Desde marzo de 2020 el Gobierno nacional ordenó el cierre de todas las fronteras, como una de las medidas para contener la propagación del coronavirus a lo largo del territorio nacional. El pasado septiembre la economía se reactivó y las fronteras aéreas y marítimas volvieron a abrirse. Sin embargo, las terrestres y fluviales permanecerán cerradas hasta el próximo 16 de enero de 2021 con la excepción del corredor humanitario que permite el paso de estudiantes, los retornos voluntarios, el transporte de carga y mercancías, así como los casos de fuerza mayor.
Mantener las fronteras terrestres cerradas es una medida problemática por dos razones. En primer lugar, genera riesgos de seguridad particularmente para las personas migrantes que vienen caminando desde Venezuela. Transitar estos caminos implica estar a merced de diversos actores armados que controlan las trochas, convirtiendo a los migrantes en el blanco perfecto de reclutamiento forzado, secuestro, extorsión, abuso sexual, trata de personas e incluso la muerte. Esta situación se viene presentando desde 2018, pero se ha acentuado desde el cierre de las fronteras a causa de la pandemia.
En segundo lugar, es una medida discriminatoria frente a cierto tipo de migrantes. Según el gobierno nacional el cierre permite contener la propagación del virus. Pero si esa es la motivación ¿por qué no mantener cerrados también los aeropuertos? Pareciera entonces que Colombia solo tuviera las puertas abiertas para los migrantes que pueden viajar en avión, pagar una visa o ser ciudadanos de ciertos países que no requieren más que su pasaporte para entrar.
Así, el cierre de las fronteras terrestres afecta principalmente a las personas migrantes que no tienen recursos económicos y que ante la falta de alternativas tienen que huir a pie para sobrevivir. Esta forma de discriminación se conoce como aporofobia. Se discrimina al extranjero no por el hecho de serlo, sino por su pobreza. Esta medida, más que pensar en la salud pública, pareciera ser una estrategia para evitar que un sector de la población migrante llegue al país: los pobres.
Es comprensible que el gobierno promueva una migración organizada; sin embargo, las medidas para alcanzar este objetivo no pueden exponer a las personas migrantes a riesgos contra su vida y su seguridad, y tampoco pueden discriminar a aquellos migrantes que recurren a las trochas como su única alternativa. Cerrar la frontera para supuestamente frenar la propagación del virus no solo pone en riesgo a los migrantes sino que también impide la detección de casos de coronavirus.
Para que el remedio no resulte más grave que la enfermedad es necesario reabrir los pasos fronterizos formales, incrementar la ayuda humanitaria para garantizar y proteger la vida de las personas migrantes que día a día cruzan la frontera y, como sucedió en varios momentos durante la cuarentena, restablecer los canales de comunicación entre las autoridades de Venezuela y Colombia para tomar medidas que prevengan el contagio. Es deber tanto de los países de origen como de los receptores respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
*Investigadora de la línea de migración en el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
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Por: Lina Arroyave @LinaArrv
