Tener estatus migratorio regular y contar con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) no fue suficiente para que la venezolana Karina Pérez contratara el servicio de internet en una vivienda del sur de Bogotá.
Recibió una negativa por su nacionalidad, ya que para acceder al servicio le exigen la cédula de ciudadanía colombiana. “Si no la tiene pida una prestada a un vecino”, fue la solución que le dio a Pérez el empleado de una de las empresas de telefonía más grandes de Colombia.
Con la llegada de la pandemia, a esta migrante le urgía instalar el internet en su casa para hacer teletrabajo y conectar a su niño a clases virtuales. Para solucionar acudió a una empresa de su barrio que no le puso obstáculos con su documentación porque subcontrata el servicio de internet y televisión por cable a las grandes operadoras nacionales.
Al igual que Karina Pérez, el 48,8 por ciento de los venezolanos radicados en el país considera que es muy difícil acceder a servicios de internet y televisión; y otro 30,7 por ciento asegura que se le dificulta obtener telefonía celular por barreras con su documentación o con su estatus migratorio, según evidenció la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia, realizada por el Proyecto Migración Venezuela.
Otro de los hallazgos importantes de esta medición — aplicada a 1.604 hogares venezolanos radicados en 99 municipios y 25 departamentos, incluyendo Bogotá— es que el 75 por ciento estima que no puede acceder a documentos migratorios legales, lo cual dificulta en gran medida encontrar un trabajo (84, 5 por ciento), la inscripción en instituciones educativas (35,8 por ciento) y el aseguramiento en el sistema de salud (85,4 por ciento).
Fuente: Observatorio del Proyecto Migración Venezuela. Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia. Diciembre 2020.
El migrante José Villasmil, quien vive desde hace dos años en La Ceja, Antioquia, relató los tropiezos que tuvo para obtener una licencia de conducción. En varias instituciones o locales se acercó a preguntar sobre los requisitos, y lo primero que le solicitaban era la cédula de ciudadanía o extranjería.
Consciente de sus derechos, Villasmil insistió que le aceptaran el Permiso Especial de Permanencia o su pasaporte vencido para efectuar el trámite, pero no tuvo suerte. “La asesora me dijo que no podía ayudarme, que no sabía si era que su sistema no aceptaba mis documentos, o si era algo general. Claramente le dije que me parecía falta de voluntad o de información de ellos para tramitar el pase de conducir a los venezolanos con PEP”, se quejó el venezolano, quien espera que con la implementación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos se derriben este tipo de barreras y se logre una verdadera inclusión.
A esta dificultad para acceder a bienes y servicios, también se suma las barreras que encuentran los venezolanos para ver garantizados algunos derechos, lo cual hace que el índice de pobreza multidimensional en esta población alcance un 51,7%, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Venezolanos en Colombia.
El instrumento encontró, por ejemplo, que el 51,4 por ciento de los hogares donde hay menores en edad escolar presentan rezago escolar, que el 35,4% de la primera infancia no está recibiendo atención integral, el 48,8% de los hogares migrantes viven en hacinamiento y que el 97,7 % de las familias está privada en la variable de empleo formal.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
