Muchos de los cerca de 947.106 venezolanos en estatus irregular en el país no tienen acceso a una EPS o servicios de salud especializados. La atención mínima en salud para la población migrante en el país es una tarea pendiente, a pesar de los muchos esfuerzos del Gobierno nacional. Por eso el Ministerio de salud lanzó el Observatorio Nacional de Migración y Salud, una herramienta que busca guiar a autoridades para crear medidas para que los migrantes puedan acceder a tan vital derecho.
El objetivo del observatorio, lanzado el pasado 2 de diciembre, es“ser guía tanto para autoridades locales y nacionales en la toma de decisión de en el tema de salud para migrantes”, explicó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de salud.
El observatorio obtendrá información a través de la Registraduria, el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Sistema Nacional de Encuestas “Primero se hace una trazabilidad, una integración, se generan indicadores que luego serán conocimiento, como informes, boletines o especiales”, explicó Julián sobre la dinámica de esta iniciativa. El fin único del observatorio, añadió el director, no solo es tener datos, ya que se tendrán otros documentos y actividades, como conversatorios.
Esta iniciativa del Ministerio de Salud, apoyada por el Banco Mundial y USAID, también busca en un construir alianzas con otros observatorios con objetivos afines, como el SIVIGE. Además, se unirá con instituciones educativas como la Universidad del Norte y el Universidad del Rosario.
Para Fernando Ruiz Gómez, Ministro de salud, esta iniciativa responde a la necesidad de dar un mejor uso a la información de migrantes y extranjeros. “Los retos para afrontar este fenómeno integralmente, proteger la seguridad, dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales de todos los migrantes independiente de su estado migratorio, requiere optimizar el uso y aprovechamiento de las fuentes de información disponibles”, dijo el ministro.
Según el Ministerio de Salud, desde 2017 a agosto de 2020 se han realizado más de 8 millones de atenciones en salud a más de 947 mil personas provenientes de Venezuela, aplicado más de 2 millones de dosis de vacunación y afiliado a 285.842 personas. A la fecha se ha alcanzado, dice el Ministerio, la cobertura del 40% de la población regularizada en el país.
A pesar de estos esfuerzos, Julián Fernández Niño reconoce que el Observatorio no resolverá los problemas de salud de los migrantes y que el subregistro en la población venezolana seguirá siendo un problema, en especial fuera de las grandes ciudades. “El observatorio puede poner en evidencia la necesidad de información, de calidad y de cobertura de datos. Los datos epidemiológicos tiene demasiadas limitaciones. Es un desafío muy grande, pero se puede contribuir a reducir esas brechas”, comentó el director.
Por último, el observatorio no solo incluirá información sobre la migración venezolana, sino de otras nacionalidades, además de la población colombiana en el exterior. El primer gran trabajo será un informe en conjunto con el DANE, que se presentará en los próximos meses.
«Para construir conocimiento, es necesario realizar análisis a partir de todos esos datos. Para poder cambias las desigualdades, es necesario medirlas primero. Por supuesto no es suficiente, y no es el objetivo, pero la idea es que se apoye a la toma de decisiones de autoridades locales y nacionales»
Julián Fernández Niño, director de epidemiología y demografía del Ministerio de salud.
Salud: un derecho lejano
Previamente, María Andrea Godoy, viceministra de salud, explicó en un conversatorio organizado por el Banco Mundial, y en apoyo con el Proyecto Migración Venezuela, que solo el 60 por ciento de migrantes con Permiso Especial de Permanencia (PEP) están afiliados a una EPS.
“La afiliación de la población venezolana al sistema de seguridad social en salud es uno de los grandes retos. Por eso hemos creado una serie de campañas para poder afiliar a aquellas personas que tienen vocación de permanencia”, comentó la viceministra.
Lo anterior se refleja en las instituciones de salud del país. Jorge Enrique Fossi, coordinador del Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) del Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, Norte de Santander, explica que quien es venezolano con PEP -o cualquier otro tipo de documento que certifique la regularidad de una persona en territorio nacional- y no está afiliado al sistema de salud, puede hacer los trámites para afiliarse lo más pronto posible, en “un proceso que demora poco tiempo”.
Sin embargo, la situación no es tan sencilla sin un estatus migratorio claro. Fossi explica que, en caso de no tener PEP o algún tipo de regularización, se entraría a la clasificación Triage, un sistema en el que “todos son atendidos, lo único que varía son los tiempos de espera”. Con una población mayoritaria migrante que no cuenta con regularización, muchos dependen del Triage en la atención en urgencias en los hospitales.
En Norte de Santander, en caso de que una institución no pueda dar la atención especializada, el paciente es remitido al Instituto Departamental de Salud (IDS). Así lo explicó la doctora Marcela del Pilar Gallo Veloza, defensora del usuario del Hospital Erasmo Meoz. Durante este proceso, el migrante irregular tiene dos opciones: la regularización o el uso de una tutela.
El doctor Ernesto Sánchez, profesional especializado del área de prestación de servicios del Instituto Departamental de Salud, explicó que es común que los migrantes realicen tutelas para poder tener los servicios y tratamientos en enfermedades de alto costo. “Muchos realizan la tutela y esperan que el juez vaya a favor de ellos”, dijo Sánchez, quien comentó que muchos migrantes pendulares, van y vienen en busca de atención en Cúcuta. En la capital Norte Santandereana, el Hospital Eduardo es el principal centro de atención a migrantes en enfermedades como VIH-SIDA y Cáncer.
Según datos del Ministerio de Salud, de las 693.604 personas con PEP, 407.407 no se encuentran afiliados a ningún tipo de entidad de salud. Esto deja solo 285.842 venezolanos afiliados a una EPS, es decir, el 40 por ciento. De la cifra anterior, 148.424 están en el régimen contributivo y 137.418 en el subsidiado.
Por: Daniel José Galvis @danielgalvisj
