De poco sirvió que en 2010 el Banco Mundial alertara acerca de que la mayoría de extranjeros en Colombia viniera de Venezuela. Las diversas acciones que durante los últimos cinco años impulsaron los gobiernos en el país para atender a los migrantes resultaron insuficientes. Por eso, la magnitud del fenómeno exigía medidas que se concretaron en un Conpes y luego en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Como la situación ameritaba una respuesta urgente, en noviembre de 2018 el Departamento Nacional de Planeación publicó el Conpes 3950, un documento técnico que propuso actuaciones a varios organismos gubernamentales para enfrentar la migración y estimó el presupuesto para invertir en ellas.

El ‘Conpes 3950: estrategia para la atención de la migración desde Venezuela’ le apuntó a identificar rutas de atención e integración para migrantes y a fortalecer hasta 2021 las instituciones que sirven a ese propósito. El proyecto propone 68 acciones en un periodo de tres años, que involucran a 13 organismos entre los que están los ministerios de Salud, Educación, la Cancillería, el Sena y el ICBF, entre otros.

Los diagnósticos del Conpes, dirigidos a la integración, pueden perder vigencia, pues las acciones no se desarrollan de manera simultánea. © | Miguel Galezzo

Entre noviembre de 2018 y abril de este año, había que completar 20 acciones; especialmente diagnósticos, asistencia técnica y humanitaria a los municipios receptores de migración, y formación de equipos para adelantar estrategias, en materia de salud, educación y situación laboral de migrantes. Las entidades correspondientes cumplieron en cuanto a los diagnósticos previstos.

En cambio, no completaron las acciones más complejas como asistencia técnica o formación de equipos. Por ejemplo, el Gobierno definió un grupo ad hoc liderado por Felipe Muñoz, actual gerente de frontera, que asesora al gobierno “para la producción de lineamientos y protocolos”, pero no creó la instancia propuesta por el Conpes.

David Khoudour, asesor para Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que aún está sobre la mesa la creación de un organismo con funciones más claras, aunque depende de que la Cancillería presente el proyecto de ley de migración, que adelanta desde el año pasado.

El Conpes identifica 2019 como el año para poner en marcha la mayoría de las estrategias, pero muchas no están diseñadas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación identificó la oferta disponible para acceder al sistema educativo; sin embargo, aún no está definido un plan para que los niños provenientes de Venezuela validen sus estudios.

De las 1457 páginas que componen el Plan Nacional de Desarrollo, solo en una mencionan de forma general el tema migratorio.

En cuanto a los Centros de Atención Transitorios al Migrante (CATM), entre 2018 y el primer trimestre de 2019 debían funcionar varios “en sitios de frontera, por un periodo de seis meses, a través de la adaptación de infraestructura física existente”. Por ahora solo hay en Maicao, Villa del Rosario (Norte de Santander) y Bogotá, y ninguno más en construcción. Muñoz aseguró que hay acercamientos con las alcaldías de Cali y Barranquilla para instalar otros, aunque también depende de la disponibilidad de recursos.

Como la mayoría de los diagnósticos están listos, Muñoz cuenta que las entidades tienen su foco en los retos de segunda generación: inclusión laboral, seguridad ciudadana, tecnologías para mejorar la información y mecanismos de financiación. Como implican más coordinación y recursos, el gobierno busca apoyo del sector privado y de organizaciones internacionales.

Además, Muñoz asevera que evaluaron lo que no avanza y encontraron, por ejemplo, 45 trabas para las acciones enfocadas en el estatus laboral. Van desde la homologación de títulos hasta apostillas e ingreso al sistema financiero. Por eso, en los próximos meses planean superar esos obstáculos.

Khoudour, del PNUD, dice que los retos para que el Conpes avance con rapidez surgen de la falta de recursos y las trabas burocráticas. Por ejemplo, el presupuesto para instituciones como el Sena o el Servicio Público de Empleo (UAESPE), que coordinan la integración de migrantes al mercado laboral, es uno de los más bajos. Y las reformas administrativas son complicadas, sobre todo en temas que también afectan hace mucho tiempo a los colombianos, como la convalidación de títulos.

 

Las acciones desarrolladas hasta ahora no afectan la cotidianidad de los migrantes ni apuntan a resolver el problema de fondo

La oportunidad perdida

Algunos encontraron el Conpes insuficiente y veían en el PND la oportunidad de darle fuerza de ley a las estrategias más importantes para atender la migración de forma integral. El PND establece las normas que pasan por el Congreso, y una hoja de ruta de la política del gobierno.

Pero en el texto solo dos párrafos tocan el tema sin especificar tácticas que realmente influyan en la vida de los migrantes: una sobre la necesidad de una política migratoria integral y otra sobre una política de fronteras. Con la primera, el gobierno proyecta a Colombia como “un polo de atracción para el retorno y la migración calificada”. Con la segunda espera que los flujos migratorios no tomen por sorpresa a las autoridades del país.

El Congreso aprobó el plan y el presidente Iván Duque lo sancionó, por lo que entra a regir. En la parte normativa plantea la creación de un régimen especial en materia tributaria para atraer inversión a los departamentos receptores de migrantes, como La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Esto ya está previsto en el Conpes y agregarlo al PND lo impulsaría más.

Además de ese, solo hay un punto referido explícitamente a la migración, que propone a los departamentos ejecutar “los recursos que asigne el Gobierno Nacional para la atención de la población migrante”. Implica modificar la Ley 715 de 2001, pero establece lo que pasa hasta ahora: los gobiernos departamentales se endeudan y el Gobierno Nacional responde al final por ese presupuesto.

Muñoz considera que la mayoría de las trabas que tiene el Conpes no se solucionan con incluirlas en el PND, “sino con articular entidades y superar procesos burocráticos, como en el caso de las convalidaciones de educación superior”. Sin embargo, hay riesgos dramáticos, como el de apatridia (ausencia de nacionalidad), que necesitan fuerza de ley y no están incluidos en el PND.

En todo caso, mientras la Cancillería presenta el proyecto de ley sobre migración, el Conpes sigue siendo la carta más clara del gobierno en el tema migratorio. De su cumplimiento depende que exista una coordinación institucional mínima para integrar a la población que, por lo pronto, seguirá llegando a Colombia. En junio las entidades gubernamentales evaluarán los primeros seis meses de gestión del documento. Solo entonces el país sabrá con certeza cómo va en sus compromisos con esta apremiante problemática.

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela