Además, la encuesta realizada por la Personería de Bogotá revela que el 788% de las mujeres migrantes no que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos básicos.

Por Redacción MigraVenezuela

Entre julio de 2022 y junio de 2023, la Personería de Bogotá recibió y atendió 2.509 peticiones relacionadas con la garantía de los derechos de personas de nacionalidad venezolana y colombo-venezolana en la ciudad. Muchas de estas solicitudes estaban vinculadas a asuntos laborales y al derecho a la salud. Estos temas han estado entre los diez principales motivos de consulta de la población migrante en este período, representando el 19% del total de solicitudes. 

Uno de los datos más preocupantes es que, según un sondeo realizado por la Personería a 200 mujeres extranjeras venezolanas que buscaron asistencia entre 2022 y 2023, se identificaron situaciones de falta de garantía de derechos humanos, a menudo agravadas por la discriminación hacia esta población. 

Las principales problemáticas identificadas incluyen: 

• El 88% de las mujeres entrevistadas afirmó que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos básicos y los de sus dependientes. Esto ha llevado al 59% de las encuestadas a reducir o incluso omitir comidas principales por falta de recursos, lo que se considera una amenaza para la seguridad alimentaria de ellas y sus familias. 
• El 78% de las mujeres se desempeña como cuidadoras, lo que representa una carga de trabajo no remunerada que dificulta su inserción en el mercado laboral y les impide obtener medios de vida básicos. 
• A pesar de que el 82% de las mujeres extranjeras encuestadas afirmó estar afiliada a entidades de salud, el 30% de sus familias no cuentan con seguridad social en salud. Además, el 61% de las mujeres diagnosticadas con enfermedades crónicas no ha recibido tratamientos por parte del Estado. 
• El 19% de las mujeres manifestó haber estado embarazada en los últimos dos años, pero el 45% solo tuvo acceso a menos de cuatro controles prenatales, lo que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad materna. 
• El 18% de las encuestadas declaró haber experimentado algún tipo de violencia desde su llegada a Colombia, incluyendo violencia psicológica, emocional, sexual, económica o física, según lo contemplado en la Ley 1257 de 2008. Entre los agresores, destacan personas desconocidas, empleadores, parejas o exparejas, miembros de la fuerza pública y funcionarios gubernamentales. 

Estos datos ponen de manifiesto la importancia de abordar la protección de los derechos de los migrantes y refugiados desde una perspectiva de política social para la integración y no como una respuesta humanitaria o de emergencia.  

Por esto, la Personería de Bogotá, en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha lanzado la campaña ‘Somos Guardianes de los Derechos Refugiados y Migrantes’ con el objetivo de combatir la xenofobia y reconocer las contribuciones de las personas refugiadas y migrantes a la diversidad cultural y al crecimiento socioeconómico de Bogotá.