Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, asegura que todos los venezolanos podrían ser reconocidos como refugiados. Dice que el sistema migratorio colombiano debe cambiar para garantizar la protección internacional que requiere esta población.
Proyecto Migración Venezuela: ¿Cómo está la legislación colombiana con respecto al refugio?
Carolina Moreno: Colombia no tiene un marco normativo en materia de refugio que sea de rango legal y que lo regule detalladamente. Lo que tenemos es una sección en el Decreto 1067 de 2015, que reglamenta todo el sector de relaciones exteriores. Eso hace que la figura del refugio no tenga la importancia que debería tener, no esté regulada con detalle y termine desdibujada. Además, el decreto es del 2015, no da cuenta del fenómeno migratorio venezolano. Actualmente se están tramitando aproximadamente 18.000 solicitudes de refugio de venezolanos, lo cual solo demuestra la necesidad de reformar el sistema.
El país no le apuesta al refugio ni tiene el más mínimo interés de moverse hacia una modernización y un reconocimiento de los migrantes venezolanos como población que requiere protección internacional. Un libro de la Universidad Externado muestra que mientras en el 2015 se concedieron 21 solicitudes de refugio, en el 2018 solo se concedieron seis. ¿Cómo es posible que haya menos reconocidos si la crisis solo ha aumentado desde ese año?
PMV: ¿Cuáles son las barreras a las que se enfrentan los venezolanos que solicitan refugio en Colombia?
C.M.: Lo primero es que el procedimiento no establece una cosa mínima de debido proceso: el tiempo para obtener respuesta a la solicitud. La gente no sabe si a la vuelta de uno, dos o tres años le van a decir que sí o que no. Eso tiene unas implicaciones enormes en la vida de la gente, que se queda esperando y cada tres meses tiene que solicitar la renovación de un salvoconducto de permanencia que se le otorga mientras está la solicitud en curso. Un procedimiento que no tenga un término claro de cuándo se van surtiendo las etapas es un pésimo procedimiento administrativo.
Por otra parte, a los venezolanos cuando cruzan la frontera no se les da información adecuada de que tienen el derecho a ser solicitantes de refugio, pese a que los instrumentos internacionales dicen que las autoridades están obligadas a informar a las personas sobre los derechos que le asisten. El término que tiene para radicar su solicitud de refugio es dos meses, que es un tiempo corto si se tiene en cuenta que no tienen la información. Las autoridades no tienen que estar con un cartel en la frontera anunciando que se puede pedir refugio, pero si la persona al pasar el punto fronterizo manifiesta que ha tenido que dejar el país por temor a que se vulnere su integridad o porque su vida estaba amenazada, la información debería fluir.
PMV: ¿Hay una intención deliberada del Estado colombiano de no informar a las personas del derecho a solicitar refugio?
C.M.: No sé si deliberada. Pero sí es claro que las personas no reciben la información. Sea porque las autoridades colombianas no quieren que pidan el refugio o porque los funcionarios no están capacitados. Puede ser torpeza, negligencia o desconocimiento, pero cualquier opción demuestra que nuestro sistema no está bien diseñado.
PMV: El salvoconducto de permanencia que entrega la Cancillería mientras se resuelve la solicitud de refugio ha generado ciertas confusiones con respecto a la posibilidad de acceder a otros servicios o derechos como el trabajo. ¿Qué han visto ustedes en la Clínica?
C.M.: Este documento permite ingreso al sistema educativo y de seguridad social. No sucede lo mismo con el derecho al trabajo, porque debes tener una autorización expresa que te permita emplearte. Antes, el salvoconducto se expedía con una cláusula que decía que este permiso no permitía trabajar. Recientemente Migración Colombia removió esa cláusula del salvoconducto, pero tampoco genera una autorización expresa, lo cual deja en un limbo a la persona porque entonces debe solicitar un Permiso Especial de Permanencia que, según la misma Migración Colombia, es un documento excluyente con la solicitud de refugio. Las personas terminan desistiendo de solicitar el refugio por el miedo de que van a tener repercusiones o consecuencias. Esto demuestra que Colombia tiene una política soterrada de no apuntarle al refugio.
PMV: Una dificultad que enfrentan los venezolanos para solicitar el refugio es que no siempre cuentan con los documentos requeridos para el proceso. ¿Cómo ve esta situación?
C.M.: La mayoría de los migrantes que van a solicitar refugio se enfrentan al problema de probar lo que están diciendo pues no tienen documentos o pruebas, ya que han tenido que salir huyendo de su país o han tenido unos trayectos terribles. Colombia no ha hecho mucho al respecto. No hay ninguna aminoración de la carga probatoria que considere esas dificultades. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que en Venezuela hay una violación sistemática de los Derechos Humanos, que hay un colapso del sistema político, económico y social, pero además sabemos las dificultades que tienen los venezolanos para acceder a documentos e interactuar con las autoridades de su país, ¿por qué el Estado colombiano no podría reconocer que todos los migrantes venezolanos sufren esta situación y hace un reconocimiento grupal de la condición de refugio? Así no tendría que revisarse cada caso individualmente y exigirle a cada persona que compruebe. Brasil lo hizo ya y el año pasado reconoció a unos 21 mil venezolanos.
PMV: ¿Colombia está incumpliendo los acuerdos internacionales que ha suscrito en materia de refugio?
C.M.: La Ley colombiana dice que las causales para solicitar refugio son que, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, una persona no se somete a la protección de su país. La segunda causal es porque la vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizad, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esto demuestra de manera patente la situación de Venezuela. A pesar de que esto lo tenemos en nuestras normas, no estamos respondiendo de esa manera. Eso es dispar con el discurso. Las autoridades colombianas dicen que hay una dictadura, que hay un colapso del sistema, que las condiciones que viven los venezolanos son muy precarias y que Colombia está abierta. ¿Pero está abierta a qué? A reconocerles de pronto un Permiso Especial de Permanencia, que es una estabilidad precaria, y no a reconocerles la condición de refugiados.
PMV: ¿Están dadas las condiciones políticas para enmendar esto? ¿Está dispuesto el Gobierno y el Legislativo a corregir?
C.M.: Actualmente hay un proyecto de ley migratoria en el Congreso, pero lo que hay sobre el refugio sigue siendo muy limitado y yo lo que siento es que no hay una voluntad real de apostarle a un sistema robusto, organizado y estructurado de refugio en Colombia. Esto tiene que pasar a una discusión democrática amplia en la que entendamos que los venezolanos no migran porque quieren sino porque no tienen otra salida. Nuestro sistema no es suficientemente robusto para reconocerlos, pero tampoco estamos haciendo nada políticamente para cambiarlo.
PMV: ¿Es viable y pertinente que Colombia reconozca a todos los venezolanos como refugiados? ¿Tendría la capacidad para atenderlos en ese sentido?
C.M.: Esto facilitaría los procesos. No tendría cada uno que comprobar su condición. Esto por supuesto que tiene un costo para el Estado y el miedo está en que con esa decisión se genere un efecto llamada que desborde, por ejemplo, la capacidad de garantizar la salud. Eso no lo dicen, pero es la percepción que está detrás y por lo que se prefiere un sistema a cuenta gotas. Colombia podría ser claro en que no tiene capacidad de reconocerlos a todos como refugiados, pero al menos podría cumplir el trámite de las solicitudes individuales. La gente se está quedando como solicitante y ese es el limbo jurídico que debemos resolver. Yo ni siquiera estoy pensado en respuestas románticas, pero al menos modernicemos un poquito lo que tenemos y comprometámonos a lo básico: un procedimiento administrativo con términos claros y transparentes, con debido proceso, que considere cómo invertir la carga de la prueba en ciertas situaciones y con unos tiempos determinados. En ese sentido, la Cancillería debe destinar más personal para revisar las solicitudes, que han aumentado exponencialmente, o hay que pensar otro modelo. En muchos países, por ejemplo, esto se hace ante los jueces, no ante autoridades administrativas.
Por: Juan David Naranjo Navarro @JDNaranjoN
