Si bien la crisis migratoria de personas provenientes de Venezuela se ha profundizado este año, a raíz de la pandemia, en Colombia urge atender este fenómeno desde un enfoque más integral.
No en vano, son muchos los programas y proyectos que se han ejecutado en pro de la integración de esta población, pero es necesario dar un paso más en el 2021, un año en el que se avizora el éxodo venezolano sobrepase las cifras de la crisis de Siria, y se convierta en el fenómeno de refugiados y migrantes más grande del mundo.
Por ello, Adriana Sabogal Moreno, directora del Proyecto Migración Venezuela, de Publicaciones Semana, explica los cinco ejes principales para la atención de la población migrante venezolana en Colombia.
Mayor visibilización
El fenómeno migratorio reciente ha sido masivo y se ha caracterizado por su velocidad. Es un fenómeno sin precedentes para el cual Colombia no estaba preparado. En poco tiempo, el país se convirtió en el primer receptor de migración venezolano en el mundo, lo que implica grandes retos, en particular, en términos de atención e integración de la población migrante. En 2015 Colombia tenía 31.471 ciudadanos venezolanos y ahora tiene más de 1,7 millones de migrantes venezolanos, de los cuales el 56% se encuentra en condición irregular. Lo que sí está claro es que es un fenómeno que no tiene reversa, la migración está aquí para quedarse y necesita ser visibilizada para permitir que los seres humanos que cruzaron la frontera puedan rehacer sus proyectos de vida. Dado que Colombia es un país con una Constitución Política garantiza que otorga los mismos derechos y garantías a los extranjeros que a los nacionales, se debe dar una atención igual para los extranjeros.
Inclusión en una política integral
Se recomienda incluir a la población refugiada y migrante venezolana en una política pública que sea integral, es decir, se requiere de una política pública que sea estructural y tenga una lógica o coherencia. Se debe aprovechar el trámite del proyecto de Ley de Política Migratoria Integral que cursa en el Congreso para fortalecerla.
Otro punto que es clave es el de la inclusión laboral y productiva de los migrantes para que puedan generar sus propios ingresos y así integrarse efectivamente en la nueva sociedad y realizar aportes importantes.
Atención igualitaria
No es aconsejable la acción positiva o generar programas o políticas exclusivas para la asistencia de los venezolanos. La atención a población migrante se debe dar dentro de la estructura de programas y políticas existentes de atención a la población en general, dado que lo anterior puede generar recelo en las comunidades de acogida. La atención debe ser la misma para no generar discriminación y brotes de xenofobia. Es importante siempre involucrar a las comunidades de acogida visibilizando también sus necesidades.
Articulación nación-territorio
Es importante esta sinergia entre actores nacionales y locales para la atención e integración de los migrantes venezolanos, dado que los tres niveles de gobierno tienen corresponsabilidad en atención. Deben en particular articularse para la cofinanciación de la atención y coordinar la cooperación internacional para orientarla de mejor manera hacia la población migrante. Además, dado que el fenómeno migratorio reciente ha sido masivo y ha tenido una velocidad inesperada, la respuesta en términos de atención y de política pública orientada a la población migrante ha sido muchas veces reactiva y se ha dado sobre la marcha. Por ende, es necesario pasar de una atención reactiva a una mirada más integral y estructural, por medio de una política migratoria integral.
Registro único de migrantes y regularización
La articulación Nación-Territorio también es clave para el tema de estatus migratorio. El 56% de los migrantes venezolanos tienen un estatus migratorio irregular, lo que es un obstáculo para su atención e integración en la sociedad colombiana, y en particular en la coyuntura actual de la covid-19, esto ha resultado en una de las principales barreras para su atención.
Los programas tradicionales de atención a población vulnerable (por ejemplo, Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor) tienen un diseño que no permite la atención de extranjeros (como es el caso del programa Adulto Mayor que solo aplica para connacionales). Con la falta de identificación de los venezolanos no es posible otorgar las transferencias monetarias o ayudas de estos programas por ser recursos públicos que deben tener trazabilidad. Por ende, los territorios deben trabajar de la mano con el Gobierno nacional en un Registro Único de Migrantes, que permita la plena identificación de esta población para poder caracterizarlos y así mejorar la atención que se les puede brindar y generar políticas públicas a la medida de sus necesidades.
Además de la puesta en marcha de un registro único es clave que el Gobierno nacional ponga en marcha de manera urgente una política de regularización de la población migrante, debido a que el 56% se encuentra en situación migratoria irregular, lo que limita su acceso a derechos básicos en el territorio nacional. Se debería pensar en realizar una amnistía como la realizada con el PEP III-RAMV que permitió la expedición de más de 281 mil PEP para migrantes en condición irregular.
De igual forma, es importante flexibilizar y simplificar las exigencias de ciertos requisitos para el acceso de la población migrante a bienes y servicios y revisar el diseño de algunos programas para poder incluir a los migrantes, quienes son una población muy vulnerable a choques de la economía, como lo hemos podido ver durante la pandemia.
Por: Milagros Palomares @milapalomares
