Latinoamérica es una región expulsora y receptora de exiliados. Guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses protagonizaron el desplazamiento de más de 2 millones de personas desde Centroamérica, en un contexto de persecución contra los movimientos sociales que defendían los derechos humanos. En Suramérica, uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños, chilenos y bolivianos fueron el reflejo de la persecución política de las dictaduras militares. Pero la llegada de casi medio millón de colombianos a lo largo de más de una década tomó por sorpresa a varios gobiernos del continente.
La salida forzosa de colombianos a causa del conflicto armado es un tipo de violencia que había sido ignorada hasta ahora. Pero el informe Exilio colombiano Huellas del conflicto armado más allá de las fronteras publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) pone en evidencia que la guerra tuvo, y continúa teniendo, consecuencias fuera de del territorio nacional.
Como explica Gonzalo Sánchez, exdirector del CNMH, el exilio “es un mecanismo histórico de exclusión territorial, social y política, que puede ser visto como una prolongación del desplazamiento interno hacia los territorios de frontera, y cuyo objetivo principal ha sido silenciar la política”. Los exiliados colombianos fueron víctimas de todos los actores, legales e ilegales, que intervinieron en el conflicto armado interno, y tuvieron que buscar en otros países la seguridad, protección o refugio que el Estado no les garantizó.
La migración colombiana fue considerada un problema para la estabilidad de América Latina tanto por su magnitud como por su origen.
De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre 2000 y 2012 más de 400 mil colombianos llegaron a Ecuador, Panamá y Venezuela huyendo del conflicto armado interno.
Hacia dónde migramos
A comienzos de la década de los 2000, y a medida que el conflicto armado empeoró, decenas de colombianos dejaron de desplazarse a otros municipios y departamentos para cruzar las fronteras hacia los países más cercanos. De acuerdo con la información más reciente, cerca de 90% de los exiliados colombianos huyó hacia Ecuador, Panamá y Venezuela.
Según el CNMH, los exiliados por el conflicto armado tuvieron en cuenta la cercanía, los aspectos culturales compartidos, el idioma y las tradiciones comunes para tomar la decisión de buscar seguridad en los países fronterizos. Muchos de ellos se quedaron de manera temporal o indefinida en las poblaciones fronterizas en las que esperaban sentirse seguros y fuera del radar de los actores armados que amenazaban sus vidas en Colombia.
Pero al cruzar la frontera se encontraron con más problemas de los que se esperaban. Llegaron a zonas con precarias condiciones socioeconómicas, escasa presencia institucional y, por si fuera poco, nuevas y particulares formas de violencia; como narcotráfico, contrabando y trata de personas.
Hoy en día los detalles de la migración de los colombianos son pocos. Esto tiene que ver, en parte, con que el miedo hizo que las personas prefirieran alejarse de los censos oficiales para no ser identificados por sus victimarios.
En 2007, cuando ACNUR empezó a incluir la información de personas en situación similar a los refugiados, Colombia fue el tercer país que más expulsó a su población; los colombianos representaron el 5% de la población refugiada del mundo.
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La respuesta de los países
Mientras que en Colombia apenas se reconocía la magnitud del desplazamiento forzado interno, el exilio colombiano ya era considerado un problema que afectaba la estabilidad de América Latina.
En 2004, la región firmó el Plan de Acción de México como respuesta específica a los migrantes producto del conflicto armado colombiano. En este acuerdo se materializó la idea de que la respuesta al fenómeno migratorio no era responsabilidad únicamente de Venezuela, Ecuador y Panamá –los tres países que compartían fronteras con Colombia–, sino que era un asunto de todo el continente.
Este plan incluía políticas de respuesta humanitaria y desarrollo en las zonas fronterizas, pero se quedó corto frente a la enorme cantidad de colombianos que migraban. Al final, la migración colombiana puso en evidencia la incapacidad de los países para atender a todos los exiliados.
Durante diez años, el Plan de Acción de México fue la única respuesta frente al exilio colombiano a nivel regional. En 2014, los países se reunieron otra vez para buscar soluciones efectivas y duraderas en materia de integración, reasentamiento y repatriación voluntaria ya no solo de los exiliados colombianos, sino de todo el continente. El contexto de la reunión fueron los retos humanitarios provocados por organizaciones criminales transnacionales, como los carteles de narcotráfico y las bandas internacionales que generaban exilios –y aun lo hacen– en la región.
El resultado de esta reunión fue la Declaración de Brasil; una hoja de ruta en la que los 28 países firmantes se comprometieron a atender a refugiados, desplazados y apátridas en Latinoamérica que continúa vigente hoy en día. El tema central de la Declaración de Brasil en ese momento fue la situación del Triángulo Norte Centroamericano, es decir, los desplazamientos desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos.
El exilio colombiano dejó de ser el referente de ese fenómeno en la región. Ni siquiera fue mencionado o tenido en cuenta dentro del nuevo plan de acción que, entre otras cosas, reconoció el deber de no rechazar o discriminar a los inmigrantes ni penalizar su entrada ilegal.
El hecho de que durante esta reunión se estuvieran desarrollando los diálogos de paz estuvieran entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc fue uno de los factores para que la situación de los exiliados del conflicto armado se desplazara del centro de la agenda regional. Es decir, si las Farc habían causado los desplazamientos, se entendió que ahora que estaban a punto salir de la guerra este fenómeno se detendría.
Lo pendiente
El exilio de los colombianos es un tema vigente que aún requiere de la atención del gobierno nacional, y de toda la región.
«El accionar de los grupos armados posdesmovilización produjo un incremento en su actividad violenta en diferentes zonas del país, especialmente en los territorios de frontera»–CNMH
Para el CNMH, la Declaración de Brasil sentó un precedente al reconocer la “necesidad de responder a los retos humanitarios provocados por el crimen organizado transnacional”. Con esto, además, se hizo un llamado a los Estados a reaccionar ante las nuevas situaciones –entre las que se puede considerar la crisis económica y humanitaria de Venezuela– que generan el exilio en la región. Pero todavía hay mucho por hacer.
Como explica Juan Manuel Zarama, coordinador del equipo investigador, comprender “el exilio nos lleva a repensar la forma de hacer y entender los pueblos, la solidaridad, la protección de los derechos humanos y las fronteras mismas”.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de distintas organizaciones de colombianos exiliados, el país aún no les ha dado un acompañamiento especial ni ha hecho los suficientes esfuerzos para visibilizar la violencia que sufrieron. El proceso de paz con las Farc, uno de los principales responsables del exilio, no logró eliminar las condiciones que llevaron a los colombianos a refugiarse en otros países.
En las zonas fronterizas, por ejemplo, diferentes grupos armados aún son una amenaza para la población civil. El exilio colombiano no ha llegado a su fin y, por el contrario, inicia una nueva historia, con nuevos actores armados involucrados.
Por: Sara Prada @pradasaraca
