El caso de una adulta mayor venezolana que aguardó más de dos años para recibir refugio fue determinante en una sentencia de la Corte Constitucional.

Por Redacción MigraVenezuela

La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado al Gobierno Nacional diseñar e implementar, en un plazo de seis meses, una política pública destinada a reducir la saturación administrativa en el trámite de solicitudes de refugio.

La sentencia, basada en el caso de una adulta mayor de nacionalidad venezolana que esperó más de dos años para obtener refugio, destaca la necesidad de garantizar el derecho a buscar asilo de manera efectiva y sin discriminación.

La demandante, una ciudadana venezolana de la tercera edad, experimentó demoras injustificadas y obstáculos en el proceso de solicitud de refugio, lo que motivó la intervención de la Corte Constitucional.

La figura del refugio, que ofrece protección internacional a aquellos que abandonan su país debido a persecuciones, se ve afectada en Colombia por una demora significativa en el proceso administrativo. A cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el trámite para reconocer la condición de refugiado puede extenderse hasta cuatro años, como ilustra el caso en cuestión.

La sentencia (SU-543 de 2023) destaca la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso administrativo, la igualdad y el derecho a solicitar asilo. La Corte Constitucional criticó la inaplicación de un enfoque diferencial para resolver la solicitud de refugio y la obligación de los migrantes venezolanos de renunciar al Permiso por Protección Temporal (PPT) para optar por el refugio.

El PPT, un documento que otorga regularidad migratoria a los venezolanos en Colombia, se emite inicialmente en un plazo de hasta 90 días. Sin embargo, la sentencia destaca la necesidad de eliminar la incompatibilidad entre la figura de refugio y el PPT, permitiendo a los solicitantes optar por ambas opciones sin tener que renunciar a una de ellas.

La abogada Laura Vanegas, asesora de la Clínica Jurídica para Migrantes, señala que actualmente muchos optan por el PPT debido a sus garantías más inmediatas. La debilidad del proceso de solicitud de refugio radica en la falta de un plazo máximo de respuesta y en las limitaciones laborales impuestas mientras se espera la resolución.

Según cifras de la Cancillería, entre 2017 y 2023, las solicitudes de refugio experimentaron un crecimiento del 1,168%, alcanzando un total de más de 55 mil solicitudes. Sin embargo, solo 1.475 personas fueron reconocidas como refugiadas durante ese periodo, de las cuales el 92% son de nacionalidad venezolana.

Gracy Pelacani, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, considera que esta sentencia representa una victoria en varios aspectos. No solo presionó la resolución del caso particular, sino que también destacó una realidad compleja para las personas refugiadas en el país.

Además, otorga al Estado un plazo de seis meses para diseñar e implementar políticas que mejoren la protección a quienes lo necesitan, unificando la jurisprudencia en este ámbito.