El frío no es impedimento para que los migrantes venezolanos se radiquen en Pamplona. Dos mil de ellos se han instalado en esa ciudad de Norte de Santander, que cuenta con 60 mil habitantes.
Jorge Luis Domínguez Pérez es uno de ellos. Llegó con su familia en 2018, huyendo del asedio del gobierno chavista. Según él, por ser un líder político y pertenecer a uno de los partidos más populares de Venezuela: Acción Democrática.
Es ingeniero agrónomo, topógrafo y líder por naturaleza. Desde temprana edad, estuvo ligado a las actividades comunitarias de su natal estado Lara, trabajó con disciplina y ocupó cargos importantes en organizaciones agrícolas. Fue diputado suplente e incluso parlamentario. En 1996 llegó a ser viceministro encargado de Agricultura.
Luego, cuando llegó al poder Hugo Chávez, las cosas le empezaron a cambiar y arrancó una persecución en su contra. El gobierno le expropió dos fincas, una en el estado Trujillo y otra en el Mérida, en Los Andes venezolanos. También le fue arrebatada una casa en Quíbor, estado Lara.
«El gobierno nos agarró el número, como decimos coloquialmente allá. Llevamos el liderazgo desde nuestro partido y nada que tenga que ver con democracia le gusta a ese gobierno»
Jorge Domínguez, solicitante de refugio
Durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en 2014 y 2017, Domínguez se mantuvo activo frente a la dirigencia política de Acción Democrática en Barquisimeto, la capital de Lara. Eso le valió ir a la cárcel un par de veces. La primera, por hechos ocurridos en frente de la Comisión Nacional Electoral (CNE). “Fuimos agredidos por la Guardia Nacional cuando llegamos a reclamar porque nos estaban robando las elecciones”, relata.
Otra vez fue encarcelado en medio de golpes y empujones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por defender a unos jóvenes protestantes. “Siempre me han puesto el ojo, me amenazaron y por eso huí a Colombia”, dice.
Pamplona lo recibió a él y a su familia el 3 de enero de 2018 con pocas cosas encima más allá de las expectativas por una nueva vida. Esas, precisamente, le hicieron seguir el viaje a Bogotá -esta vez solo- para hacer los trámites de refugio. Hoy espera que el Gobierno del presidente Duque le otorgue su condición de refugiado político, a la que solo le falta el aval de Cancillería. “Ya han pasado más de dos años y aún no tengo una respuesta”, se queja.
Mientras tanto, trabaja por sus paisanos. Ha sido voluntario para diferentes campañas y es un fiel colaborador en la casa albergue de Martha Duque, uno de los centros humanitarios que presta ayuda a la población caminante venezolana en Norte de Santander.
Ansía obtener el documento que le garantizaría una cédula y poder encontrar un trabajo estable que ayude a la formación de sus hijos. Denuncia que en ese limbo legal en el que se encuentra ha confrontado problemas en el colegio donde estudia su hija menor. “El colegio le está exigiendo un documento legal en el país como una cédula de extranjería. Ella tiene su Permiso Especial de Permanencia (PEP) pero la institución no lo reconoce como un papel de identidad y no le permiten graduarse de bachiller”.
Con la aprobación de su solicitud de refugio, Domínguez podría extenderles la visa a sus hijos y a su esposa, sin embargo, le espera un gasto que le suena inalcanzable: un millón de pesos aproximadamente.
«Colombia tiene uno de los procesos de visado más caros de Latinoamérica. A eso se suma un largo proceso de solicitud de refugio que muchos no terminan de completar porque pierden la paciencia y se devuelven a su país o toman otro rumbo»
Jorge Domínguez, solicitante de refugio
Por: Rafael David Sulbarán @rafaeldsulbaran
