La intención del gobernador Ron DeSantis era poner orden al flujo migratorio, pero lo que ha provocado la ley expedida en ese Estado es miedo entre los migrantes, empleos sin ocupar y una posible avalancha de demandas ante el poder judicial.
Hernán Lugo-Galicia, Te lo Cuento News
Desde que el gobernador Ron DeSantis anunció que en Florida impera “la ley y el orden”, hay una protesta silente. Apenas tres manifestaciones contra la medida se han hecho escuchar; pero las organizaciones se preparan para pelear ante el poder judicial.
La primera protesta ocurrió en marzo, organizada por Florida Rising, #WakeUpWednesdays; la segunda, en mayo; y la tercera, el 1 de junio, cuando hubo “Un día sin inmigrante” o “paro de brazos caídos” en Miami, Tampa Bay y Orlando.
El resto de las protestas es similar al murmullo porque los afectados (inmigrantes en condición irregular) han optado por mudarse a otros estados, en silencio, por temor a las sanciones impuestas en la región.
En los locales de comida puede verse la merma de clientes; en su mayoría, trabajadores de la construcción, que iban a buscar un desayuno a tempranas horas, señalan dueños. En Wimauma, los jornaleros han abandonado los campos agrícolas ante la entrada en vigencia de la Ley CS/CS/SB 1718, a partir del 1 de julio.
El tránsito en Tampa ha bajado. Unos, las atribuyen al miedo de los ciudadanos a trasladar a indocumentados, incluso si son familiares, pues, la ley DeSantis impone cárcel y hasta multas a ciudadanos que trasladen a inmigrantes en condición irregular o los contraten.
Otros, adjudican la tranquilidad al receso escolar. Sin embargo, hay un hecho: La discrecionalidad en la aplicación de la norma obligarán a resguardarse o al alejarse de las vías públicas.
Una ley autoritaria
“La Ley y el Orden sobre los disturbios y el desorden”, es la orden que dio DeSantis a los funcionarios de la entidad. ¿Y en qué consiste ese orden?
La Ley CS/CS/SB1718, anunciada en mayo, establece:
- Prisión de 15 años y multas de US $1.500 por persona a quienes transporten inmigrantes en condición irregular hacia el estado, o los albergue o proteja.
- Verificación del estatus legal de las personas en empresas con más de 25 trabajadores en el sistema migratorio E-Verity.
- Aprobación de US$12 millones de presupuesto para trasladar a otros estados a migrantes en condición irregular.
- En Florida, no serán válidas las licencias de conducir y de identidad, aprobadas en otras jurisdicciones a migrantes en condición irregular.
- Los hospitales y emergencias están obligados a revisar el estatus migratorio de quienes soliciten asistencia médica.
- Prohíben a gobiernos locales asignar recursos a organizaciones que otorguen identificaciones a ilegales.
- Eliminan exenciones de cuotas escolares a migrantes que estudian y no tienen documentos.
Efecto dominó
La norma ha sido denunciada por diversas ONG, entre ellas, Casa Venezuela Orlando, la Asociación de Trabajadores Agrícolas, la Coalición de Inmigrantes de Florida, American Friends Services, Hope Community Center y la Alianza de Inmigrantes de Florida, y el Partido Demócrata. Todas cuestionan las políticas del gobernador y anuncian que tendrán impacto en las elecciones presidenciales.
William Díaz, de Casa Venezuela Orlando, señaló que los decretos de DeSantis tienen un fin político-electoral y que han generado, además del rechazo, un miedo que se ha hecho evidente.
“Una constructora de renombre nacional advirtió a los realtors (vendedores de bienes raíces) que se abstuvieran de vender propiedades a venezolanos y cubanos. Eso va a tener un ‘Efecto Dominó’ en el sector inmobiliario. Ya veremos a otras copiando ese esquema. Eso es un peligro, una violación al derecho a la propiedad privada. Los venezolanos, deseosos de comprar viviendas, tienen estatus legales; algunos con solicitud de asilos, tiene Social Security y son trabajadores, así que no hay razones para negarles el acceso a invertir en su futuro”, explica.
Díaz alerta que las leyes de la Florida pueden ser mal interpretadas, pues, la prohibición se limita a inmuebles, cercanas a instalaciones militares y de servicios, como agua o plantas eléctricas, o haciendas, productoras de alimentos; más no a casas. “Es una actitud autoritaria, dictatorial que es lógica en personajes como (Nicolás) Maduro y Díaz-Canel, pero no en Estados Unidos, un país de libertades”, se quejó.
Igual, pueden pasar con el traslado interno de pasajeros o familias, por lo que Díaz explica que la pena va dirigida cuando se traslade ilegales de otro estado a Florida.
La venezolana-americana Marlene Bello cuestiona las políticas antiinmigrantes en este estado porque provocarán un colapso y un atraso: “No sólo se perderán manos de obra, necesaria en los campos, sino en la construcción ya que nadie quiere trabajar en esas áreas”.
Rechaza que DeSantis use recursos de los contribuyentes para perseguir a inmigrantes: “La policía del estado no puede usarse contra los ilegales; eso es una atribución federal, del Servicio de Inmigración, USCIS. Los médicos tampoco pueden pedir documentos a una persona si va a una cita o al hospital. Ellos juraron defender vidas. Pago impuestos para tener seguridad, transporte y salud y no para que persigan a personas que vienen a trabajar, a generar riqueza”.
“Disculpe, señor gobernador -agregó- pero su discurso en esta materia, al igual que las limitaciones a la vida personal, sexual y educación de los niños, es mediocre. Los inmigrantes venimos a Estados Unidos porque creemos en el modelo, en el sistema político y porque queremos trabajar, tener bienes, que nuestros hijos tengan buena educación, que podamos emprender y gozar de la diversidad cultural, religiosa y sexual, motores de este gran país”.
Bello no entiende por qué el gobernador actúa contra los inmigrantes si sus abuelos provenían de Italia y fueron acogidos en EEUU: “¿Se le olvida su pasado? ¿Por qué no copia las políticas de Utah, donde se reconocen los grados académicos de los inmigrantes y se les permite trabajar? En pocos meses, veremos cómo Utah crecerá económicamente, mientras Florida irá en atraso”.
Lluvias de demandas judiciales
En medio de este debate, han surgido encuentros de representantes hispanos con las autoridades policiales de Tampa Bay para precisar qué harán en caso de detectar la presencia de inmigrantes ilegales en un carro, o en un sitio.
Delegaciones policiales de este, y otros condados de la Florida, han explicado a ciudadanos de diversas nacionalidades, entre ellas colombianas, venezolanas y cubanas, que no detendrán a nadie sin que exista algún delito y que no asumirán funciones de deportación, propias de las dependencias federales.
“Ellos están para proteger a la comunidad, no para deportar a nadie. Sus abogados estudian la ley para determinar lo que significa”, dijo la abogada Norma Camero Reno, abogada y activista de derechos humanos.
Camero Reno está inscrita en el Partido Republicano, pero no apoya las resoluciones de DeSantis porque afectan a todos los inmigrantes, legales o no, al ser discrecionales y dispersas: “Mete a todos los ciudadanos en un mismo saco”, expuso, y anunció que no apoyará la candidatura porque cambió la ley para lanzarse a la carrera presidencial, sin renunciar a la gobernación. “Eso lo hacen sólo los tiranos; es decir, hacen leyes a su favor”.
La representante de Casa Venezuela Hillsborough cree que la ley no podrá aplicarse por lo complejo y los rechazos que ha generado. De hecho, William Díaz vaticina que, a partir del 1 de julio, aumentará la cantidad de demandas contra las leyes de DeSantis ante la Corte Suprema de Justicia, y que el debate adquirirá un nuevo matiz.
En marzo, un grupo de chinos demandó la nulidad de la ley que prohíbe la compra y venta de inmuebles, terrenos cercanos a instalaciones militares o “infraestructuras críticas” a ciudadanos de China, Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte.
Decisión de estado
Por diversas vías se contactó a representantes del Partido Republicano para conocer sus impresiones, pero no hubo respuesta oficial. No obstante, en una conversación con un grupo de militantes, defendieron las medidas, al calificarlas de políticas de Estado, porque apuntan, no a ganar una elección, sino a dejar claro cuál es- y será- la política de DeSantis de llegar a ser Presidente: Cero inmigración ilegal. “Apunta un ingreso legal, autorizado y ordenado, a diferencia de la actual administración que tiene un caos en la frontera”, dijeron.
Indicaron que el mejor aval del gobernador ha sido el crecimiento exponencial del estado, desde 2019 hasta 2022, en 11% en la economía, con soporte de $1 billón en crecimiento; el doble de California, Texas y Nueva York.
“Sí la Florida fuera un país, sería la 18 economía del mundo, detrás de Holanda, delante de Indonesia, Arabia Saudita y Turquía, según el Banco Mundial. Y el presupuesto estatal es de $117.000 millones a partir del 1 de julio, es decir, aumentó en 31%, lo que muestra que con DeSantis el estado no se atrasará, sino que seguirá en crecimiento”, expusieron.
