleguen a territorio colombiano. Además, señaló que para responder adecuadamente a las necesidades de los migrantes y a las preocupaciones de los colombianos, es necesario el trabajo conjunto y la comunicación constante entre lo local y lo nacional, así como la distribución equitativa de recursos que permitan su atención dentro de la oferta institucional.
Por: Milagros Palomares / Laura Cristancho
