Hasta sectores cercanos a los republicanos, empresarios y militantes del partido han señalado su preocupación por estas disposiciones.

Por Hernán Lugo-Galicia – Periodista Te lo Cuento News

Al entrar a la oficina del vendedor de casas, Ernesto Maldonado se encomendó a Dios. Por meses, ahorró parte de sus ingresos y quería comprar su casa para así dejar de pagar renta y tener una propiedad.  El temor a un “no” lo suscitó el decreto, dictado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que prohíbe la venta de inmuebles a cinco nacionalidades, por razones estratégicas y políticas. 

Maldonado es de Venezuela, país que junto a Cuba, China y Nicaragua, está en la lista negra de Estados Unidos, por sus gobernantes, considerados contrarios a la democracia y peligrosos para la estabilidad norteamericana. “¿Y si no me aprueban el crédito o me dicen que no puedo comprar, qué hacemos?”, le preguntó a su esposa. 

“Los decretos han generado un caos”, señala Thomas Kennedy, miembro de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, (FLIC), que reúne a 53 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en todo Estados Unidos y que han procedido a demandar ante Corte Suprema la nulidad de este y otros decretos, por considerar que vulneran los derechos a la propiedad, a la asociación y han obligado a familias a emigrar a otros estados, lo que se ha expresado en la pérdida de mano de obra y zozobra entre los ciudadanos de las naciones mencionadas. 

Kennedy atribuye la incertidumbre a la discrecionalidad con que puede aplicarse los decretos. “Todo tiene un fin electoral: trata de captar el voto americano que rechaza la inmigración en sus planes por ser candidato del Partido Republicano. Sin embargo, dentro de su organización y de los representantes legislativos del estado hay quienes se oponen a estas normas porque, lejos de beneficiar a Florida, son controversiales y perjudican a empresas que pierden mano de obra y pueden cerrar debido al temor que les causa pagar con cárcel o multa el tener a trabajador sin documentos. El problema mayor se observa en el campo agrícola y en el transporte que, si bien tienen licencias para conducir en otros estados, aquí no, debido a su estatus”, dijo el inmigrante, de origen sureño. 

En el caso de la prohibición de ventas a cinco nacionalidades, Kennedy considera injusto que le niega el derecho a tener casa propia a personas que, en China y Cuba, son obligados a pertenecer a los partidos comunistas, y que han huido a EEUU para tener libertad.  “En lugar de ayudarlos, se les castiga por cuestiones que pasaron en sus países, bajo amenazas, como integrar el partido comunista chino, por ejemplo”, cuestionó. 

Las vendedoras de finca raíz Cirenny Caldera y Emi Bastidas adjudican la confusión a la falta de información sobre el decreto. En el texto, se advierte que no pueden comprar inmuebles representantes de los gobiernos, partidos o grupos de los países mencionados; que no sean residentes. Los mencionados no pueden adquirir casas en predios cercanos a instalaciones militares o estratégicas para la seguridad nacional o aledaños a plantas eléctricas y suministros de agua. En caso de comprobarse que el comprador mintió sobre su relación con los gobiernos dictatoriales, los bienes pueden embargarse. 

“Como realtor (comerciante de finca raíz) tenemos los lineamientos de la empresa de referir los casos de venezolanos u otras nacionalidades a un abogado para que le explique cómo se aplica la ley. Si se aclara, y no hay prohibiciones, el comprador tiene que firmar un documento, en el cual, se deja señalado que, si posteriormente, se descubre un problema, va a perder la casa. Por lo general, buscamos propiedades que no estén cerca de entes gubernamentales, bases militares o de seguridad nacional”, explicó Caldera. 

Bastidas informó que todos los realtor de la firma recibieron copia del decreto para así saber cuál es el alcance de los decretos. 

Ernesto Maldonado respiró porque él no tuvo, ni tiene conexiones con el gobierno de Nicolás Maduro; no militó en partidos oficialistas y es residente. Su plan es tener una casa lejos de sitios militares o estratégicos, por lo que la realtor procedió con el trámite.   

¿Nulidad de los decretos?

A pesar de las consecuencias económicas de los decretos, Kennedy duda que haya voluntad política en Tallahassee, la capital de Florida, y en el seno del Partido Republicano para modificar los decretos o aclarar cómo será su aplicación porque todos están en campaña presidencial y se mantiene la tensión con los regímenes de izquierda, tanto en Europa y América Latina.  “Hasta sectores cercanos a los republicanos, empresarios y militantes del partido han señalado su preocupación por estos decretos”, dijo.   

Organizaciones legales que demandan la nulidad de decretos de Ron Desantis: Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union, ACLU de la Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados.

Objetivos: Que se emita una orden judicial preliminar que bloquee la Sección 10 de ley antiinmigrante de Florida, Proyecto de Ley del Senado 1718 (SB1718).

¿Qué cuestionan?: Alegan que el Proyecto de Ley 1718 del Senado criminaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado como indocumentados al país, y no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal desde entonces. 

Acusados: El gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida.

Críticas a la ley:

• “Casi un millón de floridanos son familias de inmigrantes, cuyos miembros tienen diferentes estatus, los padres, cónyuges e hijos indocumentados, comparten el mismo hogar con ciudadanos estadounidenses y “residentes permanentes legales”. La draconiana ley antiinmigrante de Florida, SB 1718, pone en riesgo a comunidades enteras: A.J. Hernandez Anderson, abogado supervisor sénior con el Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center.

• “La SB 1718 ha cambiado injustamente el panorama de lo que significa vivir como inmigrante en Florida, alejándose de la capacidad de crear condiciones más seguras para nuestras comunidades y ha obligado a muchos a huir. Criminalizan a sus amigos y familiares por llevar a familiares a citas de inmigración o visitar a familiares en Florida. Esta ley es cruel, tiene la intención de avivar el miedo y consta de una excesiva aplicación y debe prohibirse de inmediato”: Amien Kacou, abogado para ACLU de la Florida.

• “La Constitución no podría ser más clara: la única autoridad para elaborar e implementar leyes de inmigración pertenece al gobierno federal, no a los estados. Pone en riesgo de discriminación racial e intrusión del gobierno en nuestras vidas”: Evelyn Wiese, abogada litigante con Americans for Immigrant Justice.

• “La ley antiinmigrante de Florida solo sirve para sembrar miedo en nuestras comunidades de inmigrantes y castigar injustamente a las personas, simplemente por viajar con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo inmigrantes. Nuestra petición al tribunal es clara: intervenga donde falló la legislatura de Florida: proteja los derechos de todos los floridanos y garantice que las leyes del estado permanezcan alineadas con los principios de la Constitución”: Emma Winger, abogada sénior de American Immigration Council.

• “El único propósito de esta ley es la crueldad. Amenaza a los floridanos con tiempo en la cárcel por hacer las cosas más comunes, como visitar a la familia, ir al trabajo y llevar a los niños a los partidos de fútbol. Es cruel, y también es evidentemente ilegal”: Spencer Amdur, abogado sénior de ACLU Immigrants’ Rights Project..

• “El propósito declarado de esta ley es infundir miedo en algunos de los grupos más vulnerables de nuestro país. Este intento de restringir la libre circulación de personas es el tipo de opresión que esperaríamos de regímenes autoritarios”: Nezahualcoyotl Xiuhtecutli, PhD, coordinador general, Farmworker Association of Florida, Inc.