Según Carolina Mejía Mantilla, autora del estudio del Banco Mundial y ACNUR, “los movimientos de población pueden beneficiar a comunidades y países de acogida si se aplican las políticas adecuadas”.
Por Redacción MigraVenezuela
Dos nuevos estudios publicados hoy por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) revelan que las personas desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe pueden ser un importante motor económico para los países de acogida.
Estos estudios, titulados “Venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú: una oportunidad para el desarrollo” (Banco Mundial y ACNUR) e “Integración socioeconómica de las poblaciones desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe” (BID, OCDE y ACNUR), resaltan que, cuando se brinda la oportunidad, estas personas contribuyen significativamente a las economías locales, llenando vacíos en los mercados laborales y generando demanda de bienes y servicios.
Aunque esta población, en su mayoría en edad productiva y con niveles educativos elevados, a menudo trabaja de manera informal, limitando sus ingresos y aumentando la inseguridad alimentaria, los estudios demuestran que con políticas específicas se puede facilitar su acceso al mercado laboral formal y a servicios básicos, como la educación y la salud.
Según Carolina Mejía Mantilla, autora del estudio del Banco Mundial y ACNUR, “los movimientos de población pueden beneficiar a comunidades y países de acogida si se aplican las políticas adecuadas”. Se estima que, en promedio, el PIB de los principales países de acogida de América Latina y el Caribe aumentará entre 0,10 y 0,25 puntos porcentuales al año, entre 2017 y 2030, gracias a la contribución de las personas desplazadas.
Ambos estudios abordan el impacto positivo del éxodo venezolano en el crecimiento económico regional, debido a una mayor disponibilidad de mano de obra y al estímulo de la demanda. Sin embargo, señalan la vulnerabilidad de estas personas y resaltan la importancia de políticas que promuevan la inclusión económica y social.
A mediados de 2023, se registraron 22,1 millones de personas desplazadas en las Américas, y aproximadamente un tercio de todas las solicitudes de asilo individuales a nivel mundial se presentaron en América Latina y el Caribe ese año, según datos de ACNUR.
El estudio del BID, la OCDE y ACNUR, que abarca poblaciones desplazadas en varios países, destaca las dificultades particulares que enfrentan los jóvenes y las mujeres desplazadas en términos de educación y empleo. La discriminación y la xenofobia también se identifican como obstáculos para la inclusión socioeconómica.
Ambos estudios concluyen enfatizando la importancia de políticas públicas que promuevan la cohesión social, prevengan la exclusión y minimicen el impacto en las poblaciones locales. Aunque representan una fuente completa para comparar la situación de personas refugiadas y migrantes con la población local, se destaca la necesidad de una inclusión más sistemática de estas personas en los ejercicios oficiales de recopilación de datos para elaborar políticas más específicas y efectivas.