La Procuraduría General de la Nación informó que una comisión especial se desplazó hacia San Andrés para verificar qué ocurre con la desaparición de cerca de cien migrantes irregulares. La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió respuestas por la desaparición de 29 migrantes irregulares que ocurrió en octubre.

Se trata de un fenómeno desalentador que requiere vigilancia. De acuerdo con la Procuraduría, los cien migrantes desaparecidos se extraviaron en altamar en seis naufragios distintos, ocurridos entre 2022 y 2023. En esas ocasiones, traficantes ilegales intentaban transportarlos hasta Nicaragua.

La entidad apuntó que las personas que intentaban transportar a quienes migraban trataban de evadir los controles de la Armada Nacional. Sin embargo, las autoridades no siempre llevan un control legal de las circunstancias, como quedó evidenciado con la captura de 24 personas, entre las que estaban cinco militares activos de la Armada.

Según información de la fiscalía, los cinco uniformados entregaban información sobre la ubicación de unidades navales que efectuaban control marítimo en San Andrés y Providencia. Los datos confidenciales eran revelados para permitirle a una red de migrantes irregulares zarpar hacia Centroamérica y luego a Norteamérica.

Los cuatro suboficiales y el oficial detenidos serán investigados no solo penalmente, sino a nivel disciplinario, como informó este miércoles el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento. Una agencia especial de la Procuraduría, además, hará seguimiento al proceso penal.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades nacionales respuestas frente a 29 personas que iban en una embarcación desde San Andrés hasta, supuestamente, Nicaragua. Eran 27 migrantes, la mayoría de origen venezolano, y dos tripulantes, que desde el 21 de octubre se encuentran perdidos sin que sus familiares tengan calma.

“Los familiares tienen derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos. Es preocupante que después de más de seis semanas las autoridades no entreguen un reporte que permita establecer cuál fue el destino de la embarcación, sus tripulantes y los migrantes que iban a bordo”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

La entidad de derechos humanos aseguró que los familiares de las personas desaparecidas entregaron un listado que apunta que hay nueve menores de edad entre las víctimas, así como un adulto mayor de 69 años. Camargo pidió al Gobierno articularse con países fronterizos para encontrar a todas las personas reportadas como extraviadas.

Entre enero y octubre de este año, según datos de la Defensoría, la Armada, Migración Colombia y otras autoridades han rescatado a 392 personas de diferentes nacionalidades que intentan cruzar la ruta San Andrés-Centroamérica. De ellas, al menos 89 son menores de edad. Otras 32 personas permanecen desaparecidas.