El recrudecimiento de la crisis social y económica en Venezuela —agravada en los últimos meses por la severa escasez de combustible en medio de la pandemia por la covid-19—  es la yesca que detona la migración de los venezolanos. 

Así se infiere de un monitoreo adelantado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), que estableció que, en el primer semestre del año, los venezolanos salieron a protestar a las calles en  4.414 ocasiones. En el mes de julio se registraron 649 protestas, y en agosto 748, para un total de 5.811 manifestaciones en las vías públicas. En promedio, al día, se realizaron 25 protestas en todo el país.  Pero, ¿cuáles siguen siendo las causas de ese descontento social, que está estrechamente relacionado con las razones de la migración masiva?

Según el monitoreo del observatorio venezolano, más de la mitad de las manifestaciones públicas fueron para exigir el derecho a los servicios básicos. “Esta situación hace más vulnerable a la población frente a la covid-19, demuestra una vez más el colapso de los servicios a los que está sometida la familia venezolana, siendo el acceso al agua, electricidad y gas uno de los principales derechos que debería garantizar el Estado a todos sus ciudadanos”, apunta en su informe el centro de investigación.

El deterioro de la calidad de vida de los venezolanos ha hecho que cada vez  más familias de estratos bajos piensen en huir del país como la única opción para poder subsistir, afirmó al Proyecto Migración Venezuela el sociólogo Tomás Páez, director de otro centro de investigación, el Observatorio de la Diáspora Venezolana, quien recalca que las protestas  de los ciudadanos son cada vez más fuertes y violentas porque en el país no hay “lo más mínimo para vivir”: no hay comida, no hay empleo, no hay salud, ni transporte por la falta de gasolina.

Páez asegura que esas son las principales  razones por las cuales los venezolanos están migrando, y no exagera al estimar que el 80% de los 105 mil migrantes que retornaron por la pandemia,  ya volvieron a salir a países vecinos con sus familias. “¿Quién va a querer regresar a su tierra si los meten en unos campos aislados, sin comida y les quitan los teléfonos?. Por eso la gente se va de Venezuela”, lamenta el investigador. 

Las fallas en los servicios públicos están generando un fenómeno de migración interna en Venezuela, a decir de Páez,  ya que los habitantes de zonas con climas muy calientes como Maracaibo se están mudando a otras ciudades porque ya no aguantan tantos cortes eléctricos y afectación en sus electrodomésticos. 

Ni siquiera vivir en Caracas  —considerada una zona privilegiada por el Gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder— es sinónimo de calidad de vida. En muchos sectores de la capital venezolana el agua es solo un recuerdo, y en otras comunidades el servicio llega con menor frecuencia. 

La escasez de productos de la cesta básica ya casi cumple una década en Venezuela. La economía se dolarizó el año pasado, cuando el Banco Central de Venezuela “emparejó” la tasa de cambio del dólar oficial a la del dólar paralelo. 

“No hay efectivo de bolívares y los salarios de miseria agravan más el panorama”,  puntualiza el director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, quien deplora que en su país se está inaugurando una nueva categoría salarial que no vale un dólar americano, y que muy pronto se estaría hablando de centavos de dólar por un mes de trabajo: una situación inaceptable en un país petrolero que producía 3 millones 400 mil barriles de crudo en el año 1998, antes del chavismo, pero que hoy no llega a los 400 mil barriles diarios.  

“Ya no estamos hablando de pobreza extrema ni aguda. Estamos hablando del país con la miseria más grande del mundo, en niveles de desnutrición estamos en cuarto lugar a escala global”, dijo Páez a la vez que denuncia que los muertos por la crisis venezolana reflejados en el reciente informe de la ONU son reales, y no un mito como lo quiere hacer ver el Gobierno.

La semana pasada, la jefa de la misión de la ONU, Marta Valiñas, manifestó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que en Venezuela ocurrieron graves violaciones desde 2014, y que habrían sido perpetuadas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares. Estas violaciones a los derechos humanos incluyen supuestas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura, ente otros.

Mientras el informe de la ONU es demoledor, hay otras posiciones como la del ingeniero Werner Gutiérrez Ferrer que dicen que las protestas podrían disminuir por el “contentillo” del Gobierno hacia el pueblo. “Si Nicolás Maduro vuelve a traer barcos iraníes con combustible, y activa una refinería petrolera para medio satisfacer la demanda de gasolina, el venezolano se quedaría tranquilo en su casa  y no saldría a protestar”, afirma.

El también docente universitario se ha sorprendido de que en los últimos meses la vida del venezolano ha girado en torno a la escasez de gasolina.  “Es increíble que ni siquiera la gente ha protestado tanto por el acceso a la salud o la falta de medicinas”, dice seguro de que el ciudadano no termina de asociar que la falta de esos servicios básicos se las ha quitado el Gobierno.

Ferrer no percibe en el venezolano la intención de irse del país por la globalización de la crisis. “Las economías en Latinoamérica están tambaleando a raíz de la pandemia y los niveles desempleo son altos”, analiza el profesor. 

Sorpresivamente, el propio Nicolás Maduro reconoció el pasado miércoles durante su intervención en la Asamblea General de la ONU que hay un éxodo masivo de venezolanos, pero culpó a Estados Unidos de este fenómeno. “Como consecuencia directa de las medidas coercitivas, unilaterales y de las agresiones económicas impuestas por el Gobierno de EE. UU. a nuestro pueblo se ha producido, coyunturalmente, un proceso de emigración de ciudadanos, fundamentalmente, por razones económicas”, sostuvo Maduro en una transmisión grabada.

Desde el occidente de Venezuela, Juan Berríos, director de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), informó que  han documentado numerosas fallas de servicios públicos. Los racionamientos eléctricos son imprevistos y reiterados. 

Con el agua se presenta una situación similar, explica Berríos. Comenzaron el año con provisión cada 15 días, pero a partir del mes de junio los periodos de espera se hicieron más prolongados; hasta el punto que en algunos sectores solo llega el servicio cada dos meses, y para abastecerse hay que comprar a camiones cisterna a precios dolarizados. 

En relación con el acceso a la salud, el director del Codhez denuncia que los grupos más vulnerables durante la pandemia han sido los pacientes con insuficiencia renal, que dejaron de recibir sus tratamientos en los hospitales principales por falta de personal médico, insumos, medicamentos, alimentos  y complementos vitamínicos que les suministraban. Esto se suma a la falta de transporte para llegar a los centros hospitalarios. 

La compra de alimentos en Venezuela representa un desafío, de acuerdo con un monitoreo de la canasta básica realizado mensualmente  por personal de este centro de derechos humanos.  En la primera quincena de septiembre, 21 alimentos básicos alcanzaron precios superiores  a  15 millones de bolívares, cifras absurdas si se tiene en cuenta que el salario mínimo mensual está fijado en solo 400.000 bolívares.  

Esta es la batalla diaria de los venezolanos en las calles. Con o sin protestas, la gran mayoría se encuentra con sus bolsillos arrasados y pensando en qué le darán de comer a sus hijos con un sueldo mínimo de menos de un dólar al mes, que solo les ancanza para comprar un kilo de harina de maíz. 

Por: Milagros Palomares @milapalomares