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Es improbable que el éxodo venezolano a Colombia se detenga: Human Rights Watch

Es improbable que el éxodo venezolano a Colombia se detenga: Human Rights Watch

Antes del cierre de la frontera, por el puente Internacional Simón Bolívar pasaban más de 40 mil migrantes pendulares al día. | Por: JUAN PABLO COHEN - LA OPINIÓN




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mayo 26 de 2020

El colapso del sistema de salud, la escasa disponibilidad de pruebas confiables para detectar casos de la covid-19, sumado a la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial agrava el panorama en Venezuela y genera unas condiciones para que se de un nuevo éxodo de migrantes y refugiados venezolanos. 

 

Así lo advirtieron este lunes las organizaciones Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins en su más reciente informe que destaca la absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de la covid-19, situación que agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad. Por esta razón es fundamental, recomiendan,  que llegue suficiente ayuda humanitaria al pueblo venezolano de manera urgente.

 

"Al 25 de mayo de 2020, en Venezuela había 1.121 casos confirmados de Covid-19 y 10 muertos. La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables. Como consecuencia del hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas generalizados para acceder al agua en hospitales y hogares, es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por el país. El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela", alertan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

 

Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros Johns Hopkins, precisó que la crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales.

 

“La imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de covid-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro más ampliamente la salud en la región”, puntualizó Page.

 

Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins exhortan al secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU (UN Emergency Relief Coordinator), Mark Lowcock, asumir el liderazgo sobre este tema, a la vez que proponen a los miembros del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea ejercer presión sobre las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro para que permitan de inmediato la llegada de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, orientada a prevenir una propagación catastrófica de la Covid-19 en el país, expresaron Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins.


«El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela... Es crucial que los gobiernos preocupados por la situación venezolana despoliticen la asistencia humanitaria y que el gobierno de EE UU se asegure de que las sanciones vigentes no agraven la crisis ni obstaculicen los esfuerzos humanitarios».

Informe Human Rights Watch


 


La situación de este país suramericano es devastadora. Venezuela está entre los últimos lugares del Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019 (posición 180 de 195 países), ubicándose así entre los países menos preparados para mitigar la propagación de una epidemia. "El sistema de salud de Venezuela ha colapsado. La escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica".

 

En noviembre y diciembre de 2019, un equipo de Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins realizó entrevistas telefónicas detalladas a profesionales de la salud en 14 hospitales públicos de Caracas, la capital del país, y cinco estados (Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia). Todos los hospitales, salvo uno, brindaban atención de alta complejidad. Las organizaciones también llevaron a cabo entrevistas de seguimiento a algunos profesionales de la salud, y otras a actores humanitarios y expertos en sanciones entre marzo y mayo de 2020.

 

Las conclusiones de la investigación, que se realizó en parte antes de la pandemia, demuestran que el sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la Covid-19. Preocupan especialmente, en este sentido, que sea habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene. Los acontecimientos en el país en los últimos meses acentúan esta preocupación.

 

Los profesionales médicos y de enfermería entrevistados dijeron que prácticamente no hay jabón ni desinfectante en sus clínicas y hospitales. Con el aumento de la inflación y la devaluación de los salarios, cada vez les resulta más difícil llevar sus propios insumos, tales como jeringas o guantes. Es común que los cortes de agua afecten a los hospitales de Caracas. En algunos hospitales en zonas remotas, los cortes de agua han durado semanas e, incluso, meses. Los pacientes y el personal de la salud se ven obligados a llevar su propia agua para consumo, para lavarse las manos antes y después de procedimientos médicos, para limpiar insumos quirúrgicos y, a veces, para descargar los inodoros.

 

El informe de Human Rights Watch pone en duda las cifras oficiales. "La tasa de mortalidad de la covid-19 es incierta y es probable que varíe según la edad, los problemas de salud preexistentes y la disponibilidad de tratamiento, entre otros factores. Es muy probable que en Venezuela la tasa de mortalidad termine siendo mayor a la media, ya que no hay capacidad para brindar atención de alta complejidad debido a la falta de equipos básicos para radiografías, análisis de laboratorio, camas de terapia intensiva y respiradores".

 

La escasez de combustible hace más difícil que los profesionales de la salud y los pacientes se acerquen hasta los hospitales y centros de salud, y que los alimentos lleguen a quienes los necesitan. Ello podría deteriorar todavía más la atención médica.

 


«La crisis humanitaria, política y económica en Venezuela ha provocado la mayor migración de la región en las últimas décadas. Más de cinco millones de venezolanos se han ido del país, y han llevado consigo enfermedades que habían sido erradicadas en la región, como el sarampión. Los sistemas de salud de países vecinos ya están sobrepasados intentando atender las necesidades de salud de los exiliados venezolanos. Si bien miles de ciudadanos venezolanos recientemente decidieron regresar a Venezuela por las paupérrimas condiciones en que vivían en el exterior, es improbable que el éxodo se detenga y el brote de coronavirus en Venezuela agravará todavía más la situación».

Informe Human Rights Watch


 

El informe destacó que las autoridades venezolanas han adoptado algunas medidas para, en teoría, intentar responder a la pandemia. "El 13 de marzo el gobierno declaró el estado de emergencia y el 17 de ese mes dispuso una cuarentena en todo el territorio nacional, que limita la circulación y dispone el cierre de actividades no esenciales. Quienes hacen que se cumpla con la cuarentena son la policía, incluyendo una fuerza especial llamada FAES implicada en el pasado en ejecuciones extrajudiciales, las Fuerzas Armadas y grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela. Según organizaciones locales, esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias y hostigamiento de las comunidades", señalan.

 

La negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia. También contribuye a la pobre respuesta estatal el hostigamiento y persecución de periodistas, profesionales de la salud y otros individuos que cuestionan y alertan sobre el deterioro de las condiciones en los hospitales, la escasez de petróleo y la propagación de la covid-19. Además, las autoridades continúan sin asumir su responsabilidad por el colapso del sistema de salud, atribuyéndole absoluta responsabilidad a las sanciones estadounidenses cuando el desastre humanitario en Venezuela es previo a las sanciones.

 

“Para contribuir a una respuesta efectiva a la covid-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano, la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que le garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”.

 

Por consiguiente, el informe de Human Rights Whatch exhorta a los miembros del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, así como otros gobiernos con demostrada influencia sobre las autoridades venezolanas, deberían presionar para que:

 

Permitan el ingreso en Venezuela de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU que llegue al interior del país, en particular, permitiendo el pleno acceso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios, que cuentan con capacidad logística para brindar un volumen significativo de asistencia humanitaria en todo el territorio del país;

 

Posibiliten que los trabajadores humanitarios locales e internacionales brinden asistencia humanitaria y tengan acceso a todos los hospitales y otros centros de atención de la salud para proveer insumos y asistencia. 

 

Permitan que los profesionales de la salud y los trabajadores humanitarios puedan realizar su trabajo sin represalias y cerciorarse de que puedan desplazarse libremente por toda Venezuela. incluso durante la cuarentena, emitiendo salvoconductos y asegurando que tengan un acceso prioritario a la gasolina. 

 

Permitan a expertos independientes revisar y publicar toda la información epidemiológica existente para lograr mayor transparencia sobre la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria, ofreciendo un conteo preciso de casos y muertes confirmadas de covid-19 y reanudando la publicación de informes detallados sobre mortalidad y morbilidad.

 

Ante el riesgo de que las instituciones realicen un cumplimiento más riguroso de lo necesario de las sanciones financieras y sobre el sector petrolero impuestas por Estados Unidos, así como la necesidad de los venezolanos de contar con recursos suficientes para hacer frente a la emergencia humanitaria, el gobierno de EE. UU. debería:

 

Volver a establecer claramente que nadie será penalizado por financiar o proveer asistencia humanitaria a Venezuela en este período de crisis de salud pública y reiterar que la asistencia humanitaria está exenta de sanciones.

 

Establecer procedimientos para que las empresas y organizaciones puedan enviar asistencia humanitaria a Venezuela sin controles excesivamente burocráticos ni demoras innecesarias, activamente apoyar un esfuerzo humanitario robusto, liderado por la ONU, en Venezuela.

 






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