Desde Leticia, Amazonas, el presidente Iván Duque firmó las leyes de política migratoria y de fronteras. ¿Cuáles son los beneficios que traerán?
Por meses, el Congreso de la República y el Gobierno nacional estuvieron discutiendo dos leyes que crean los lineamientos para una política migratoria integral y fomentan el desarrollo de las zonas de frontera.
Ambas leyes permitirán que el Estado colombiano gestione de forma más articulada los fenómenos migratorios y en particular la llegada de venezolanos a territorio nacional, que de acuerdo a Migración Colombia ya suman cerca de 1,8 millones de personas.
La Ley de Política Migratoria Integral establece los mecanismos para la gestión de la migración y articula las diferentes normativas existentes para la recepción y atención de ciudadanos extranjeros en territorio nacional. Allí, de manera expresa en una Ley de la República, queda consignada la posibilidad de que el Estado adelante mecanismos especiales de regularización migratoria para poblaciones específicas, como lo que ocurre con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que expidió el Gobierno a inicios de año.
Sin que esta Ley represente cambios significativos para lo que ha venido ocurriendo en la atención de los venezolanos que han llegado a Colombia, una noticia que sí es determinante es que se establece que el Ministerio de Educación deberá actualizar la normatividad vigente para la convalidación de títulos profesionales, que se ha convertido en una de las principales talanqueras para la integración laboral de esta población.
Adicionalmente, la Ley también pone de presente que la homologación de estudios superiores cursados en el extranjero podrá ser potestad de las instituciones educativas. “Las Instituciones de Educación Superior del país podrán homologar, reconocer créditos, saberes o competencias, adquiridas por los estudiantes de una institución de educación superior extranjera cuyo título no fue objeto de convalidación para culminar sus estudios en Colombia, o aquellos títulos denominados universitarios no oficiales o propios los cuales fueron otorgados con posterioridad a la vigencia de la Ley 1753 de 2015″, establece la Ley.
Pero si esta Ley no presenta novedades considerables, la que sí lo hace es la 2135 que también firmó el presidente Duque este miércoles en el Amazonas. Al reconocer la vulnerabilidad en que se encuentran las regiones fronterizas de Colombia y los retos que traen los flujos migratorios, esta Ley crea un régimen especial para los territorios de frontera que reciben a buena parte de los ciudadanos extranjeros y que son las primeras en enfrentar el choque cuando se presentan crisis migratorias como la venezolana.
“Con la aplicación de esta ley, se pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de frontera; fomentar la equidad con relación al resto del país; promover la integración con las zonas fronterizas de los países vecinos y garantizar el ejercicio efectivo de la Soberanía Nacional”, establece el objeto de la norma.
Con la llegada de los venezolanos a Colombia, los territorios limítrofes con Venezuela han sido los primeros impactados por el crecimiento en el nivel de desempleo y de pobreza. Por eso, la Ley permitirá algunas medidas particulares para combatir estas circunstancias como el establecimiento de regímenes tributarios especiales o de intercambio comercial.
“Se busca la adopción oportuna de medidas diferenciales para salvaguardar los derechos fundamentales de los habitantes de las zonas de frontera, particularmente el bienestar y calidad de vida, la viabilidad de las empresas, la generación de empleo, la conectividad con el resto del país, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad que pueda verse perjudicada por las medidas unilaterales adoptadas por un Estado limítrofe o la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor”, dice la Ley.
Entre otros, uno de los objetivos que persigue esta Ley es que al establecer regímenes especiales se pueda atraer inversión extranjera a estos territorios para que fortalezcan el sector productivo y creen miles de empleo, con lo cual se mejorarán las oportunidades y la calidad de vida tanto para las comunidades de acogida como para los migrantes que están llegando.
En el mismo sentido, la Ley establece que para los territorios fronterizos todas las entidades del Estado deberán diseñar programas articulados que permitan mejorar el bienestar de sus poblaciones y destinar recursos particulares para invertir en ellos. Esta medida será fundamental para que los gobiernos locales estén acompañados en la gestión migratoria y en la atención tanto de sus comunidades vulnerables como de los ciudadanos extranjeros.
Además, se permitirá que los departamentos limítrofes puedan hacer acuerdos con sus homólogos venezolanos para asuntos de comercio, medioambiente, servicios públicos, migración, etc. “La integración fronteriza se refiere a los procesos de relacionamiento entre los territorios fronterizos colindantes de dos o más Estados, regidos por principios de equidad, reciprocidad, y conveniencia nacional, los cuales tienen por objeto propiciar el desarrollo de dichos territorios sobre la base del aprovechamiento conjunto o complementario de sus potencialidades, recursos, características y necesidades comunes, constituyendo así un componente central del progreso, el fortalecimiento de las relaciones y el hermanamiento entre Estados”, pregona la Ley.
Estas leyes, aunque fueron aprobadas en el Congreso de la República, tuvieron el apoyo decidido del Gobierno nacional y demuestran una vez más el compromiso de la administración Duque con atender a la diáspora venezolana y a las comunidades que la han acogido. “Hoy nosotros le mostramos al mundo que no se tiene que ser un país rico para tener una política migratoria fraterna”, dijo el presidente, Iván Duque. De la respuesta de los gobiernos locales y del sector privado también dependerá que este propósito se vuelva una realidad.
Por: Juan David Naranjo Navarro @JDNaranjoN
