Uno de los retos a los que se enfrenta la población migrante venezolana para integrarse a la economía en Colombia es la convalidación de títulos y la obtención de tarjetas profesionales. Según datos recolectados por el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, a diciembre de 2020 el 97,5% de las personas venezolanas de 5 años y más no habían convalidado sus títulos educativos y profesionales en Colombia.
Frente a este panorama, el inicio de la primera fase de implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y la posibilidad de acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT) como un documento válido para convalidar títulos profesionales ha creado grandes expectativas entre los migrantes. Pero ¿qué tan cierto es que el PPT facilitará el reconocimiento oficial de sus títulos y la obtención de tarjetas profesionales para los venezolanos?
De acuerdo con Daniel Carvajal, abogado especializado en procesos de convalidación e inmigración, pese a que en efecto el PPT permitirá a los migrantes iniciar la solicitud de homologación, “no hará que el trámite sea más sencillo o fácil para ellos”.
Para el abogado, las dificultades a las que se enfrentan los migrantes para validar sus títulos en Colombia van más allá de un problema de documentación y tienen raíces en barreras estructurales asociadas, por ejemplo, al alto costo del trámite.
Acorde con las tarifas publicadas a la fecha en la página web del Ministerio de Educación, la convalidación de títulos de pregrado cuesta 665.900 pesos colombianos, mientras que la de posgrados 756.800 pesos colombianos. Esta es una cifra elevada para una población vulnerable que se encuentra mayormente empleada en la informalidad y con ingresos por debajo del salario mínimo.
“En definitiva, una persona que tiene que tomar la decisión entre pagar el arriendo, comer o convalidar su título, va a optar por las dos primeras y eso es lo que los lleva a la informalidad laboral. La complejidad en el trámite de convalidación impide que los migrantes puedan integrarse plenamente a la vida económica del país y puedan poner sus conocimientos y sus capacidades al servicio de la economía colombiana”, explica Carvajal.
Parte de la complejidad en el proceso de convalidación está en los tiempos de espera y la ausencia de vías de comunicación entre el Ministerio de Educación y los solicitantes del trámite. Según el Ministerio, el proceso tiene una duración de entre 60 a 180 días calendario; sin embargo, el tiempo de respuesta sobre el reconocimiento o denegación de los títulos de educación superior en muchos casos supera los nueve meses.
En el caso de Claudia Pimentel, médica colombovenezolana, especialista en ginecología y obstetricia, la convalidación de su título como médica general tardó nueve meses. Entre tanto, la convalidación de sus estudios de posgrado requirió de una tutela y acompañamiento jurídico para que el Ministerio de Educación diera respuesta a su solicitud, que inicialmente fue negada en octubre de 2020 y que, tras interponer un recurso de apelación, fue aprobada finalmente en abril del 2021.
“Uno quiere estar más enterado de cómo va el proceso, tener una comunicación más fluida, pero esto es un silencio absoluto. Además, el trámite se demora demasiado. Mientras yo esperaba la convalidación, yo estaba en Venezuela. Para mí era muy difícil llamar para obtener información sobre el trámite. Yo revisaba el correo, me metía a la página del Ministerio, pero nunca obtuve información sobre la evolución de la solicitud, hasta que después de 9 meses por fin obtuve respuesta favorable de la convalidación”, cuenta Pimentel.
Adicional a las barreras de acceso, Carvajal explica que el proceso de convalidación de títulos profesionales presenta fallas a las que ni el PPT ni el ETPV darán solución. Según el abogado, estas fallas están ligadas a la ausencia de un enfoque diferencial por parte del Ministerio de Educación y los Colegios Profesionales para “atender las necesidades particulares de este grupo vulnerable dentro de los lapsos legales y con un tratamiento ajustado a sus características socioeconómicas”.
Sobre esto, Pimentel recalca que el proceso debería considerar la urgencia de los profesionales venezolanos para trabajar y generar recursos dada la situación de su país. “Ellos tienen que tener en cuenta que nosotros para convalidar venimos de un proceso muy agotador y muy largo en Venezuela. Por ejemplo, yo para obtener los papeles apostillados, inicié el trámite en el 2017 y tuve que esperar hasta el 2019 para que me entregaran los documentos. Uno piensa que en Venezuela nada sirve y que al llegar acá se va a encontrar con mayor eficiencia, pero no”.
«El PPT si le permitirá iniciar el proceso de convalidación a los migrantes venezolanos, pero no aumentará las posibilidades de éxito en el trámite, ni va a corregir o mitigar los efectos nocivos y desproporcionados que traen las barreras estructurales que enfrentan hoy en día»
Daniel Carvajal
Abogado especializado en procesos de convalidación e inmigración
Agilidad en la expedición de tarjetas profesionales
Sumados al costo y prolongados tiempos de espera en las respuestas de solicitud para la convalidación de títulos, en el caso de profesiones como derecho, medicina, odontología, ingeniería, entre otras, los migrantes tienen que enfrentarse a un obstáculo extra: los requerimientos de las colegiaturas profesionales para la obtención de tarjetas profesionales que les permitan ejercer formalmente.
“Durante los últimos cuatro años, los Colegios Profesionales se negaron, en mi opinión, injustificadamente, a hacer los registros y expedir tarjetas profesionales a los migrantes venezolanos que tenían PEP, alegando que este documento no era válido para ese trámite. Los Colegios profesionales solamente aceptaban cédulas de extranjería, es decir, obligaban a los migrantes a tramitar visas que resultan más costosas y complejas de obtener, a pesar de que el PEP era un documento perfectamente válido”, explica Carvajal.
Ejemplo de esa situación es Dayana Chinchilla, una odontóloga venezolana que llegó a Colombia en el 2018. Tras esperar por cerca de un año una respuesta del Ministerio de Educación para la convalidación de su título, hoy sigue sin poder ejercer su profesión debido a que no cuenta con una cédula como se lo exige el Colegio Colombiano de Odontólogos para tramitar la tarjeta profesional.
“Para mí ha sido bastante difícil. Nada más sacar los papeles apostillados en Venezuela ya es una odisea. Uno hace todo el esfuerzo con la idea de poder ejercer su profesión acá y no quedarse haciendo otra cosa, pero una vez que uno llega acá, consigue el dinero, espera, por fin obtiene la convalidación y luego… no puedes ejercer porque no tienes una cédula, eso es bastante frustrante. Quedas totalmente a la deriva, en la incertidumbre“, cuenta Chinchilla quien, ante la ausencia de alternativas, optó por tramitar una visa de trabajo con la expectativa de acelerar el trámite.
El de las tarjetas profesionales sí puede ser una barrera que se resuelva con el Estatuto de Protección pues los colegios de profesionales que las expiden no tendrán argumentos para no aceptar este documento. La resolución para la implementación del ETPV de forma explícita valida el PPT para dicho trámite y, con esto, zanja la duda de las colegiaturas profesionales sobre la documentación exigida para la expedición de tarjetas para abogados, médicos, contadores, odontólogos, biólogos y demás profesiones que así lo requieren.
Por: Laura Cristancho @Lauracamila_cc
