l pasado 9 de octubre 2021, un niño de 12 años y un joven de 18 años, de nacionalidad venezolana fueron ejecutados al ser acusados de hurto en la localidad de Tibú, Norte de Santander. Este suceso no solo acaparó la atención de diversas instancias nacionales e internacionales, sino que dejó en evidencia, una vez más, las peligrosas lógicas de justicia en la región del Catatumbo, la ausencia de las autoridades del Estado y los múltiples riesgos a los que se enfrenta la niñez migrante y refugiada en Colombia.

Tibú es uno de los once municipios del departamento Norte de Santander. Su cercanía fronteriza con Venezuela ha favorecido el tránsito y permanencia de personas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, migrar a esta localidad implica someterse a las dinámicas de las economías ilegales y los actores armados que se disputan el control territorial.

En consecuencia, esta guerra no distingue edad. Los niños, niñas y adolescentes (NNA), con frecuencia, son víctimas del reclutamiento forzado y vinculación a actividades ilícitas de los grupos armados que operan en el territorio, convirtiéndose en los eslabones más débiles de una amplia estructura delincuencial.

La administración de la justicia de estos grupos, emplean el castigo “ejemplar” y la marcación de los cuerpos para infundir miedo en la población. De tal forma que, la ejecución -incluso de NNA- está plenamente justificada para estos grupos ilegales como una forma de control social. Lo más preocupante es que, ante este tipo de hechos, las fuerzas policiales y miliares poco han podido hacer, pues también son objetivo de estos grupos armados y tienen su propia trinchera para ocuparse, lo que deja a la población bajo la sombra de estos mercenarios.

La vulnerabilidad de la niñez migrante inicia por la ausencia de entornos protectores que permitan garantizar la vida, sus derechos y el desarrollo pleno de un proyecto de vida junto a su familia. En ese sentido, la inestabilidad social en Catatumbo junto a las limitadas oportunidades para superar la violencia agrava las condiciones de vida. Para algunos de ellos, ser “cocaleros” no es una opción, es la regla por ser migrantes en condión irregular, lo cual es uno de los impactos humanitarios que tienen las economías ilegales y los actores armados en el Catatumbo.

En conclusión, la población venezolana que migra al Catatumbo solo cambia de victimario. Resulta imperante una mirada interseccional a las vulnerabilidades que sufre la población, particularmente, la niñez migrante y refugiada en los territorios donde la paz sigue en construcción.

Es urgente incrementar las estrategias para la prevención de diversas formas de violencia contra la niñez, incluidas el reclutamiento forzado y la explotación sexual. Además de fortalecer las acciones para garantizar el acceso y permanencia de los NNA en el sistema educativo colombiano, sin importar su condición migratoria. Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.

* Mairene Tobón es investigadora posdoctoral del Centro de Estudios en Migración (CEM),
de la Universidad de los Andes.

Por: Mairene Tobón @mairenetobon